Los conflictos entre progenitores derivados de los procesos de separación es el motivo de queja más repetido por los menores, según recoge el Informe sobre Menores de 2018 que el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha entregado esta mañana a la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba.
En los 59 expedientes incoados durante el pasado año, 51 de ellos resueltos, también se recogen problemáticas relacionadas con el sistema de protección y reforma, “afectado por los recortes detectados en los equipos de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA) y Educativo de Medio Abierto (EMA), así como la disconformidad por los recursos dispuestos para los menores con discapacidad”.
La situación generada por la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas) es uno de los asuntos que más atención suscita en el estudio de la institución. El Justicia constata el inicial “desbordamiento del sistema de protección y la posterior reacción del Gobierno de Aragón poniendo en marcha dispositivos y recursos residenciales, profesionales y económicos para dar respuesta a ese incremento”.
Dolado también ha consignado que ese compromiso gubernamental ha encontrado el “rechazo de una parte de la población, contraria a la acogida de esos menores”. Como receta, el Justicia recomienda aumentar la dotación de recursos para una atención más individualizada, proseguir con la incorporación de más mediadores interculturales y potenciar el acogimiento familiar de estos menores.
El informe se ha dotado de una visión más amplia incorporando las demandas de las administraciones locales, afectadas por la despoblación y la escasez de medios, así como de la labor de atención a menores desempeñada por los ayuntamientos que tiene la consideración de “Ciudades Amigas de la Infancia” (Unicef).