¿Qué se esconde detrás de la libertad de elección de centro educativo?

En España coexisten tres redes educativas, que se diferencian, entre otras muchas cosas, en el gasto económico que suponen para las familias que “eligen” escolarizar en ellas a sus hijos e hijas. Según la OCU, el gasto medio anual de un niño o niña escolarizado en un centro privado concertado es el doble que en un centro público. En el caso de los centros privados no concertados el gasto cuadriplica al de un colegio público.

Generalizando lo necesario para poder analizar un tema tan complejo como es la escolarización, podemos ver como estas grandes diferencias entre el gasto que supone para una familia la escolarización en una u otra red conllevan una selección o segregación del alumnado ya desde la cuna en función del nivel socioeconómico de cada familia. Dicho de otra forma, la existencia de las tres redes favorece la perpetuación de la actual estructura social clasista, ya que hay una relación evidente entre el tipo de titularidad del centro escolar y el grupo socioeconómico de su alumnado.

Para quienes pensamos que la escuela debe ser precisamente lo contrario -el lugar donde se empiece a cambiar la sociedad, garantizando la igualdad de oportunidades independientemente de nuestro origen socioeconómico-, la existencia de estas tres redes educativas es uno de los mayores, sino el principal, problema educativo en nuestro país.

Y es que cada sistema educativo lleva consigo un modelo de sociedad. Y un sistema de tres redes, cada una destinada a grupos socioeconómicos diferentes, lo que hace es consolidar una sociedad jerarquizada, desigual y basada en privilegios, dejando la igualdad de oportunidades para bonitos discursos cada vez más lejos de la realidad.

Los datos del último proceso de escolarización demuestran que una inmensa mayoría del alumnado de muchos centros concertados, no cumple con el criterio de cercanía al centro. Vivir lejos del centro educativo implica depender del transporte y del servicio del comedor, servicios cuyo coste no pueden asumir muchísimas familias. Esto se traduce en que a estos centros alejados de sus domicilios sólo acude el alumnado cuya familia puede costear dichos gastos.

Se produce así un filtro socioeconómico que ciertamente es demandado por muchas familias ya que les permite poder elegir la clase económica a la que pertenecerán los compañeros y compañeras de pupitre de sus hijos e hijas. La administración no puede, en ningún caso, favorecer que esto suceda, ni mucho menos subvencionarlo con dinero de todos.

Como sociedad debemos reflexionar sobre si es coherente que se esté subvencionando con dinero público el que familias que pueden pagar 250 € al mes por niño, puedan escolarizar a sus hijos en centros alejados de su domicilio; mientras que a las escuelas públicas de su barrio, donde acuden las familias que no pueden o no quieren pagar ese dinero, se les lleva años racaneando los recursos.

El debate no es si la calidad de la enseñanza es mejor en una u otra red,-cuestión donde la escuela pública no tiene nada que envidiar-, sino si como sociedad queremos o no seguir usando dinero público para favorecer que desde la infancia las personas sean educadas de forma segregada en función de su clase social.

Para quienes queremos que la igualdad de oportunidades empiece a ser una realidad, urge que la Administración pública invierta todos los recursos disponibles en la escuela pública, sin que ni un solo euro vaya a parar a centros privados que por su localización, coste e ideología, favorecen una educación diferenciada, una escuela clasista y segregadora.