“Me siento muy desesperada. No tengo vida desde que me quitaron el piso, no tengo paz desde aquel día”. Miriam B., de 53 años, víctima de violencia machista y arrollada por las consecuencias de la burbuja y del crash hipotecario, podrá seguir ocupando el piso del barrio zaragozano de Torrero que comparte con una hija de 22 años y su nieto de unos meses hasta mayo de 2020: la Audiencia Provincial de Zaragoza ha tumbado los intentos de Ibercaja para desahuciarla y ha ratificado la suspensión del desalojo que poco antes había emitido un juez de Primera Instancia por la presencia de un menor en el hogar.
“No tengo dónde trabajar, recibo una ayuda que está a punto de agotarse y arrastro una deuda enorme. No puedo empezar de nuevo”, lamenta, mientras sostiene que “los del banco solo piensan en ellos. Esto ha destruido mi familia”.
El origen de sus problemas se encuentra en la peculiar hipoteca que el banco les concedió a ella, a su exmarido y a uno de sus cuatro hijos en 2006, en plena burbuja, para comprar un piso de protección oficial de 55 metros cuadrados, gravado con una hipoteca previa de 30.000 euros y con más de medio siglo de antigüedad (era de 1963) en el barrio de Torrero.
Ese crédito acabó ejecutado a pesar de que la antigua caja de ahorros ha admitido que había sido parcialmente titulizado; es decir, que Ibercaja se lo había endosado, aunque no al completo, a otra entidad financiera.
Hipoteca de 231.000 euros para un piso de 162.000
La venta fue escriturada a finales de agosto de 2006 por 162.270 euros, gastos de tramitación al margen, mientras que el préstamo ascendía a 231.000, una diferencia de más de 68.000 euros que rebasa en más de un 40% el precio de la transacción.
Seis años después, en 2012, Ibercaja decidió ejecutar la hipoteca ante los impagos de las cuotas por parte de la familia, operación que recibió el aval del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza al desestimar la demanda por cláusulas abusivas que interpusieron mediante un abogado del turno de oficio. Ese tipo de medidas se tomaban en autos no recurribles ante ninguna otra instancia judicial.
Ibercaja denegó más tarde la posibilidad de un acuerdo de dación en pago que saldara la deuda y dejara libres de cargas a los hipotecados, que para entonces ya estaban separados. El juzgado de Violencia contra la Mujer había condenado al esposo, M. E. H. N., después de que una noche de primeros de 2014, en una discusión, le golpeara en la frente con el mando a distancia antes de empujarla contra la pared y agarrarla por el cuello, lo que le provocó lesiones que la tuvieron tres días impedida. También prohibió acercarse a ella durante nueve meses.
En esa situación, el banco instó la subasta de la vivienda, que acabó adjudicada a una de sus sociedades filiales por un valor de 139.000 euros, casi 100.000 por debajo de la cuantía de la hipoteca y algo más de 23.000 (un 15 %) menos que el precio de venta de una década antes. Sin embargo, Miriam no sabe todavía qué deuda le siguen reclamando: “Me han dicho que hasta que no abandone el piso no me pueden calcular los intereses y todo eso”.