Un socialista, el concejal Fernando Gállego, presidirá la comisión de investigación del Ayuntamiento de Huesca para aclarar la gestión de la información y si se obviaron datos en torno a las dos presuntas agresiones sexuales que tuvieron lugar durante las pasadas fiestas de San Lorenzo de la capital oscense. Se ha constituido este lunes y está formada por representantes de todos los grupos políticos del Consistorio: dos concejales del PSOE y otros dos del PP y un edil de Cambiar Huesca, Aragón Sí Puede y Ciudadanos.
Por el PSOE participan en la comisión Teresa Sas y Fernando Gállego; por el Partido Popular, Gerardo Oliván y Gemma Allué; por Aragón Sí Puede, la actual teniente de alcalde, Mary Romero; Pablo Malo representa a Cambiar Huesca y José Luis Cadena a Ciudadanos. Finalmente, no será el alcalde, Luis Felipe, quien la presida pese a que tal posibilidad aparecía contemplada en el reglamento.
El alcalde ha estado en todo momento en el centro de la polémica al asegurar que no ocultó información y que dio toda de la que disponía a la opinión pública una vez que se la facilitó la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Frente a su postura, las críticas de otros partidos referidas a la posibilidad de que sí obvió datos y que estuvo al corriente de las presuntas agresiones sexuales desde el primer momento.
El Gobierno central confirma que se tenía toda la información
A preguntas del diputado de Unidos Podemos por la provincia de Huesca, Jorge Luis, registradas el pasado 5 de septiembre, el Gobierno replicó que “a las 21:36 horas del pasado 9 de agosto se recibió en la sala del 091 de la Policía Nacional una llamada telefónica sobre la presencia de una joven en la Plaza de Navarra de Huesca que podría haber sufrido una agresión sexual. La Policía Nacional se personó a las 21:41 horas de ese mismo día en la citada plaza, donde ya se encontraban agentes de servicio de la Policía Local. La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital San Jorge, acompañada por miembros de la Policía Nacional y Local, e ingresó en el servicio de Urgencias a las 22:04 horas”.
Y aclaró que “la Comisaría Provincial de Policía informó esa misma noche a la Subdelegación del Gobierno en Huesca del inicio de una investigación de oficio para esclarecer la posible comisión de un delito contra la libertad sexual. Como consecuencia de lo anterior, la subdelegada del Gobierno (Isabel Blasco) trasladó de inmediato dicha información al alcalde del citado municipio. Cabe señalar que la Subdelegación del Gobierno dio al Ayuntamiento, en cada momento, la información de la que se disponía, sin valorar la adopción de medidas que, en todo caso, corresponderían al Ayuntamiento”.
Las reacciones entre los grupos políticos municipales y autonómicos no se hicieron esperar, así, Podemos Aragón expresó su “más profundo rechazo” por “la tremenda falta de transparencia del alcalde de Huesca. Reaccionó con ocultismo, mirando hacia otro lado y no supo estar a la altura de lo que se le exige a un alcalde o alcaldesa, que es estar al lado de las agredidas y dar la cara, dejando claro el rechazo de las instituciones ante agresiones de cualquier tipo”.
Desde Podemos Aragón ya se pidió en su momento la dimisión de la subdelegada “por mentir y ocultar información a los oscenses y por mirar hacia otro lado y permitir que se genere confusión respecto a un tema tan grave como las violencias machistas”.
El Partido Popular incorporara este documento a la comisión de investigación municipal; califican la gestión como de “permanente y deliberada desinformación” de Luis Felipe, que “durante las fiestas omitió esa información en sus balances de las fiestas y las negó después en comparecencias ante los medios de comunicación que figuran en las hemerotecas”.
Por su parte, Alto Aragón en Común analiza la “evidencia” de que el Ayuntamiento de Huesca “fue conocedor de la situación desde el mismo día 9, tanto por la presencia y actuación de la Policía Local en el transcurso de los hechos posteriores a la agresión como por la información puntual trasladada a la alcaldía por la Subdelegada del Gobierno” y que, por tanto, “el alcalde y los concejales que lo negaron públicamente deberían cesar en sus funciones y dimitir”.
Cambiar Huesca, grupo municipal ya fuera del equipo de gobierno y a instancias del que presentó Jorge Luis las preguntas, juzga que “Luis Felipe fue juez y parte en la gestión municipal de los hechos ocurridos el 9 de agosto”, y que, asimismo, sus concejales no fueron informados “correctamente” a pesar de solicitar en varias ocasiones información al respecto.