El mapa de las energías renovables se sigue expandiendo en Aragón con dudas acerca de la legalidad de este proceso. Este viernes arranca en las Cortes la comisión de investigación sobre este proceso de implantación, días después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso del Gobierno central contra la normativa de renovables aprobada al final del mandato del socialista Javier Lambán. Mientras, el ejecutivo que preside el popular Jorge Azcón trata de ponerse en primera línea con el argumento de que, con sus medidas, los beneficios repercutirán por fin en el territorio de manera directa.
Según el visor de renovables de Aragón de Ecologistas en Acción, en 2023 se autorizó la construcción de 186 aerogeneradores y 5.320 hectáreas de instalaciones solares en Aragón. A ello hay que añadir otros 1.317 aerogeneradores y 8390 hectáreas de plantas solares que ya cuentan con autorización administrativa previa o con Declaración de Impacto Ambiental positiva; así como las grandes líneas de transporte privadas que se proyectan hacia las comunidades autónomas vecinas. En suma, hay unos 3.000 aerogeneradores en funcionamiento en más de 70 parques eólicos a los que se sumarán otros 16 de la empresa Forestalia.
De los proyectos tramitados a lo largo del años 2023 se desprende que el 91,5% de las instalaciones solares han sido aprobadas -autorizadas o con tramitación ambiental favorables-, siendo menor en el caso de las instalaciones eólicas con un 63,2% aerogeneradores favorables. Se espera la misma tendencia para las 15.400 hectáreas de parques solares y los 1.003 aerogeneradores en tramitación, que probablemente se resolverán a lo largo de este año. Se adivina un nuevo récord en el horizonte, apunta la asociación ecologista, en la segunda autonomía con más instalaciones de este tipo. Solo la supera Castilla-La Mancha.
La mayoría de las instalaciones se aglutinan en el valle del Ebro, donde existen grandes concentraciones de aerogeneradores y plantas solares que se extienden sobre todo por tierras de cultivo de secano. Pero las zonas montañosas no quedan excluidas del despliegue de la industria energética. En el Sistema Ibérico, en la provincia de Teruel, también se cuentan amplias extensiones y los ecologistas critican el afán lucrativo de las empresas en un “oligopolio energético que avanza a ciegas, sin haber analizado las consecuencias que estas instalaciones traerán para el territorio, y sin haber consultado a la población de la pertinencia de estos proyectos”.
Desde Ecologistas en Acción apuestan por la difusión del visor de renovables, “para dar a conocer la realidad de lo que está por llegar, y poder tener la posibilidad de defender el territorio”. La transición energética es “necesaria y urgente”, pero “no debe generar problemas más severos que los que pretende revertir”. Ecologistas insiste en “la necesidad de frenar este avance, ir más despacio y analizando las repercusiones reales. Consumir menos y mayor adaptación a los ciclos de la naturaleza”.
La comisión de investigación que se inicia este viernes tratará de dirimir, con la presencia de hasta diez empresas de renovables, si durante el mandato de Javier Lambán se cometieron irregularidades en torno a este tipo de energía. Una sospecha que Azcón alimentó durante la campaña electoral del 28M señalando los procedimientos de megaparques de Forestalia y de acuerdo con sus socios de Vox. Los socialistas, por su parte, defienden estas acciones como lícitas y en beneficio exclusivamente de la comunidad autónoma.
Mientras tanto, el Constitucional ha suspendido de forma cautelar una veintena de artículos de la norma, entre otros los que impulsan el consumo de cercanía mediante autoconsumo o la regulación de las mancomunidades de energía. Este decreto fue aprobado durante el final de la legislatura de Javier Lambán y el Consejo de Ministros pidió la suspensión cautelar de un cuarto del articulado de la norma. “Pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y del régimen económico del mismo, especialmente, si se generalizaran sus previsiones al conjunto de las comunidades autónomas”, argumentó.
La norma fue aprobada durante el gobierno del socialista Lambán pero ha sido recurrida y suspendida cautelarmente ya con el gobierno de PP-Vox de Jorge Azcón. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada el proyecto de ley por el que se grava el impacto en el medio ambiente de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas y se modifica el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
Según el ejecutivo autonómico, los principales beneficiarios de estos impuestos serán los municipios que soportan las afecciones medioambientales. El proyecto de ley que regula los nuevos impuestos y la modificación del relativo al transporte de energía eléctrica de alta tensión ha contado con las aportaciones del Clúster de la Energía de Aragón, así como la de empresas aragonesas del sector que llevan tiempo apoyando el desarrollo territorial. La base de ambos gravámenes se basa en el impacto natural y paisajístico generado por las instalaciones fotovoltaicas y eólicas.
En los últimos meses, los ecologistas han interpuesto en el juzgado contenciosos contra los parques eólicos del clúster Santa Cruz que se proyectan en los casos del interfluvio Cinca-Alcanadre, en los términos municipales de Berbegal, Peralta de Alcofea, Castelflorite y Sariñena, en Huesca, y constan de seis parques eólicos, con una potencia total de 110 megavatios, 19 aerogeneradores y dos líneas de alta tensión de 132 kilovatios que se dirigen a dos subestaciones de Monzón.