Los 700.000 olivos diseminados por los campos de Aragón capturan al cabo del año hasta 80.000 toneladas de CO2, un volumen netamente superior a las emisiones que genera la agricultura de la comunidad en su conjunto, que superan ligeramente las 50.000, según la última estimación del Ministerio de Transición Ecológica con datos de 2017.
Sin embargo, su explotación se encuentra en decadencia por su cada vez menor rentabilidad ante la caída de precios tanto del aceite como de la oliva, lo que pone en riesgo su continuidad.
Según los datos del boletín de Coyuntura Agraria de Aragón que edita el Departamento de Agricultura el Gobierno de Aragón, el aceite de oliva virgen extra se estaba pagando a los productores en agosto a 2,0435 euros el kilo (1,87 el litro, y hacen falta más de cuatro kilogramos de aceitunas para obtener uno), lo que supone que ni siquiera cubren los costes de producción, después de más de un año y medio de caída.
El litro, según esa misma fuente, cotizaba a 3,7374 euros en diciembre de 2017 y a 3,85 en mayo de ese año, lo que representa un desplome del 45,4% en veinte meses y del 47% en menos de dos años y medio.
Un producto en decadencia para el productor
Esa caída de los precios, motivada por una combinación de factores entre los que destacan la introducción de género de contrabando desde Siria, las prácticas bajistas de las grandes empresas para dominar el mercado y el abaratamiento en las estanterías de las cadenas de distribución al utilizarlo como producto-gancho, llevó a los productores de aceite a manifestarse hace unos días en Madrid, donde, entre otras reivindicaciones, pidieron que la Política Agraria Común (PAC) asegure “el mantenimiento del olivar y el relevo generacional” de las explotaciones.
Los manifestantes, varios centenares, reclamaron “medidas de apoyo para los olivares con mayores dificultades” de viabilidad, ya que su papel “socioeconómico, ambiental y paisajístico es fundamental para el mantenimiento de nuestros pueblos”, así como que “las políticas de lucha contra el despoblamiento deben tener en cuenta la capacidad del olivar rentable para fijar población”.
Para la organización agraria Uaga, el cultivo del olivo es “la única alternativa en muchas zonas de secano” de la comunidad. “Es imprescindible conseguir que estos cultivos, tan interesantes desde el punto de vista del empleo y el medio ambiente, no sean sustituidos a causa de la escasa rentabilidad”, señala.
Más emisiones de CO2 que los incendios de Galicia en una década
Esa captura de 80.000 toneladas de CO2 al año conlleva que “su desaparición supondría más emisiones que todos los incendios forestales que han sucedido en Galicia en los últimos 10 años”, añade la organización.
Con todo, el CO2 no es la principal emisión de gases de efecto invernadero que genera la actividad agrícola. Según el inventario del ministerio, el campo lanza a la atmósfera en Aragón al cabo del año 2,35 millones de toneladas de metano (CH4), 1,3 en la gestión del estiércol y los purines y otro por las ventosidades digestivas del ganado, y 1,31 de óxido nitroso (N2O).
Uaga propone ampliar el número de explotaciones de cultivos leñosos (olivar, almendros y frutales) con acceso al agua de riego para mejorar su producción y su rentabilidad y, también, extender la “agricultura de conservación”, en la que agua, suelo, fertilizantes naturales y otros recursos se gestionan de manera integrada, ya que “permite afrontar mínimamente las sequías”, “reduce el consumo de combustible” en las tareas de cultivo y “también aumenta el secuestro de CO2 en la tierra”.