La Fundación 14 de Abril, vinculada a Izquierda Unida, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, de mantener en el callejero zaragozano nombres de calles dedicados a personajes relevantes del régimen franquista.
“Demandamos al Ayuntamiento de Zaragoza -señala Álvaro Sanz, presidente de la fundación y portavoz de IU- una vez que el equipo de Gobierno que preside Jorge Azcón nos ha comunicado su decisión de paralizar la eliminación del nomenclátor de calles dedicadas a personajes y cargos públicos franquistas y afines a la sublevación fascista contra el Gobierno de la II República”.
La acción emprendida por la fundación tiene como base jurídica el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica estatal, así como el de la Ley de Memoria Histórica de Aragón, que contempla sanciones contra las instituciones que no actúen para retirar la simbología y nomenclatura franquista del espacio público.
Sanciones a los ayuntamientos
Sanz ha recordado que el próximo agosto se pondrá en marcha el régimen sancionador de la Ley, de manera que no cambiar los nombres sería, “una irresponsabilidad de gestión y política, ya que el incumplimiento del ordenamiento jurídico aragonés puede acarrear sanciones económicas para la ciudad”.
Según reza el texto legal, las entidades locales de Aragón que, “por no haber procedido a la eliminación en sus edificios y espacios públicos de los símbolos contrarios a la memoria democrática, hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme [...] no tendrán derecho a obtener subvenciones ni ayudas públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma”.
La demanda viene acompañada, en el plano municipal, por una moción registrada por Zaragoza en Común (ZeC) para exigir el cambio de nombres. ZeC tomó la decisión en marzo de sustituir los nombres de las calles dedicadas a Allué Salvador (que pasaría de denominarse Lola de Ávila, maestra de danza), a Gonzalo Calamita (que sería Martina Bescós García, primera cardióloga española) y al Arzobispo Domenech (sustituido por Emilio Gastón, primer Justicia de Aragón en democracia).
“Sorprendentemente, el mes pasado, el equipo de Gobierno de Jorge Azcón y Sara Fernández, nos comunica que desisten del cambio y que, por ello, se mantienen en el callejero zaragozano los nombres actuales”, comenta Sanz.“En la comunicación remitida alegan falta de informes históricos”, añade, “como si no fuera conocido y estuviera documentado que Manuel Allué Salvador fue falangista y presidente de la Diputación de Zaragoza tras la sublevación militar de julio de 1936; que Gonzalo Calamita, fue el rector que dirigió la depuración franquista de la Universidad desde octubre de 1936 hasta que se jubiló en septiembre de 1941, y que el arzobispo Rigoberto Domenech fue el impulsor de la adhesión de obispos y jerarcas de la Iglesia al bando franquista”.