En la agenda de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza había marcado para este jueves uno de los debates más importantes del curso político municipal: las ordenanzas fiscales del próximo año. Y la reunión ha servido para evidenciar la soledad del PP al frente de la corporación. Como resultado, Vox se ha alineado con la oposición y ha frenado la subida de las basuras, que será solo del 3% frente al 13% al que aspiraban los populares. Por su parte, el PSOE ha acusado al equipo de gobierno de una gestión “desastrosa”.
Hasta cuatro expedientes se ha visto obligada a retirar del orden del día la presidenta de la Comisión, la concejal popular Marta Solans.
“No vamos a apoyar nunca nada que no nos convenza, no estamos para apoyar a nadie”, ha dejado claro la portavoz de Vox, Eva Torres, para justificar su rechazo a subir un 13% la tasa de basuras. La edil confirmaba así su postura y dejaba solo al PP. “No nos cuadran los números”, ha destacado la edil ultraderechista para reafirmar su posición.
Además, Torres ha dejado claro que no darán su visto bueno final a la subida en el recibo del agua de un 13% si no reciben el apoyo del PP en la rebaja de la plusvalía municipal. “Es un incremento muy elevado y nos tomaremos nuestro tiempo hasta el pleno para emitir nuestro voto definitivo”, ha afirmado Torres, antes de anunciar su abstención al respecto en la Comisión.
“Desastroso e incapaz”
La portavoz socialista en la Comisión, Marta Aparicio, ha lamentado que la reunión haya sido la “constatación” de que el Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, es “absolutamente desastroso e incapaz” pero también “inestable que está, más que nunca, en manos de la ultraderecha”. Aparicio ha criticado que el PP haya venido “sin hacer los deberes” sobre las ordenanzas, uno de los dos debates más importantes de la ciudad -junto al de presupuestos- y que marca la política fiscal en la ciudad. Ha acudido, ha criticado Aparicio, “sin negociar previamente con ningún grupo municipal”.
Ante esta situación, Aparicio ha considerado que el debate de esta sesión “probablemente supondrá un antes y un después de lo que ocurra en este Ayuntamiento a partir de ahora”. Se ha preguntado “qué va a pasar a partir de hoy con el debate de los presupuestos”. Esta situación, a juicio de Aparicio, es de una “gravedad suprema” y lo “único” que demuestra es una “inestabilidad” del Gobierno de la ciudad, pero “también en el de Aragón”.
Datos enfrentados
La portavoz de Vox ha justificado su rechazo a la subida en la recogida de residuos por las cifras ofrecidas por el equipo de gobierno. “Se no dijo que el déficit para 2024 era de 2,4 millones de euros y se ha incrementado la recaudación en 1,8 millones”, ha explicado Eva Torres, pero frente a esa resta -cerca de 600.000 euros- el Gobierno ha planteado una cifra “de más de 2,5 millones”.
Por su parte, ZEC ha sacado pecho de que gracias a su grupo se ha logrado frenar la subida en la tasa de basuras. “Se trata de una tasa que se aplica por igual a todos los vecinos y en estos impuestos es en los que ZEC ha querido incidir, incorporando criterios de progresividad fiscal, renta y cuestiones medioambientales”, ha detallado la portavoz del grupo, Elena Tomás.
Del resto de impuestos y tasas, en el caso de las de saneamiento y abastecimiento de agua, ha salido adelante la actualización del 13,40%, que se enmarca en la obligación de equilibrar los ingresos y gastos asociados a estos servicios públicos y también en el compromiso del Gobierno municipal con la mejora de la red de abastecimiento de agua.
La actualización permitirá sanear la práctica totalidad del déficit vinculado a estos servicios y también seguir financiando las inversiones en infraestructuras que en los últimos años está acometiendo el Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar la calidad del agua.
Respecto a los impuestos municipales -IBI, IAE, ICIO y Plusvalía-, Zaragoza mantiene la presión fiscal. La consejera Solans ha destacado que la capital aragonesa se consolida así como “una ciudad competitiva”, que apuesta por el principio de mínima intervención fiscal en la vida económica de los ciudadanos para garantizar su libertad económica a la par que garantiza la sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Municipal.