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El juzgado solicita información al Ayuntamiento de Zaragoza por un presunto delito de prevaricación en Ecociudad

  • El juzgado ha solicitado información. Nada tiene que ver, apuntan fuentes municipales, con estar siendo “investigados” –como publica Heraldo– entendiendo como tal lo que anteriormente se calificaba como “imputados”

El pasado 19 de junio, el exgerente de la sociedad municipal Ecociudad presentó una demanda contra el alcalde y los concejales de Zaragoza en Común por un presunto delito de prevaricación en dicha sociedad. La querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza.

Las actuaciones en cuestión son la asunción por parte del Gobierno de la ciudad del control de todas las sociedades, amparándose en la Ley de Capitalidad; y el cese del anterior gerente con el posterior nombramiento de su sucesor.

En la notificación enviada al Consistorio, se solicita información tanto a Ecociudad como al Ayuntamiento de Zaragoza. Fuentes del Gobierno municipal admiten que el alcalde, Pedro Santisteve, ha firmado un decreto solicitando a la Asesoría Jurídica que nombre a dos representantes para que actúen en defensa de sus concejales. Algo “lógico”, reiteran las mismas fuentes, teniendo en cuenta que se ha admitido a trámite la querella, pero que, en ningún caso –como publica Heraldo–, quiere decir que estén siendo “investigados”, entendiendo como tal lo que anteriormente se clasificaba como “imputados”.

En opinión del consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza –y vicepresidente de Ecociudad Zaragoza–, Alberto Cubero, la denuncia es “fruto del malestar” de Portero. Este, ha señalado, fue nombrado “a dedo” por el anterior Ejecutivo municipal y no era de la confianza del actual.

No es la primera denuncia que presenta el exgerente, las anteriores, como ha recordado el concejal, fueron archivadas, y espera Cubero que esta termine de la misma manera. En la actualidad, hay otra interpuesta por despido en el Juzgado de lo Social y en la que reclama una indemnización de 30.000 euros por daños “físicos, psíquicos y morales”.