Aragón es una de las comunidades autónomas que cuenta con una Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF) para los casos de violencia machista. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género proponía impulsar este instrumento para articular un sistema de protección más eficaz para las víctimas, recomendado en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.
Sin embargo, un año después de la firma de este pacto, todavía hay provincias que no cuentan con este servicio pese al goteo incesante de casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas (39 en 2018, según los datos del Ministerio de Sanidad a 8 de octubre).
No es el caso de Aragón, donde esta unidad, que se creó en noviembre de 2017, lleva casi un año en funcionamiento, emitiendo valoraciones que sirven de apoyo a las decisiones judiciales. Ahora, a partir de noviembre y ante el aumento de la carga de trabajo, se prevé reforzar con más efectivos. En solo dos meses (noviembre y diciembre), la UVIF valoró 92 casos de mujeres víctimas de violencia, de las cuales 56 eran de nacionalidad española y 36 nacidas en el extranjero. A fecha de 31 de marzo, este dato asciende a 161 valoraciones.
Ese año el Gobierno de Aragón creó tres nuevas plazas de médicos forenses, una por provincia; ordenó la plantilla de psicólogos y educadores sociales, e incrementó la plantilla con un trabajador social para Zaragoza, y dos psicólogos, uno para Huesca y otro para Teruel. Además, firmó un protocolo con el Servicio Aragonés de Salud para que los médicos forenses pudieran acceder al historial clínico de las víctimas y otro con la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dado que esta unidad ofrece un servicio pericial a los jueces.
Médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales y educadores trabajan conjuntamente para definir el riesgo de la mujer que denuncia maltrato. De esta forma, los jueces tienen más información para valorar la situación real en la que se encuentra la víctima y acertar con su decisión judicial, ya que, de lo contrario, las consecuencias pueden ser fatales, incluso mortales. De hecho, la mayoría de las víctimas de violencia machista no confían en la justicia, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, que señala que solo un 20, 75 % mujeres asesinadas en 2017 presentaron una denuncia previa frente al 30, 7 % de 2016.
“Que haya una mejor valoración es importante para todos, para los jueces que tienen que dictar resoluciones y para nosotros, la Administración, es que la que tiene que facilitar los medios”, explica a este diario, la directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez. “Creemos que ahí podemos cooperar, teniendo en cuenta que por desgracia en esa fase estas mujeres son ya víctimas de violencia de género”, comenta.
Por ello, el Gobierno de Aragón, un año después de ponerla en marcha, reforzará y dotará a la Unidad de Valoración Forense Integral para que las valoraciones se realicen con más agilidad. Así, desde el 1 de noviembre, se contratará un psicólogo y un trabajador social para dar cobertura todo el primer semestre de 2019. “Es necesario reforzarlo con más medios. Y, de hecho, lo vamos a hacer ya mismo, porque hay un leve retraso”, indica. Para Júlvez, esta carga de trabajo evidencia también que esta unidad era necesaria y, lo “más importante”, que se está haciendo uso de ella. “Me enorgullece a mí personalmente que me empeñé, lo peor es que crees una unidad y que no la use nadie”, destaca.
Por otro lado, está pendiente también de firmar el convenio de Colaboración con el Ministerio de Interior para que desde estas unidades se pueda acceder al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Según Júlvez, se ha realizado el trámite burocrático y se está a la espera de la aprobación por parte del Ministerio de Interior para poder firmarlo.
La formación de los funcionarios de Justicia ha sido otro de los aspectos que se ha trabajado desde principios de legislatura. Médicos forenses, así como efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional han participado en estas formaciones que se han llevado a cabo en las tres provincias aragonesas. En total, han asistido 800 de estos profesionales desde 2016.
Implicación de los ayuntamientos
Desde el departamento de Justicia se ha querido también buscar la implicación de los municipios, donde las mujeres víctimas de maltrato pueden sentirse más desamparadas ante la falta de medios o presentar más recelos a la hora de denunciar a su agresor por el miedo a qué dirán. Para ello, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a apoyar económicamente a estos ayuntamientos en la creación de oficinas de atención a la víctima a través de sus policías locales. De los veinte municipios a los que se dirigía esta acción (aquellos que cuentan con policía local), solo se han sumado seis: Ejea de los Caballeros (19.800 euros); María de Huerva (14.800 euros); Pedrola (13.800 euros) y Pinseque (13.800), además de la ciudad de Huesca, que ha recibido 40.300 euros.
Los cuerpos de policía local de estos municipios asesoran así a las víctimas sobre el procedimiento administrativo y judicial al que se enfrentan; les acompañan a las dependencias correspondientes, como al Instituto Aragonés de la Mujer, a los Servicios Sociales, al Cuerpo de Policía Nacional, a la Guardia Civil o a los Juzgados cuando es necesario. Y, además, según el protocolo, atienden a la unidad familiar, es decir a los menores y mayores que conviven con la víctima y queden desprotegidos ante un caso de violencia.
“La policía local es la primera que atiende llamada de vecinos o de la propia víctima. Con estas pequeñas ayudas y con soluciones que están más cerca de lo que pensamos, sienten que no están solas”, resalta.
Sobre la baja participación de los municipios en este programa, por ahora solo seis de veinte, Júlvez explica que la respuesta de los ayuntamientos depende también de los recursos con los que cuentan. “Hay municipios que solo tienen un agente de policía local”, concluye.