La corrupción, la política y los intereses ciudadanos

Si la legislatura ya estaba complicada por el resultado electoral -Junts, además de independentista, es un partido conservador que no va a facilitar la tarea del Gobierno de coalición- y la utilización partidista de la amnistía por parte del PP -que la Comisión de Venecia, a la que recurrieron los populares, considera una herramienta legítima para la reconciliación social y política- el “caso Koldo” ha venido a completar el panorama. No hay forma de que se hable de los problemas de la gente, de que el Legislativo cumpla con sus funciones. Aunque a la vista de la utilización por el PP del Consejo General del Poder Judicial, no es de extrañar lo que están haciendo con las Cortes: a los populares no les interesan la instituciones ni la política, solo les interesa el poder.

El PSOE ha actuado correctamente separando a José Luis Ábalos del grupo parlamentario y, preventivamente, del partido, pero esto no es suficiente, como tampoco lo es el recordar los innumerables casos de corrupción del PP, aunque es cierto que los populares tienen un historial -empezando por Feijóo, con sus amistades poco recomendables siendo dirigente político en Galicia- que les invalida para hablar de ética política. Y no solo me refiero a los casos de enriquecimiento personal ilícito, que superan con mucho las posibles responsabilidades de Ábalos, también hay que incluir los intentos de corrupción de las instituciones. ¿O no es corromper las instituciones negarse a renovar el CGPJ o intentar controlar desde atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo? ¿Y utilizar a la policía contra sus enemigos políticos, en beneficio del partido? Y qué decir de las mentiras de Aznar sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq o sobre la autoría de los atentados del 11-M. Nos vendió mercancía falsa a precio de la buena con el fin de obtener un beneficio político.  

Pero la lucha política contra la corrupción pasa, además de por denunciar la ajena y responder rápidamente, con rigor y transparencia ante la propia, por poner todos los medios posibles para evitarla o minimizarla. La comisión parlamentaria propuesta por el PSOE, puede dar pistas en el caso de las mascarillas, pero la acción gubernamental no se puede quedar en eso. Hay que revisar los salarios de determinados puestos, las funciones que les corresponden, la forma de acceder a ellos… Hay que potenciar el control interno de los partidos, pero también el control institucional, con organismos con capacidad de detectar e intervenir ante posibles irregularidades, tanto en el ámbito privado como en el público. Todo esto además de avanzar en la transparencia, que es un excelente antídoto contra la corrupción.

La corrupción es un cáncer de la política: genera privilegios, distorsiona el funcionamiento de las instituciones y fomenta el descrédito de la política entre la ciudadanía. Pero todavía es más peligrosa si hace que los partidos políticos se enreden en el “y tú más” y conviertan al Parlamento en un circo, en la caja de resonancia de los intereses de una parte, en lugar de trabajar por mejorar las condiciones de vida de la mayoría. El Gobierno tiene que tomar la iniciativa, proponer medidas concretas contra la corrupción e intentar avanzar en el cumplimiento del programa de la coalición.

Pocas son las referencias a la corrupción en los programas electorales, pero, aunque no aparezca, debemos tener en cuenta el historial de cada partido ante la corrupción -y no solo la económica-, la forma en la que responden ante casos propios y ajenos, su coherencia. La corrupción nos perjudica a todos, se paga con el dinero público, debilita a las instituciones y las desvía de su tarea principal.

Si la legislatura ya estaba complicada por el resultado electoral -Junts, además de independentista, es un partido conservador que no va a facilitar la tarea del Gobierno de coalición- y la utilización partidista de la amnistía por parte del PP -que la Comisión de Venecia, a la que recurrieron los populares, considera una herramienta legítima para la reconciliación social y política- el “caso Koldo” ha venido a completar el panorama. No hay forma de que se hable de los problemas de la gente, de que el Legislativo cumpla con sus funciones. Aunque a la vista de la utilización por el PP del Consejo General del Poder Judicial, no es de extrañar lo que están haciendo con las Cortes: a los populares no les interesan la instituciones ni la política, solo les interesa el poder.

El PSOE ha actuado correctamente separando a José Luis Ábalos del grupo parlamentario y, preventivamente, del partido, pero esto no es suficiente, como tampoco lo es el recordar los innumerables casos de corrupción del PP, aunque es cierto que los populares tienen un historial -empezando por Feijóo, con sus amistades poco recomendables siendo dirigente político en Galicia- que les invalida para hablar de ética política. Y no solo me refiero a los casos de enriquecimiento personal ilícito, que superan con mucho las posibles responsabilidades de Ábalos, también hay que incluir los intentos de corrupción de las instituciones. ¿O no es corromper las instituciones negarse a renovar el CGPJ o intentar controlar desde atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo? ¿Y utilizar a la policía contra sus enemigos políticos, en beneficio del partido? Y qué decir de las mentiras de Aznar sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq o sobre la autoría de los atentados del 11-M. Nos vendió mercancía falsa a precio de la buena con el fin de obtener un beneficio político.