Los bajos ingresos familiares, una situación laboral inestable y la crisis económica acrecentada por la pandemia han aumentado considerablemente la vulnerabilidad de los hogares, al no ser capaces de afrontar los gastos necesarios para el mantenimiento de sus casas. Durante el confinamiento, el Real decreto 11/2020 ofrecía un alivio para los que se encontraban en un proceso de ejecución y para los que no podían hacer frente a los pagos. Asimismo, se creaba el programa de ayudas al alquiler, que todavía se encuentran en proceso de concesión para suplir las necesidades de los ciudadanos.
Sin embargo, después del confinamiento los problemas no se han mitigado ya que las medidas proporcionadas solo protegen a quienes se encuentran directamente afectados por la pandemia pero no a quienes ya se encontraban en una situación vulnerable. Desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza se denuncia esta coyuntura, “se ha vuelto a abrir la barra libre de los desahucios y dejan a la gente con una mano delante y otra detrás, lo primero es atender o cuidar a la gente y no ponerla en calle en la situación en la que estamos”.
Ante las respuestas por parte de la Administración o el Gobierno, consideradas insuficientes, la solidaridad responde a la llamada de auxilio de estas familias con las movilizaciones colectivas. Stop Desahucios Zaragoza es uno de los colectivos sociales que incentivan esa movilización en busca de soluciones. En Aragón, solo en 2019 se llevaron a cabo 1.227 desahucios, 790 de ellos en Zaragoza y en los dos primeros trimestres del 2020 se han producido aproximadamente 309. Tras el confinamiento, en el mes de junio se realizaron alrededor de 40, en tan sólo 16-17 días hábiles. “Este año han dado 17 viviendas, cinco han dicho que no porque habitualmente les mandan a cualquier otro pueblo. Aunque las 17 hubieran dicho que sí, hubo 309 desahucios, están dejando atrás a muchísima gente” denuncia la portavoz de la plataforma, Concha Cano. En los meses de octubre y noviembre 28 personas, incluidos menores, se encuentran en el llamado “calendario de la vergüenza” creado por el colectivo como denuncia dentro de la iniciativa #AragonSinDesahucios, esperando a ser desalojados.
En Aragón todas las familias vulnerables tienen derecho a una alternativa habitacional en caso de pérdida de su vivienda habitual. Así lo recogen los artículos 19.1 y 19.2 de la Ley aragonesa conocida como 10/16. Sin embargo, desde la plataforma aseguran que no se cumple o que el Gobierno lleva los plazos al límite, “no hay medidas y son muy escasas, esa historia del escudo social para no dejar a nadie atrás, está dejando a mucha gente atrás. El 5 de octubre se suicidó Elvira en Torrero porque ya no podía aguantar más, la situación le había sobrepasado. No es lo que pasa en la mayoría de la gente pero está pasando y pasará” lamenta Cano.
Muchas familias demandan acceso a la vivienda pública en la capital aragonesa pero se encuentran atrapados en la burocracia, “les piden documentos que les resulta difícil encontrar. A las empresas les dejan hacer una declaración responsable que en su momento o cuando se pueda se va a aportar esa documentación y a las personas vulnerables no” explica Cano. Uno de los casos que llevan es el de Laoaria, que se ha quedado sin recibir una ayuda por no haber traducido el libro de familia, “tiene el libro de familia en francés y para traducirlo al español no tiene dinero, entonces se ha quedado fuera. Y seguramente el día de su desahucio en diciembre se quedará en la calle”, explican desde la plataforma.
A esto se suman muchos otros problemas como las ayudas del alquiler, que todavía se están pagando las del año 2019, las ayudas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las ayudas de la pandemia que aún se tienen que conceder. De estas últimas Concha Cano destaca que solo se han aceptado 20 de 2000 que se presentaron, “¿alguien se puede creer que con lo que estamos viviendo solo hay 20 personas en esa situación? Las instituciones no están dando ninguna solución o facilidad.” Arnedo añade, “tienes que plantear ayudas que realmente sean ágiles y que respondan al fin para el que se han creado, si estás creando una ayuda que es inútil entonces deja de ser ayuda”.
Un problema añadido es la economía sumergida, trabajos no reconocidos como el cuidado de personas o la limpieza. “Ahora ya no está esa opción de trabajo, tenemos familias que desde marzo no han ingresado ni un solo euro en sus casas y hay que pagar el alquiler, la luz…Ellos no pueden demostrar que sus problemas vienen de la covid porque han tenido esos ingresos como parte de la economía sumergida entonces no les corresponde ningún tipo de ayuda” declara Cano.
