El Gobierno de Aragón admite que la comunidad ha perdido tres décadas en la lucha contra el cambio climático: “En 2018 en Aragón las [emisiones de] GEI [Gas de Efecto Invernadero] ascendieron a 15.680 ktCO2e [millones de toneladas de CO2 equivalente], es decir, un 9,3% menos que en 2017. Aun así, esta cifra es casi un 3% superior a 1990, año de referencia desde los acuerdos del protocolo de Kioto”.
La cumbre de Kioto, celebrada en 1997 en la ciudad japonesa de ese nombre, dio lugar a un protocolo internacional que vence este año y en el que cerca de 200 países y territorios se comprometen a reducir las emisiones de GEI para frenar el calentamiento global.
Los datos los expone el consejero de Agricultura del ejecutivo autonómico, Joaquín Olona, en su respuesta a una pregunta parlamentaria en la que el diputado del PP Antonio Romero se interesaba por conocer “qué medidas tienen planteadas desde su departamento para evitar la constante demonización que se hace del sector agrario” por las consecuencias contaminantes de sus procesos productivos.
El conservador sostiene en su pregunta que “algunos de los planteamientos que se hicieron con respecto a la agricultura y la ganadería” en la cumbre climática de Madrid “colocaban al sector en el disparadero al señalar, injustamente y de manera negativa, al mismo como uno de los principales factores del cambio climático”, posicionamiento que el consejero califica de “visión negativa del sector”. Sin embargo, los datos apuntan en la dirección señalada en la cumbre de Madrid.
La cuarta parte de las emisiones y creciendo
“La aportación del sector agrícola-ganadero se sitúa en un 24,6% de las emisiones totales, con un reparto del 7% de emisiones de N2O [óxido nitroso] derivadas de la fertilización y un 17,2% como consecuencia de las emisiones de metano procedentes de la ganadería” en la comunidad, indica Olona, que remite al Inventario de Emisiones de Aragón.
Ese documento atribuye, con datos de 2018, un 67% de las emisiones de la comunidad al procesado de la energía, “debido a la quema de combustibles fósiles” lo que incluye desde las centrales técnicas y de ciclo combinado al funcionamiento de los automóviles (tractores incluidos).
Sin embargo, el desglose de las actividades asigna un 20% del lanzamiento de gases de efecto invernadero a las empresas del sector energético, un 20,5% al transporte y un 13,5% a “la combustión en las industrias manufactureras y de la construcción”, cuyos procesos productivos añaden otros 3,1% para alcanzar entre ambas un 18,6%, por encima del 12,9% de la quema de combustibles en los sectores residencial, comercial e institucional.
Por encima de todos ellos se sitúa el sector primario, en el que se combinan “los suelos agrícolas que emiten un 7%, debido a las emisiones de N2O de los fertilizantes” y “la gestión del estiércol y la fermentación entérica de la cabaña ganadera, que suponen un 17,2%, como consecuencia principalmente de las emisiones de metano”.
El cierre de la central térmica de Andorra hará que el sector energético pierda posiciones en esa clasificación al reducir notablemente las emisiones, mientras el desmesurado avance de la ganadería industrial tira al alza en los efectos contaminantes del sector primario mientras los efectos del cambio climático se cronifican e intensifican en un territorio cada vez más afectado por la desertificación.
Comida para doce millones de personas
La generación de energía llegó a ser la responsable del 45% de las emisiones en el periodo 1990-1997, lo que significa que su actividad contaminante ya quedó reducida a menos de la mitad antes del cierre de la térmica de Andorra.
“Se observa en Aragón un cambio importante que viene a confirmar la tendencia de fondo observada en los últimos años”, señala Olona, que anota que “en toda la serie histórica”, la producción de electricidad “ha sido la actividad causante de más emisiones”.
El consejero, no obstante, anota que “el hecho de que Aragón produzca materias primas alimentarias y alimentos para una población equivalente de unos 12 [millones] de habitantes (10 veces la población aragonesa) se traduce en que las emisiones de la agricultura y la ganadería superan el 20% del total”.
Y, en este sentido, añade que “considerando [la] importancia del sector en la economía aragonesa, se consideró necesario promover acciones de adaptación para proteger el sector de los efectos negativos del cambio climático, reduciendo riesgos de pérdida de actividad laboral y empleos” a través del programa Agroclima y del desarrollo de un Catálogo de Buenas Prácticas Agrarias “para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente.