El Gobierno de Aragón recorta un 80% el presupuesto para la cooperación tras el pacto entre PP y Vox

El Gobierno de Aragón, liderado por el ‘popular’ Jorge Azcón, destinará solo un 0,014 % del presupuesto de 2024 (8.546 millones de euros) a la cooperación, como consecuencia del acuerdo de gobernabilidad entre PP y VOX, según han confirmado desde la Consejería de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico. En 2023 se destinó un 0,075 % de un total de 8.250 millones de euros.

El Ejecutivo aragonés reduce así la partida presupuestaria destinada al fondo de solidaridad con países desfavorecidos de 6,2 millones de euros a 1,2 millones y lo lleva a mínimos no vistos desde el año 1999. Un recorte de 5 millones de euros afectará a personas en situación de vulnerabilidad de la comunidad y fuera de España.

Aunque sea a nivel autonómico, los recortes en la política publica y social de cooperación al desarrollo afectan a la hoja de ruta global e integral propuesta para luchar contra la pobreza y la desigualdad en todas sus dimensiones.  A nivel regional, en Aragón estos fondos llegan hasta centros educativos, casas de juventud, centros cívicos o casas de mayores, mediante proyectos de sensibilización y educación. 

“Los colegios nos piden continuar y aumentar estos talleres en los que se tratan temas como la igualdad de género, la ecología, el comercio justo o los discursos de odio, ya que son una parte fundamental de la educación del alumnado para construir una sociedad empática y consciente de la realidad”, argumenta la técnica de proyectos de educación, Vega Luengo Arcega. Al no obtener financiación, se cancelarán muchos talleres gratuitos para la ciudadanía. 

Los gastos de esta partida también se destinan a iniciativas culturales gratuitas, programas de desarrollo económico y social, redes de comercio justo, ayudas de emergencia humanitaria o la formación de cooperantes y voluntarios que colaboran en programas de desarrollo. 

Contradicción con la ley estatal 

El 9 de febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó, con el voto favorable del Partido Popular, la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global en la que se incluye el objetivo de incrementar la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) hasta el 0,7% para el año 2030, un movimiento histórico por parte de las entidades sociales para que el presupuesto a nivel nacional alcance, como mínimo, dicha cifra. El recorte del 80% en cooperación al desarrollo por parte del Gobierno de Aragón se contradice tanto con esta ley estatal, como con su propio programa electoral. 

“Financiaremos de forma estable la cooperación para el desarrollo, con el objetivo de destinar el 0,7% del presupuesto a ello”, puede leerse en el punto 260 del programa electoral del PP de Aragón para las elecciones autonómicas de 2023. En los puntos 256 y 257, exponen su “compromiso con el Pacto Aragonés por la Cooperación al Desarrollo”, firmado por el entonces responsable del área de Cooperación y Desarrollo del GP Popular de las Cortes de Aragón, Eduardo Perís Millán. De igual modo, plasman su intención de “aprobar una nueva ley de cooperación al desarrollo”.

En declaraciones a este medio, desde el Ejecutivo autonómico se ha argumentado que revisarán y retomarán el pacto y analizarán en qué punto se encuentran. También han destacado la preparación del convenio de ayuda humanitaria con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por un importe de 100.000 euros, así como el mantenimiento de otras subvenciones para promocionar la inclusión social y el voluntariado. El objetivo del Gobierno de Aragón no es abandonar la cooperación, sino “buscar otras formas de plantearla”, afirman. 

No obstante, el recorte sigue sobre la mesa. La presidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), Ceren Gergeroglu, lamenta que “con esta acción, con un borrador de ley, se ha suprimido una trayectoria de política social que el Gobierno de Aragón ha llevado a cabo desde hace más de 25 años en la comunidad ”.

Ceren Gergeroglu traslada también la preocupación de las organizaciones sociales en Aragón por los millones de personas que no van a verse protegidas gracias a esta partida y por el significado que supone esta actuación en el contexto actual, donde se ha producido un auge de los discursos de odio, sobre todo en temas de inmigración. “Desde la FAS consideramos que la cooperación es una política pública social que debe ser permanente”.

Las organizaciones de solidaridad internacional se concentraron el pasado 9 de noviembre en Zaragoza para denunciar esta deriva del Gobierno de Aragón y han pedido a todos los ciudadanos que participen en la próxima movilización, convocada para el próximo 30 de noviembre, en la que se realizará una performance sobre el ‘Entierro por la cooperación internacional’. La manifestación saldrá a las 19:00 desde la calle Alfonso hasta la plaza del Justicia.