“A la ultraderecha hay que tratarla como en Vallecas”: las palabras del líder del PCE en Aragón que lo sientan en el banquillo

“En política fiscal y en política económica se les cae la careta y luego les pasa lo que les pasa, que van a Vallecas y los reciben como los reciben”, intervenía Alberto Cubero, concejal de Zaragoza en Común, refiriéndose a Vox durante una Comisión de Hacienda en abril de 2021. “Ojalá les pase en toda España lo que pasó en Vallecas”, concluía su intervención el también secretario político del Partido Comunista de Aragón. 

Cubero hacía referencia a los sucesos acaecidos el 7 de abril de ese mismo año, cuando el partido de extrema derecha realizaba un acto de campaña en el barrio madrileño y un grupo de manifestantes protestaba en contra de este, con muchas interrupciones y momentos de tensión. El resultado: cargas policiales, lanzamiento de objetos, detenidos, heridos y agresiones a periodistas.

Las palabras pronunciadas por el concejal en la comparecencia no produjeron debate ni reacción alguna. Sin embargo, días después, el 23 de abril, Cubero publicó el siguiente mensaje en Twitter: “A la ultraderecha hay que tratarla como en Vallecas, no se discute con ella, ni mucho menos se le tolera. Se le confronta en cada sitio, que siempre sea como en Vallecas”, junto con un vídeo de la ya mencionada intervención en la Comisión de Hacienda.

Días más tarde, Vox presentaba una querella contra Cubero acusándolo de “delito de incitación al odio” y “delito de alteración del orden público”. La formación de extrema derecha pedía para el concejal zaragozano cuatro años y ocho meses de cárcel y una indemnización de 10.000 euros.

La Audiencia Provincial de Zaragoza vio “indicios suficientes” en las palabras de Cubero durante la comisión para juzgarlo por supuesto “delito de odio”. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el concejal, la inhabilitación para el sufragio pasivo y 5.400 euros de indemnización.

El auto del tribunal consideraba que Cubero podría “haber sobrepasado los límites de la libertad de expresión” y, ante el recurso presentado por la defensa, el propio magistrado a cargo resaltaba que “la libertad de expresión no ampara los delitos de odio y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional Europeo en diversas sentencias”. 

De esta forma, Alberto Cubero se sentará en el banquillo el próximo 15 de septiembre y será juzgado por un supuesto delito de odio.

Juicio “político”

Desde el Partido Comunista Español consideran la querella como un “caso más de persecución judicial contra la izquierda política y en concreto contra el PCE y el comunismo”. Una querella que recuerda a la presentada por Vox contra la actual secretaria general de Podemos y ministra de De Derechos Sociales, Ione Belarra, también por delito de odio y que fue archivada por el Tribunal Supremo; o a la querella presentada por el partido de ultraderecha contra Pablo Echenique –actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso– por incitar a disturbios, también desestimada por el Supremo.

El magistrado de la Audiencia Provincial que ha llevado el caso, Carlos Lasala Albasini, es el mismo que el de la condena a los seis antifascistas de Zaragoza. En 2019, Vox celebraba un mitin durante su campaña electoral en el Auditorio de Zaragoza. Antifascistas de la ciudad convocaron una manifestación en contra del acto, que acabó con cargas policiales y con la detención de seis personas, dos de ellas menores de edad. La sentencia condenaba a seis años de cárcel para cuatro de ellos y a 11.000 euros de multa conjunta y un año de libertad vigilada para los otros dos. 

Es también el mismo juez que en 2004 llamó por teléfono, en vez de por citación, a declarar a comisaría a una treintena de personas por manifestarse ante la sede del Partido Popular el 13 de marzo, víspera de las elecciones generales, pidiendo al Gobierno de Aznar conocer la verdad sobre los atentados del 11M en Madrid. A las personas citadas se les acusaba de “protagonizar actos de propaganda electoral en la jornada de reflexión, lo que está penado por la Ley Electoral con arresto mayores o multas”. Una actuación considerada entonces como “cruzada personal” por Izquierda Unida.

Carlos Lasala Albasini es, además, hijo de Carlos Lasala Perruca, quien fuera presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza durante el franquismo y los inicios de la democracia. Su hermano, Rafael Lasala Albasini, también ejerce de juez y fue noticia el año pasado por el “caso Ghali”, cuando el líder del Frente Polisario viajó enfermo de gravedad por COVID desde Argelia a La Rioja para ser hospitalizado.

Respuesta social

La reacción al juicio contra Cubero no se ha hecho esperar y se puede ver en la campaña #YoConCubero, bajo el lema: “Si ser comunista es delito, soy culpable”. Una iniciativa que busca dar a conocer el caso y que ha tenido gran repercusión y respaldo. 

La organización ha publicado un manifiesto de apoyo al concejal que cuenta –en el momento en que se escribe este artículo– con más de 300 firmas. Entre ellas se encuentran Alberto Garzón –coordinador general de IU y ministro de Consumo de España–, Lilith Verstrynge –secretaria de Estado para la Agenda 2030 y responsable de organización de Podemos–, Enrique Santiago –secretario general del Partido Comunista de España y diputado de Unidas Podemos en el Congreso–, Sira Rego –portavoz de Izquierda Unida y eurodiputada–, Pablo Echenique –portavoz de UP en el Congreso– o Miguel Urbán –eurodiputado–.

Numerosas organizaciones han mostrado su solidaridad al concejal zaragozano. Además de Izquierda Unida y el Partido Comunista de España; también lo han hecho Barcelona en Comú, Zaragoza en Común, Marea Atlántica, Jerez en Común, Compostela Aberta o Anticapitalistas. El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) ha mostrado igualmente su apoyo al concejal: “Se le acusa de un delito de odio por expresar en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Zaragoza lo que pensamos y sentimos los demócratas de este país”. El mismo día en que empieza el juicio, el 15 de septiembre, se ha convocado una concentración de apoyo a Alberto Cubero a las 11:00 en la puerta de los juzgados de Zaragoza.