La implantación en el polígono Empresarium de Zaragoza del Grupo Saltoki -“una operación de éxito desde todos los puntos de vista”, presumió en marzo de 2022 el entonces alcalde Jorge Azcón (PP)- ha terminado por convertirse en una ruina para las arcas municipales: frente a los ingresos de 2,3 millones que vaticinó el primer edil, el Ayuntamiento ha tenido que desembolsar 2,8 millones. Y, encima, la Intervención municipal cuestiona en un informe el desembolso de 4,1 millones para unos trabajos en el recinto cuando los suelos eran ya particulares.
La polémica con esta operación no deja de crecer y, este lunes, el grupo municipal del PSOE ha anunciado que pedirá una comisión de investigación en la que se analice “la verdad” sobre la actuación municipal frente a las “mentiras y engaños” del Gobierno de Natalia Chueca. Lo ha hecho tras conocer el último informe de la Intervención, adelantado por Heraldo de Aragón y en el que el órgano fiscalizador constata que la parcela era de Saltoki cuando se efectuaron las obras y en el que pide una justificación al millonario gasto público en una propiedad privada. “Es la gota que colma el vaso”, ha expuesto este lunes el concejal socialista Horacio Royo. El documento lleva tres rúbricas, entre ellas la del interventor general, José Ignacio Notivoli.
Zaragoza en Común (ZEC) ya ha adelantado que apoyará la Comisión de Investigación. “La comisión de Urbanismo se está convirtiendo en un agujero negro”, ha manifestado a elDiario.es el concejal de ZEC Suso Domínguez, que cita las controversias con el CDM Mudéjar, la Quirón o con la planta fotovoltaica Clarita. “No puede ser que todas las actuaciones de Víctor Serrano acaben costando millones de euros al Ayuntamiento”, añade.
Desde Vox, su portavoz, Julio Calvo, ha manifestado que tiene aún que “estudiar” la documentación, pero ha adelantado que es “muy reacio” a apoyar al PSOE con una comisión de investigación, dado que los socialistas se abstuvieron ante una propuesta similar de Vox para indagar acerca del convenio municipal con el Estadio Miralbueno El Olivar.
La operación con el Grupo Saltoki
La operación se remonta a hace año y medio, cuando el propio Azcón presentó por todo lo alto el proyecto: una venta de suelo municipal en el polígono para completar una parcela de más de 16 hectáreas en la que el Saltoki, grupo navarro de suministro de materiales industrial, constructivos o terciarios, invertiría 175 millones de euros y crearía 500 empleos.
Para el Consistorio, según expuso el gobierno municipal del PP, el plan también saldría redondo puesto que por la venta del suelo ingresaría 2,3 millones de euros: “Una operación de éxito desde todos los puntos de vista”.
El equipo de gobierno continuó con los trámites urbanísticos previstos y, así, el 8 de marzo de 2023 se adjudicó a Saltoki el proindiviso, en el que el Consistorio aún mantenía un 20%.
Apenas cinco días después, el jefe de Inspección Urbanística del Ayuntamiento advirtió en un informe de la necesidad de llevar a cabo obras de emergencia en una parte del suelo debido a un talud que podía venirse abajo. El responsable técnico se basaba en un informe geológico que, según ha admitido recientemente el propio consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, había entrado en las dependencias municipales un año antes. Esta situación de “emergencia”, pues, se había mantenido durante doce meses con el conocimiento de los responsables del Ayuntamiento.
Ese mismo 13 de marzo, la corporación aprobó la contratación de la actuación con carácter urgente.
Pero la Intervención municipal empezó a exponer sus dudas. En septiembre del año pasado -ya con Natalia Chueca al frente de la Alcaldía-, el órgano fiscalizador devolvió las facturas por las primeras certificaciones de estas obras de emergencia y pidió aclarar quién era el propietario del suelo y si se trataba de una ejecución subsidiaria del Ayuntamiento. El gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, sin embargo, solicitó a Hacienda que autorizara de forma extraordinaria el pago porque los trabajos estaban ya concluidos. El expediente vio finalmente la luz mediante una convalidación de gastos, pese a los reparos expresados por la Intervención.
Estas obras, que tuvieron un coste de 4,1 millones de euros, consistieron en el desmonte del talud en la parcela propiedad de Saltoki, donde se llevó a cabo un movimiento de tierras equivalente a lo que pueden transportar 80.000 camiones. La mayor parte del material se trasladó a otra parcela municipal, pero, como también informó Heraldo, otra pequeña cantidad se depositó en un vertedero dado que entre lo recogido había uralita, neveras o neumáticos. Urbanismo precisamente arguye que todo el material extraído en el suelo de Saltoki se destinó a rellenar otra parcela industrial que se pondrá a la venta.
A esto se suma además que el equipo de gobierno del PP en Zaragoza ha evitado dar a conocer que en la compraventa pactó asumir parte del gasto en urbanizar el entorno; en concreto, 1 millón de euros que también provienen de las arcas municipales. Así lo recoge el propio informe de la Intervención conocido este lunes. De forma que, frente a los ingresos de 2,3 millones anunciados por el gobierno municipal, el Ayuntamiento ha tenido que asumir un gasto de 5,1 millones, lo que deja un saldo negativo de 2,8 millones.