Sueldos, planes de igualdad, condiciones laborales: Aragón incluye cláusulas sociales en su contrato de telecomunicaciones

23.125.000 euros es el valor total del nuevo acuerdo marco de telecomunicaciones del Gobierno de Aragón. El que engloba la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones con destino a los departamentos y organismos públicos, sociedades mercantiles autonómicas, fundaciones públicas y consorcios de la comunidad.

Gracias al que se acaba de rubricar –que tiene un plazo de ejecución de cuatro años prorrogable a otros dos– 48 localidades tendrán servicio de banda ancha a más de 100 Mbps antes de finales de 2020, y otras 145 contarán con velocidades de más de 30 Mbps. En total, apuntan desde el Ejecutivo, 84.531 aragoneses se beneficiarán de manera directa de este servicio.

Sin embargo, el aspecto más novedoso es que, por primera vez, se han incluido cláusulas sociales en este acuerdo marco. Se tendrán en cuenta criterios como la calidad del equipo de trabajo basada en la retribución, planes de igualdad y conciliación, exigencia de condiciones esenciales como el cumplimiento de los pagos o la obligación de no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo durante el período del contrato.

La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, ha destacado que los objetivos del Gobierno han sido obtener ofertas más competitivas, “que redunden en beneficios contractuales, tecnológicos y económicos y que estimulen la inversión y el despliegue de infraestructuras alternativas de telecomunicaciones en nuestro territorio”.

5 millones de euros de ahorro

El contrato, que ya ha comenzado a funcionar, se ha dividido en siete lotes para cubrir el servicio de red de datos, el de telefonía fija y móvil, el acceso a internet, la red propia de radioenlaces, la red propia de fibra óptica y la técnica de telecomunicaciones.

En la presentación, han explicado que el ahorro total con respecto al importe de licitación ha sido de 5 millones de euros, un 18 % aproximadamente. Además, “se produce un doble beneficio al permitir una importante renovación tecnológica”.

Alegría ha señalado que tiene la intención de extender la modalidad aplicada en este caso a futuros acuerdos y que, para el Gobierno, “era fundamental que los más de 23 millones de euros tuviesen un efecto altamente positivo en la ciudadanía”.