Si el dinero es un indicador riqueza, cuando menos monetaria, y el endeudamiento se presenta a menudo como otro de actividad, en este caso por su evidente relación con la financiación de inversiones, los datos de depósitos y de créditos que maneja el Banco de España ofrecen claras señales de la existencia de un incipiente gripado de la economía aragonesa.
Según esos registros del emisor español, los excedentes de renta se están reduciendo a un ritmo de diez millones diarios mientras el saldo vivo (pendiente de liquidar) de créditos y préstamos lo hace a otro de siete y medio, unas cadencias que apuntan a que el volumen de gasto de hogares y empresas supera con claridad al de sus ingresos y a que ambos ‘actores económicos’ comienzan a renunciar a la financiación bancaria para equilibrar los descuadres o para emprender nuevos negocios.
En este último aspecto tiene una influencia clave la disparatada subida de los tipos de interés hasta el 4,5% para las operaciones corrientes decretado por un BCE (Banco Central Europeo) que, carente de responsabilidades en materia macroeconómica más allá del control de la inflación, ha apostado por la receta tradicional de encarecer el dinero para un alza de precios con origen en la oferta, en lugar de en la demanda, con el resultado de una caída de la eurozona en recesión.
Aunque no es ese dato el fundamental sino otro: el del 4% en el que desde septiembre lleva fijada la remuneración de la llamada ‘facilidad de depósito’ y que marca lo que los bancos cobran del propio BCE por colocar su dinero en la ventanilla, un rendimiento sin riesgo de impagos que desincentiva la oferta de préstamos por debajo del 4% y que es la causa principal de que ya en noviembre el interés medio del crédito a empresas superara el 5%, el de consumo pasara del 7,4% y el de las hipotecas renegociadas no bajara del 4% pese a la caída del euríbor.
Los datos del crédito y de los depósitos
Los datos del Banco de España cifran en 29.431 millones de euros en volumen de endeudamiento bancario de familias y empresas en Aragón en septiembre de 2023 (último dato disponible), una cifra inferior en 2.569 a la del cierre del año anterior, lo que sitúa el ritmo de reducción en 9,4 millones diarios, 65,8 semanales.
Esos 29.431 millones de euros suponen la primera caída del registro por debajo de los 30.000 desde junio de 2005, cuando alcanzaba los 28.450 en pleno proceso de inflado de una burbuja inmobiliaria con la que el sector financiero llegaría a establecer un récord de 47.964 millones prestados en diciembre de 2008, en vísperas de una crisis habitacional y de destrucción de empleo y de unidades productivas de la que todavía quedan heridas.
Ese volumen de deuda, en cuya reducción tiene una clara incidencia el nivel prohibitivo de los precios de la vivienda, sigue duplicando el de algo menos de 14.000 con el que las sociedades y los hogares aragoneses recibieron el cambio de siglo y de moneda hace ya 24 años.
La mengua tiene una magnitud similar en el caso de los depósitos, que en esos mismos nueve meses se redujeron en 2.754 para, a un ritmo de algo más de diez diarios, quedarse en 37.835.
En este caso, no obstante, las cifras se mantienen más de 2.000 millones por encima de las del cierre de 2019 y el primer trimestre de 2020, lo que parece apuntar a que en el caso de las familias, principalmente en las de mayores niveles de renta, se mantiene parte de la bolsa de ahorro que se generó durante los confinamientos por la pandemia y en el de las empresas, parte de los ingresos y ganancias extraordinarios que, según todos los observadores, ha provocado el año y medio de alza de precios, con el efecto contrario para las economías familiares, al socaire de los precios de la energía, la guerra de Ucrania y la especulación.
De hecho, la cantidad de dinero mantenido por empresas y por hogares en depósitos y plazos solo se ha mantenido por encima de los 38.000 millones de euros entre junio de 2020 y marzo de 2023.
La morosidad denunciada alcanza niveles históricos
Hay algunos datos más que apuntan a ese incipiente gripado de la actividad económica en Aragón, entre ellos uno que señala en dirección a un aumento de la morosidad del que vienen alertando algunos agentes sociales como Cepyme y que normalmente se interpreta como un preludio de una ola de insolvencias.
Los monitorios, los procedimientos judiciales en los que los particulares se reclaman deudas impagadas, básicamente facturas no atendidas, alcanzaron en 2022 en Aragón una histórica cifra de 23.400, según los datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) que lleva camino de verse superada en 2023 tras sumar 18.077 de enero a septiembre.
Solo en dos ejercicios, en 2009 y en 2010, en la fase de mayor intensidad de la crisis que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria, la cifra de demandas monitorias presentadas en los juzgados aragoneses había superado los 22.000, lo que permite hacerse una idea de los efectos que el encarecimiento del crédito está teniendo ahora sobre las familias y sobre el tejido productivo.
La economía aragonesa se encuentra en la parte baja de la clasificación de las comunidades autónomas por la relación entre la magnitud de su PIB (Producto Interior Bruto), de 41.763 millones de euros en 2022 y con previsiones de llegar a los 42.600 en 2023, y los depósitos bancarios de sus agentes económicos, mientras que se sitúa en la zona media cuando esta se compara con el volumen de endeudamiento; y, en ambos casos, claramente por debajo de la media.
La ratio de los depósitos se queda en el 90,6%, lejos de la media estatal del 104,75% y de la que se da en comunidades como Castilla y León o Euskadi, por encima del 120%, aunque claramente por encima del 76,7% y el 84,3% con el que cierran la clasificación Murcia y Catalunya.
La del endeudamiento resulta ser del 76,8%, casi trece puntos por debajo del promedio estatal del 89,6% y alejada, de nuevo, de Baleares, Asturias y Euskadi, donde se supera el 85%, y también de Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja, las cuatro por debajo del 70%.