A 24 horas de que finalice el plazo para presentarse al concurso de construcción del nuevo estadio de la Romareda, el Real Zaragoza ha anunciado su intención de retirarse del proyecto. La decisión del club, que había contratado los servicios de un prestigioso arquitecto y había presentado ya un anteproyecto, deja en suspenso la construcción de un edificio arquitectónico emblemático sobre el que el Partido Popular centró gran parte de su acción de gobierno y de su campaña electoral el pasado mes de mayo. El gran proyecto de Jorge Azcón y Natalia Chueca, apelando a los sentimientos favorables de la amplia masa social del zaragocismo, sirvió de arma arrojadiza política tras un proceso exprés abierto en el consistorio que acabó con la redacción de unos pliegos muy favorables para que los nuevos propietarios concurrieran a la construcción del estadio.
Pero ahora, el Real Zaragoza da un paso atrás. Lo ha hecho en un comunicado en el que hace referencia a la “inseguridad jurídica creada por el recurso presentado por el Grupo Municipal de Podemos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) y la anulación del pliego de condiciones decidida por dicho órgano”, asegurando que esto ha creado un “obstáculo que ha resultado finalmente insalvable para la obtención de la financiación externa”. La mención a Podemos en el comunicado no es casual, y ya ha sido utilizada tanto por los responsables del Ayuntamiento de Zaragoza como del Gobierno de Aragón para responsabilizar a la izquierda de la decisión de los nuevos propietarios del club.
Se dan dos paradojas: el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón aceptó el recurso del consistorio contra las alegaciones de Podemos y avaló que continuara el proyecto de construcción por su supuesto interés general y, además, la inseguridad jurídica a la que se acoge el Real Zaragoza para retirarse de la construcción es precisamente la garantía jurídica de que todo el proceso se debe hacer salvaguardando todos los intereses de la ciudadanía. Esto es, básicamente, porque el club salía bien beneficiado de la construcción del estadio en suelo público, ya que se le cedía a cambio la explotación de todos los recursos comerciales a 75 años. El importe aproximado del estadio diseñado por el arquitecto César Azcárate rondaba los 150 millones de euros, una cantidad nada desdeñable, pero al alcance de los nuevos propietarios del Real Zaragoza, que además tienen activos tan atractivos en estos momentos como el Inter de Miami.
Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, también ha culpado a Podemos y a las alegaciones que presentó ante el TACPA, destacando que hay un problema respecto a la financiación del proyecto por la “inseguridad financiera y jurídica”. Además de lanzar la pulla a Podemos (que actualmente ni siquiera tiene representación en el ayuntamiento) no ha renunciado a la construcción del estadio, y ha abierto la puerta a hacerlo en otros emplazamientos de la ciudad. A nadie se le escapa que otras ubicaciones siguen sobre la mesa, a pesar de que tanto los expertos como las suspicacias políticas de posibles recalificaciones muy jugosas las desaconsejaban. Entre las opciones que vuelven a coger fuerza está la zona este de la ciudad, en el barrio de San José y la huerta de Miraflores y en la zona sur de la ciudad, entre Valdespartera y Arcosur. Menos posibilidades tiene, aunque tampoco está descartada, la zona norte, a la altura de los campos de fútbol de la Federación Española y el párquin norte de la Expo. Comienza un nuevo proceso en la historia interminable de un campo que ya ha vivido tres proyectos truncados desde el año 2001. Se da una circunstancia añadida: el proyecto actual que ha auspiciado el Partido Popular es prácticamente idéntico al que presentó CHA cuando gobernaba la ciudad con el PSOE, en 2006, y que se paralizó por un recurso judicial presentado por el PAR y apoyado por el PP. Si no se hubiera presentado ese recurso, el estadio que ahora anhela Natalia Chueca llevaría ya más de 15 años construido. Por su parte, los partidos de izquierdas han arremetido contra la gestión del PP en este proceso, por haber hecho un concurso que generaba demasiadas dudas jurídicas.
Los pliegos del concurso estaban redactados de una forma muy idónea para que el club, el único interesado en el proyecto, pudiera acometer la construcción. Pero la realidad es que ahora se echan para atrás. En el comunicado aseguran también que las negociaciones para obtener la financiación necesaria “se han visto truncadas por la incertidumbre y las dudas jurídicas suscitadas en los mercados, todavía pendientes de una sentencia que -con toda probabilidad- se dictará más allá del plazo final del concurso, el próximo 15 de septiembre”. Por ello, anuncia su intención de no presentarse al concurso. Hace tan solo diez días, el propio club anunció que se había alcanzado el tope máximo de número de abonados que se podía alcanzar (28.882) precisamente porque las necesidades de aforo duranta la construcción (que iba a hacerse simultáneamente al transcurso de la liga 2023/204) impedía tener más aficionados en el campo para hacerlo compatible con las obras.
Todo el comunicado se refiere a las alegaciones que formuló el grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza en El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón contra los pliegos de La Romareda y que este admitió, en las que cuestionaba la legalidad sobre los usos de derecho de superficie y que para la formación morada debería ser un contrato administrativo.
Chueca también ha destacado que “se ha cerrado una puerta” pero que el objetivo de Zaragoza sigue siendo ser la sede del Mundial de Fútbol de 2030: “Creo que es la oportunidad de abrir una nueva puerta para poder establecer una nueva vía de colaboración institucional, voy a pedir la colaboración de todas las instituciones. Zaragoza necesita un campo de fútbol, tenemos el anteproyecto, el compromiso del club y tenemos tiempo”.
Respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento invierta en el proyecto, Chueca ha dicho que “no estaba contemplado” y que tienen que estudiar lo que puede aportar el consistorio.
Se abre ahora una nueva etapa ante un proyecto que parece maldito y que se ha politizado desde hace 20 años. Hace tan solo cuatro días, la propia Natalia Chueca anunciaba en sus redes sociales, en una impostada euforia, que Bunbury daría un gran concierto en la Romareda el próximo 6 de julio de 2024. A muchos les surgió la pregunta de cómo se anunciaba un gran concierto en un recinto que para esas fechas ya debía ser objeto de la piqueta para construir el nuevo campo. Muchos se preguntan ahora si cuando realizó ese gran anuncio ya se sabía que, de nuevo, el proyecto de construir un nuevo y moderno estadio en la zona de la Romareda se iba a volver a quedar en un cajón.