El juez liquida el emporio de Agapito Iglesias mientras este elude su primera condena penal
El emporio del empresario Agapito Iglesias, accionista mayoritario del Real Zaragoza SAD y constructor de referencia en Aragón durante los años de la burbuja, está en liquidación. El magistrado del Juzgado Mercantil número 1 de la capital aragonesa, ha ordenado disolver y liquidar Grupo Codesport, la estructura empresarial en la que concentraba el grueso de sus negocios inmobiliarios, aunque no los vinculados al sector energético ni los de representación de deportistas.
El juez ha tomado esa decisión después de haber convocado en marzo una junta de acreedores que finalmente no llegó a celebrarse al no haber asistido a ella fiadores que sumaran la mitad de las deudas ordinarias del grupo empresarial. Este había presentado una declaración de insolvencia con un pasivo de en torno a 50 millones de euros, al que había que sumar pérdidas acumuladas por más de diez, mientras el valor de los activos no pasaba de 30, aunque finalmente solo la deuda ordinaria se acercaba a los 50.
El auto por el que el juez ordena la liquidación de Codesport y declara disuelto el grupo empresarial suspende las facultades de administración de los ejecutivos y propietarios; es decir, del propio Iglesias a través de su sociedad Grupo Diamante 2006, una empresa con 3.000 euros de capital en la que el constructor figura como administrador único, que tiene como único socio al propio grupo y en la que figura como apoderada Susana Estraña.
Constuctor de referencia
La empresa en liquidación comparte domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid) desde mediados de 2014 con Zaragoza Sport Arena XXI, la empresa a través de la que Iglesias posee el paquete mayoritario de las acciones del Real Zaragoza que, desde el verano de ese año, gestiona el segundo socio principal de la compañía deportiva, la Fundación Zaragoza 2032.
Con un capital nominal de 6 millones de euros, Grupo Codesport fue absorbiendo desde 2013 las principales empresas con las que venía trabajando el constructor: Codesport y sus filiales Internacional, Servicios Industriales, Construcción Civil, Industrial y Promoción Inmobiliaria, además de Loscodelcar, Carysuschaus y Multi Inversiones 2005.
A la junta de acreedores solo asistieron representantes de tres entidades financieras (La Caixa, Banc Sabadell y Bantierra), la aseguradora Mapfre y la empresa Menorca Debt Holdings, los cuales, junto con los fiadores que se habían sumado al convenio por escrito, sumaban una deuda de 18,8 millones cuando la ordinaria se elevaba a 47,98.
La lista de acreedores incluye a la Agencia Tributaria, el Gobierno de Aragón, el Fondo de Garantía Salarial, la Tesorería General de la Seguridad Social, las diputaciones de Zaragoza y de Huesca, Novo Banco, el BBVA, Ibercaja, el extinto Popular y su nuevo dueño el Santander, Abanca, Mare Nostrum, la Sareb, CaixaBank, Deustche Bank, y el Ayuntamiento de la capital aragonesa, además de otras 16 entidades entre las que se encuentran FCC Servicios Industriales y Energéticos o Cerámicas Tudelana.
Tenebroso horizonte penal
La decisión del juez de lo Mercantil coincide en dos novedades relevantes en el tenebroso horizonte penal del empresario.
Una, positiva para él, le llegó del Supremo, que, tras establecer que ningún implicado actuó con ánimo de lucro, ha decidido revocar la condena de cuatro años de prisión que la Audiencia de Zaragoza le impuso, junto con dos exejecutivos de la empresa pública Plaza, Carlos Esco y Ricardo García Becerril, como autores de un desfalco de 8,7 millones de euros.
Otra, inquietante, procede de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que procese a los 42 imputados por el presunto amaño del partido Levante-Real Zaragoza en mayo de 2011.
Mientras tanto, Iglesias espera la resolución de otras causas en las que está encartado, como la del presunto fraude fiscal en el finiquito del futbolista Peter Luccin; la pieza principal del caso Plaza, en la que se enfrenta a una petición de cinco años y diez meses de prisión, aunque alguna de las infracciones que le imputa Anticorrupción podrían estar prescritas, y uno de los flecos de ese asunto, por el que afronta solicitudes de condena de hasta ocho años.
