El presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, ha adelantado que planteará en la Comisión Provincial de Coordinación de Violencia de Género, que se reúne este viernes, la creación de un Observatorio de Violencia de Género en el medio rural, que se integraría dentro del Observatorio Aragonés, dependiente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).
Ballestín ha recogido así una propuesta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), que alertaron de que el 30% de los asesinatos machistas a nivel nacional se cometen en municipios de menos de 20.000 habitantes, al atender que existen peculiaridades en estos casos que merecen un tratamiento “específico”.
Ha puesto como ejemplo las medidas de control telemático del alejamiento de los agresores con respecto de las víctimas. “No es lo mismo en una ciudad grande que en un pueblo que puede tener de punta a punta 500 metros”, ha continuado.
El presidente de la Audiencia Provincial se ha referido también al nuevo centro de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual de Zaragoza, en el distrito del Casco Histórico, y ha asegurado que tiene que empezar a funcionar “sí o sí” antes de final de año porque, de no hacerlo, se perderían los fondos Next Generation. Los centros de Huesca y Teruel sí están operativos.
A este respecto, ha apuntado que “se puede plantear en el futuro” ampliarlo al conjunto de la violencia de género, pero en principio sólo funcionará para las violencias sexuales.
En definitiva, la Comisión Provincial de Coordinación en Violencia de Género se reúne para analizar el funcionamiento de los proyectos que ha puesto en marcha desde su constitución el 24 de junio de 2022.
“Salas amigables” en juzgados
Entre ellos, Ballestín ha citado la creación de “salas amigables” para víctimas de violencia de género en los diferentes juzgados de la provincia, ya habilitadas en la capital, en Ejea de los Caballeros, en Calatayud, en Daroca y en Tarazona, aunque falta amueblarlas, pero pendientes en los partidos judiciales de La Almunia de Doña Godina y Tauste.
En el caso de La Almunia, ha señalado que “había que hacer unas obras un poco complejas” para hacer esta sala independiente del resto de dependencias judiciales, mientras que en Caspe “se retrasó por otros motivos” y todavía no se ha empezado.
Por otro lado, se abordará la realización de las guías de derechos de las víctimas y de buenas prácticas judiciales, que ya tienen su texto definitivo aprobado por la Comisión y están en maquetación, en “línea de salida” para su difusión. Serán folletos trípticos y también estarán accesibles vía online, ha avanzado.
“Las instituciones que atendemos a las víctimas de violencia de género intentamos apoyarlas, acompañarlas desde el principio, asesorarlas en todo lo que necesitan, pero nunca está de más ir mejorando la situación”, ha indicado el presidente de la Audiencia.
La guía de buenas prácticas estará destinada a los profesionales que reciben a las víctimas, con el objetivo de mejorar el servicio que se ofrece a las mismas, mientras que la otra guía informará a estas mujeres de sus derechos “de forma esquemática” y “sencilla”, ya que esta información es “muy compleja”.
“Se intenta hacer esto de forma esquematizada, se les proporcionan todos los teléfonos a los que pueden acudir para que desde el principio se sientan arropadas, ayudadas y acompañadas, y para que sepan que desde el momento las instituciones que están implicadas están a su disposición”, ha explicado.
Incremento de la violencia sexual
En otro orden de cosas, Ballestín ha remarcado que, si bien no es el encargado de hacer seguimiento a los datos, le consta que, dentro de la violencia de género, ha habido un incremento de los casos agresiones sexuales. “Yo quiero pensar que es porque ahora se denuncian más casos, no porque haya subido el número”, ha opinado.
En ese sentido, ha destacado la “insistencia” de las instituciones para que las víctima denuncien y para que estas no tengan luego “problemas añadidos en el futuro” si lo hacen. “Eso puede ayudar a que haya más denuncias”, ha asegurado.
Por último, otro de los proyectos en marcha en esta Comisión es la creación de una base de datos coordinada por el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que ahora deberá proponer qué tipos de datos va a recoger, qué acceso se va a permitir a las diferentes instituciones o si simplemente se van a centralizar para los propios médicos forenses.
“Hay que tener en cuenta que aquí hay muchos datos sensibles de la intimidad, datos personales, de la historia clínica que puedan tener como consecuencia de este tipo de atentados, agresiones sexuales o agresiones de violencia de género y por tanto este tipo de material es muy sensible y hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja”, ha subrayado Ballestín, quien ha agregado que, además, hay datos que no tienen “ningún interés” para las instituciones. Ha puesto como ejemplo el ADN, que sirve a los juzgados o a la investigación judicial, pero no al resto de administraciones.