Los tribunales condenan siete veces a Fomento por pagar de menos a las constructoras en la autovía Huesca-Lleida

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Fomento, hoy de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a indemnizar con casi tres millones de euros a la empresa que construyó el tramo de la autovía A-22 (Huesca-Lleida) que discurre entre Ponzano y El Pueyo, en la comarca del Somontano, por haberle pagado de menos por esos trabajos.

Esta es la cuarta condena de consideración que recae sobre el ministerio por sisar a las constructoras en la liquidación de contratas de esa autovía, algo que ya le había ocurrido antes con las obras de las variantes de Barbastro y de Binéfar, en Huesca, y de Almacelles, en Lleida.

La última de esas sentencias obliga al Gobierno central a indemnizar a la empresa Cyopsa-Sisocia con algo más de cuatro millones de euros: 2.963.819 de principal a los que se añaden al menos 860.000 en intereses de demora ya devengados desde el 1 de enero de 2013, y que seguirán corriendo hasta la fecha en la que sean liquidados, y otros 236.157 “en concepto de intereses ya devengados”.

Fomento había aceptado inicialmente indemnizar a la compañía con 568.764 euros tras admitir que había omitido algunas revisiones de precios y que la certificación de algunos trabajos había sufrido retrasos, a lo que se suma una “compensación financiera”. 

Sin embargo, la empresa constructora recurrió esa decisión de la Secretaría de Estado de Infraestructuras para reclamar el pago de 4,8 millones, cantidad que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha reducido a los 2,9 finales, correspondientes a una serie de sobrecostes cuyo pago consideraba improcedente el Gobierno central.

Se trata, básicamente, de los provocados por la necesidad de evitar daños en el gasoducto de Enagás que discurre por esa zona, algo que fue solicitado por esta empresa pública. Por el contrario, el tribunal descarta que el Estado deba asumir otros vinculados con una serie de transportes de material de las obras que no estaban inicialmente previstos en el contrato y de los de seguridad relacionados con esos trabajos extra, por los que la constructora reclamaba el pago de casi otros dos millones de euros.

“No puede considerarse que la reclamación por estos conceptos esté excluida del principio de riesgo y ventura, pues no se trata de un riesgo imprevisible, y tampoco se aprecia un enriquecimiento injusto de la Administración correlativo al sobrecoste al que ha tenido que hacer frente” Cyopsa-Sisocia, señala el tribunal.

Tres variantes y tres obras menores

Esta condena le llega a la Administración central después de otras tres de corte similar, aunque de menor cuantía, por tres de las variantes de esa misma autovía A-22.

Hace ya seis años, Fomento tuvo que pagar e 911.948 euros a la UTE formada por Sorigué y por Construcciones y Desmontes Marco, en este caso por retrasos de hasta seis meses en los pagos de las certificaciones de las obras.

Dos años después, en 2017, el ministerio era condenado a indemnizar con 218.611 euros, 172.807 por “pago tardío de revisiones de precios” y 45.803 por el retraso el liquidar la certificación final  de la variante de Barbastro a la constructora Sacyr.

Y hace solo unos meses, la Audiencia Nacional Condenaba de nuevo al Gobierno central a pagar un sobreprecio, ahora de 805.224 euros, a una UTE formada por Cyopsa y por Obras Públicas y Regadíos, a la que no había pagado parte de los trabajos de la variante de Binéfar y a la que había liquidado otros con retraso.

Esa indemnización, más de cuatro millones inferior a la que reclamaban las constructoras, se suma a otras menores como dos de 85.174 y de 153.139 euros a MLN y OHL y una más de de 272.279 a FCC por otras irregularidades en la liquidación de trabajos de esa misma autovía.