La CHE corrige a Tejerina y reabre el trámite para rescatar la central hidroeléctrica de Lafortunada
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha corregido la dejadez del Ministerio de Medio Ambiente y ha reabierto los trámites para que la Administración recupere, por la vía de la reversión, la explotación de la central hidroeléctrica de Lafortunada, en el Pirineo de Huesca.
El departamento que dirige Isabel García Tejerina había preferido pecar por omisión y, en lugar de resolverlo en los 18 meses que tuvo, dejar caducar el expediente de reversión de la central hidroeléctrica, un salto de 40 megawatios de potencia ubicado en el río Cinqueta (Huesca) que procesa un caudal de 12.000 litros por segundo y cuya concesión venció en 2007.
De no haber mediado esa decisión, seguiría siendo explotada por la compañía eléctrica Endesa en lugar de integrarse en el patrimonio del Estado.
La noticia de la caducidad del primer expediente provocó estupor en el Pirineo. Y también temor, ante la posibilidad de que el Gobierno central pudiera actuar de la misma manera con la decena de saltos cuyas concesiones caducan en los próximos años en la zona, todas ellas propiedad de la división energética de Acciona.
Endesa tiene pendiente de resolución una petición para prolongar la explotación de la central de Lafortunada hasta 2061, como compensación por la extinción del salto de Jánovas tras quedar definitivamente descartada la pasada década la construcción del pantano que iba a anegar el tramo medio del valle del Ara.
Los procesos para la reversión de saltos en manos de empresas privadas tras vencer su plazo de concesión –entre 75 y 99 años- y para la entrega de la energía reservada fueron dos rompedoras iniciativas que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) puso en marcha en el último tramo de la presidencia de Rafael Romeo y en el de Xavier de Pedro.
Más de medio siglo sin entregar el 25 % de la producción
Los documentos de concesión establecen que el 25 % de la producción de las centrales hidroeléctricas debe ser cedida al Estado a precio de coste –más una prima del 5 % al 10 %- para que este lo destine a usos sociales. En el caso del Ebro, estos iban a consistir en acciones de desarrollo de los territorios en los que se encuentran los saltos, actuaciones de restauración ambiental, la mejora de la eficiencia y la modernización de regadíos y, por último, la cobertura de las necesidades energéticas del organismo de cuenca.
Se trataba, básicamente, de hacer que las eléctricas cumplieran su parte de los contratos de concesión y de que las arcas públicas obtuvieran unos ingresos que les corresponden. Sin embargo, el Ministerio que dirige Isabel García Tejerina no está por la labor de cambiar los usos que la Administración mantiene desde el Franquismo. En ninguno de los casos.
La ministra sigue teniendo sobre su mesa, a la que llegó en agosto de 2014, el expediente que debe fijar el precio de la energía reservada, para cuya cesión Endesa reclama un precio ocho veces superior al que estiman los técnicos de la CHE. Acciona, que explota centrales con una potencia conjunta de 700 megawatios en el Ebro, no puede discutir el precio, ya que esté está fijado en sus concesiones. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado, en ambos casos, suspender las órdenes de entrega, que afectan a 16 de los principales saltos de la cuenca: Mequinenza, Ribarroja, Mediano y El Grado, entre ellos.
Se trata, tanto en el caso de las reversiones como en el de la energía reservada, de dos procesos de consecuencias imprevisibles en el mercado energético, especialmente en una cuenca como la del Ebro, que ya produce el 4 % de la energía que consume España y en el que hay en marcha un plan para duplicar esa potencia: la CHE obtiene electricidad a menos de un céntimo de euro el kilowatio en la única central que ha sido revertida, la de El Pueyo de Jaca, muy por debajo de los precios con los que opera el sector.
Duras críticas en el territorio
La caducidad del expediente de reversión de Lafortunada, que el Ministerio de Medio Ambiente no resolvió en 18 meses y a pesar de contar con el informe favorable de la Abogacía del Estado, ha provocado también las críticas de Xavier de Pedro, expresidente de la CHE, que sostiene que al departamento de García Tejerina “no le interesa la reversión de los saltos hidroeléctricos”.
“Con esta dejadez administrativa el único beneficiado es la empresa hidroeléctrica Endesa, que seguiría recaudando en torno a cuatro millones de euros en perjuicio de todos los ciudadanos”, añadió, en una comparecencia con alcaldes y concejales de su partido, el PAR, en el Sobrarbe.
Todos ellos reclamaron la apertura de una investigación para aclarar por qué ha caducado el expediente, una situación que impedirá que “esos cuatro millones de euros de beneficios que da la central” al año puedan convertirse, entre otras cosas, en “energía a precio de coste para la gestión pública del agua”. Anunciaron movilizaciones y protestas para las que pretenden buscar el apoyo de organizaciones y entidades sociales, además de partidos políticos.
