Se repitió el protocolo. Y casi con los mismos actores. El Gobierno de Aragón ha firmado esta mañana con Iberdrola (igual que hiciera con Endesa en el pasado mes de enero) un acuerdo para que ninguna familia en emergencia social en Aragón sea privada del suministro de luz o gas.
El presidente de la Comunidad, Javier Lambán, ha señalado que la prioridad de su Ejecutivo es combatir “la pobreza y la exclusión social” y están comenzando por aquellas carencias “más lacerantes”.
El pacto alcanzado establece un procedimiento idéntico al rubricado con Endesa: los servicios sociales de la Administración realizarán un informe cuando Iberdrola envíe un requerimiento de pago a una persona. Se valorará si puede ser beneficiario de la ayuda de urgencia y, si es así, se pondrá en conocimiento de la compañía. El convenio obliga a la empresa a mantener el suministro mientras se gestiona la concesión de la ayuda. La deuda, han informado, será saldada mediante el abono directo que realicen los servicios sociales de las administraciones locales a Iberdrola.
En el caso de que ya se haya cortado el suministro, se procederá, de igual modo, a una evaluación, y si el resultado es favorable se solicitará a la compañía que, “de manera inmediata”, restablezca el servicio.
Al acto han acudido Javier Lambán; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmen Sánchez, y el director de Ventas de Iberdrola, Eduardo Insunza.