Las ayudas al funcionamiento empresarial aparecieron como una esperanza para los territorios más despoblados de España, pero, por el momento, solo se han quedado en eso porque los resultados obtenidos tras más de un año de aplicación son “mínimos” y los efectos son “muy limitados”. Para conocer la situación al respecto, los diputados y senadores del Partido Popular por la provincia de Teruel se reunieron con la patronal empresarial, quien ha trasladado el mensaje de que dichas ayudas deben “aplicarse al máximo”.
Los representantes políticos han anunciado que llevarán al Congreso y la cámara del Senado estas reivindicaciones, ya que se está empezando a tratar lo relacionado con los Presupuestos Generales del Estado para 2024. “Es el momento oportuno para hacerlo”, ha reconocido la senadora y alcaldesa de la localidad de Celadas, Raquel Clemente.
Estas ayudas al funcionamiento del tejido empresarial plantean que en los territorios más despoblados de España -Teruel, Cuenca y Soria con menos de 12,5 habitantes por kilómetros cuadrado- se emita una bonificación de un 20% de los costes laborales de las empresas. Eso sería si las ayudas se aplican al máximo, sin embargo “apenas se llega a un 1%”, según cuantifica el informe ‘Las Ayudas al funcionamiento y la lucha contra la despoblación: impacto económico’, elaborado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA).
Esta agrupación de organizaciones empresariales, junto a los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León, son los que hicieron que estas ayudas se aprobasen en la Comisión Europea. A pesar de las disonancias políticas, entre los grupos políticos que presidían cada uno de esos tres territorios, decidieron aunar sus fuerzas y consiguieron que saliese adelante esta herramienta en la que veían una vía para incrementar la competitividad y a partir de ello relanzar la economía y hacer frente a la despoblación.
“No son solo ayudas para ser más competitivos, sino para que las empresas sean más rentables y competitivas en el medio rural”, ha apuntado Raquel Clemente en la reunión que han mantenido representantes del PP y de empresas turolenses.
Resultados escasos
No obstante, esto no ha salido como se esperaba. Por ejemplo, el informe mencionado enumera que si estas ayudas se ejecutasen al máximo en la provincia de Teruel: el coste de la medida sería de 165,02 millones, el impacto sobre el PIB se estima sobre 129,27 millones de euros y se crearían 2.023 puestos de trabajo. La realidad es que el coste real es de 8,25 millones de euros, el impacto sobre el PIB ha sido de 6,5 millones y se han generado 101 empleos.
Si se traslada a la media entre los tres territorios que forman parte de la Red SSPA, los datos marcan que con el ritmo de aplicación actual se alcanza un 0,54% del coste laboral, cuando lo marcado por Europa permite llegar al 20%. Respecto a la aportación al PIB, se pasaría de incrementar en las tres áreas geográficas de un 0,19% con las ayudas actuales a casi un 6,8%. A nivel laboral, lo que lleva a asentar la población en su gran mayoría, se pasaría de 306 a más de 6.100 empleos.
El propio informe define que estas ayudas son un “hito” para hacer frente a la despoblación. También apunta algunos cambios para que sean realmente efectivas, es por esto que detallan que se tendría que reordenar los esfuerzos públicos y privados. En ese sentido, reivindican que la aplicación sea “igual para todos” y se dejen atrás variables como si se tratan de nuevas contrataciones o la existencia de diferencias entre municipios relativo al número de habitantes.
Esto viene dado porque el estudio asegura que estas ayudas al funcionamiento favorecen en mayor medida a las nuevas empresas que se asientan en estos territorios. Mientras que aquellas compañías o autónomos que han resistido a la despoblación durante años perciben unos beneficios “muy inferiores”; las ayudas suponen una rebaja del 15% en las cotizaciones -por contingencias comunes- en la Seguridad Social para nuevos contratos en municipios de más de 1.000 habitantes y del 20% si no superan esa población.
De nuevo en el debate político
Más allá de su escasa intensidad de aplicación, con el inicio de 2024, los empresarios y autónomos de estas zonas se encontraron que habían dejado de concederse estas ayudas. A lo que el Gobierno explicó que esas rebajas en la Seguridad Social se mantenían en la prórroga de los presupuestos de 2023. Sin embargo, las organizaciones empresariales de las tres provincias detectaron que la tarifa plana de los autónomos, que les permitía pagar una cuota de 80 euros al mes durante tres años, también había quedado sustraída.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, respondió y confirmó “la plena vigencia” de estas ayudas al funcionamiento empresarial y el mantenimiento de esa “tarifa plana” para las nuevas altas en régimen de autónomo. De esta forma, se queda a la espera de que se incremente la cuantía destinada a este asunto en los próximos PGE y se pueda intensificar su aplicación hasta lograr los niveles marcados por Europa.
Desde la Red SSPA han recordado que estas ayudas al funcionamiento empresarial son una “palanca” de las políticas en la lucha contra la despoblación. Así como que son una “oportunidad que no hay que desaprovechar” porque si falla su aplicación, quizás no se vuelva a repetir y claman por la unión política. Y es que, si continúan ejecutándose al ritmo que llevan, estos territorios tardarían decenas de años en dejar de ser áreas despobladas.