La Audiencia Provincial ha echado atrás el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel que había enviado al Tribunal Supremo la investigación por un conflicto urbanístico que pide sentar en el banquillo a tres exalcaldes de Teruel, un edil y un funcionario.
Uno de los primeros ediles, Manuel Blasco (PP), abandonó la anterior legislatura el cargo para tomar posesión de su acta de diputado en el Congreso, y por ello adquirió la condición de aforado que sirvió al magistrado para enviar la causa a la sala. Ahora la Audiencia ha decidido que la instrucción deberá hacerse en Teruel hasta que se determine si hay indicios de delito o no.
La Audiencia estima en su auto que el juez de instrucción de Teruel debe continuar las diligencias “para esclarecer si concurren suficientes indicios de la presunta comisión de delito o delitos por parte del denunciado aforado”, que será cuando “se procederá declarar la competencia” asegura el texto “o, en su caso, proceder al archivo si lo denunciado no es constitutivo de infracción penal”.
Un conflicto con décadas de historia
La investigación se centrará en la actuación de los exediles sobre el barrio de Pomecia, un conflicto urbanístico que comenzó hace cincuenta años con la cesión de unos terrenos para unas viviendas sociales y que varias décadas después se ha traducido en decenas de casas ilegales, sobre las que ha habido órdenes de derribo que han sido recurridas y no ejecutadas.
Durante años la propietaria de los terrenos ocupados, Isabel Gorbe, ha llevado el caso por la vía administrativa para recuperar los terrenos, al tiempo que mantenía conversaciones con el Ayuntamiento y con los representantes de la comunidad gitana que habita mayoritariamente este barrio.
Pero tras órdenes de derribo incumplidas, la propietaria optó por la vía penal y acabaron declarando en el juzgado los exalcaldes Manuel Blasco (PP), Lucía Gómez (PSOE) y Miguel Ferrer (PAR), así como el concejal de Urbanismo del PP, Jesús Fuertes, actualmente edil en el Ayuntamiento, y un funcionario municipal.
La propietaria denunció ante la Fiscalía a principios del pasado año que los ediles habían ocupado suelo para realizar obras municipales para dar servicio al barrio, y facilitado la construcción de casas ilegales, acusándoles por una dejación de sus obligaciones de tutela del orden urbanístico.
En el auto, fechado el 23 de diciembre, la Audiencia Provincial de Teruel estima los recursos de los investigados en la medida en que solicitaban la revocación del auto del Juzgado de Instrucción nº1 de Teruel que enviaba las diligencias del caso a la Sala II del Tribunal Supremo. No lo hacía en la parte en la que solicitaban el sobreseimiento de la causa y archivo de las actuaciones, decisión que deberá tomar el juzgado de Teruel.