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Esta semana comenzarán las obras del nuevo colegio concertado de Cuarte de Huerva. La cooperativa Anfora S. C. M., que es quien lo pondrá en marcha, abrirá una oficina en la calle Ramón y Cajal de la localidad zaragozana para informar a los padres interesados. Estará en funcionamiento para el próximo curso.
La noticia del concierto provisional, concedido por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, no gustó demasiado en un pueblo en el que llevan años reclamando la construcción de un colegio público y, en la actualidad, seis clases de 25 niños están estudiando en aulas prefabricadas.
Jesús Pérez (PAR), alcalde de Cuarte de Huerva, apunta que le “parece fatal que no se haga un colegio público”, pero que él tiene que conceder la autorización porque, de lo contrario, “estaría prevaricando”. Destaca que el Ayuntamiento es el primero que reclama el centro público y que lleva pidiendo un instituto “desde 1997”.
No está de acuerdo la candidata socialista a la alcaldía, Mercedes Pérez. Según ella, el alcalde solo defiende “su sueldo, su posición y a su partido”, pero “no a los vecinos”. Recuerda que cuando PSOE, CHA e IU presentaron una Proposición no de Ley sobre las condiciones de escolarización, y PP y PAR votaron en contra, “el primer edil no se puso del lado del pueblo”.
En este curso, 150 niños y niñas van a clase en los llamados “barracones”. El alcalde indica que estas aulas están perfectamente habilitadas, “con calefacción y aire acondicionado”. Cuántos cientos de colegios en España, dice, “estarán en peores condiciones”.
Aunque confía en que no suceda, uno de los miedos que tiene Mercedes Pérez es que no haya suficientes plazas públicas y algunos niños se vean obligados a acudir al colegio concertado de Cuarte de Huerva.
Comparte su intranquilidad Mayte Pérez, portavoz socialista de Educación, quien recuerda a la consejera que tiene “obligación legal de garantizar la escolarización en una plaza pública”. La portavoz cree que la Administración no debe olvidar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que obliga a escolarizar en un centro público de Jaca a un alumno que la DGA había derivado a un concertado profesional.
En un principio se informó de que la empresa promotora era Alfedel, que es una de las 124 sociedades implicadas en la trama Púnica. Sin embargo, Mayte Pérez señala que la consejera de Educación, Dolores Serrat, le aseguró que no era esta la promotora, sino Ánfora S. C. M. Ambas compañías comparten sede social.
Para la portavoz socialista, “es probable que al saltar el escándalo de la relación con la Púnica estén tratando de que Alfedel no aparezca”. Episodios similares se han vivido en otras ciudades como Cartagena.
El asunto se enreda aún más si se consulta la documentación del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (a la que ha tenido acceso eldiarioaragon), en la que se indica que quien solicita la licencia urbanística es Ferrán Calzada Montolio, en representación de Ingennus Urban Consulting, S. L. P. para la construcción de un “Centro Privado de Educación, promovido por Ánfora Sociedad Cooperativa Aragonesa”.
Aunque en la documentación no aparezca Alfedel, Mayte Pérez cree que es la que mantuvo lo primeros contactos con la Administración y que la forma de proceder es el “modus operandi habitual de esta empresa”.