Los desahucios, en el debate político
Las movilizaciones colectivas no son el único apoyo que reciben estas personas, los sindicatos se ponen al servicio de la ciudadanía, como una asesoría colectiva, “porque no es un problema individual de esa persona sino que es algo que afecta a todos los inquilinos porque puede llegar a verse algún día en esas situaciones” recuerda Ricardo Arnedo.
Pero, a parte de esa vertiente, también ejercen presión política. A nivel estatal buscan la concesión del IMV y una regulación de los precios de alquiler. Según el informe de idealista en el periodo 2014-2019, el precio aumentó un 27,6% de media, Zaragoza se sitúa en el 33,2%. Desde el sindicato destacan la imposibilidad de hacer frente a estos precios, “con una crisis que cada día recrudece más mientras los ingresos de las familias caen en picado”. En el avance de esa regulación se ha logrado la firma de más de 9.000 organizaciones sociales, económicas y culturales y el reciente compromiso Gobierno de Unidas Podemos-PSOE para regularlos en menos de cuatro meses siguiendo el modelo que se encuentra en vigor en Cataluña.
Además a nivel local se reivindica la puesta a disposición de la vivienda social, las ayudas urgentes del Ayuntamiento que se encuentran paralizadas y el cumplimiento de la Ley 10/16 de garantía de alternativa habitacional. A esto añaden la parte moratoria de los desahucios, el impulso de la expropiación del uso de los pisos vacíos del sector financiero o la lucha contra la criminalización de la ocupación. Destacan que todo esto retrata una falta de voluntad política, “la figura del sindicato, las maneras de asociarse colectivamente no surgen de la nada, surgen de una necesidad. La precariedad y la pobreza siguen estando ahí”, subrayan desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza.
La ocupación, solución temporal a la desesperación
Esperanza Fernández es uno de los muchos casos de ocupación de vivienda por desahucio. Mujer maltratada por violencia de género, sola con sus tres hijos, de 11, 13 y 17 años, este último con una discapacidad mental del 50%, se vio obligada a desalojar su vivienda de alquiler el 7 de julio por uso propio de la propietaria y por el seguro de impago. La falta de alternativas legales la llevaron a ocupar, “no me concedieron ni vivienda habitacional de la DGA ni de Zaragoza Vivienda. Me darían vivienda cuando me tocara por antigüedad, van por el dos mil y pico, yo tengo el 3.075 y con esto de la pandemia está todo paralizado”. Además la opción del alquiler no está disponible por no poder pagar el seguro de impago y la exigencia de tener que ser avalado o tener nómina. En su caso su único ingreso son aproximadamente 700€ del IAI (Ingreso Aragonés de Inserción), insuficiente para poder vivir dignamente, “se han desbordado los precios de los alquileres y las trabas que tienes para acceder a ellos, es imposible. Con 3 críos, yo sola y cobro 700 euros, ¿qué hago?”.
En la ocupación antagonizan dos leyes, el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna y adecuada, sin embargo es considerado un hecho ilegal que puede conllevar al pago de multas o hasta prisión. “La ocupación siempre ha sido vista con malos ojos y se relaciona directamente con los desahucios pero es mentira, los desahucios siguen siendo hoy en día muchísimos más que los casos de ocupación” afirma Ricardo Arnedo. Esperanza antepone la necesidad a cualquier ostentación, “no es por lujo ni por nada, es por necesidad. Esta vivienda es simple y normal, no está en muy buenas condiciones, pero antes que estar en la calle mis hijos tienen que tener un techo donde dormir”.
Aunque aún no hay fecha establecida, se prepara para un segundo desahucio, “dentro de muy poco me veré en la calle otra vez, no tardará mucho. Es algo ilegal ocupar, ¿por qué tengo que volver a ocupar una vivienda si ellos tienen acceso a ofrecernos una? Si ellos cumplieran con las leyes, nadie estaría ocupando. Me obligarán a volver a ocupar porque mis hijos no se van a quedar en la calle ni podemos meternos en una habitación cuatro personas” reconoce.
El “calendario de la vergüenza” sigue el 11 de noviembre, con dos desahucios, el de Ruth, José y sus dos hijos en el barrio de Las Fuentes; y el de Santos, Silvia y sus cuatro hijos en el barrio de la Magdalena. Mientras tanto, los colectivos de vivienda siguen presionando a las administraciones competentes. Finalmente, tras mucha insistencia, van a tener mañana miércoles 4 de noviembre una reunión con el Consejero de Vivienda, José Luis Soro, de la que esperan se obtengan compromisos reales para abordar de inmediato y con la mayor rapidez la situación de emergencia que viven muchas familias vulnerables aragonesas.