- Los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza llevan más de año y medio en huelga
La de los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza no es una huelga cualquiera. Con ella no pretenden ganar más dinero, conseguir mejores contratos o aumentar sus días de descanso. Solo buscan garantizar la seguridad de los alrededor de 300 niños y niñas que cada año pasan por el centro. Lograr que la Administración “les trate como personas y no como mercancía”.
Por eso pervive una huelga que se inició allá por el 1 de noviembre de 2014. El motivo por el que la mantienen es otro ejemplo más de la miríada de sinrazones que acompañan a este proceso: el Gobierno de Aragón decretó unos servicios mínimos para la huelga del 100 %. Sin embargo, al Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (Intress), empresa adjudicataria del COA, se le autoriza, en el pliego de condiciones, a establecer unas condiciones laborales menores a lo que marca ese 100 %, ergo, como asegura el coordinador del COA, Javier Itxaso: “Trabajamos más con la huelga que sin ella. La mantenemos para mantener el servicio”.
La situación actual dibuja un lóbrego panorama. Desde que Intress se hizo cargo se han contratado 24 educadores sustitutos, “gente que trabaja una semana, tres días y que no recibe ningún tipo de formación. Una persona me llegó a decir que qué tenía que hacer para no molestar”, apunta Itxaso. Trabajan tres personas en el turno de mañana, tres en el de tarde y dos de noche. Los cuadrantes para todo el año ya están hechos, pero la empresa está introduciendo modificaciones que provocan, por ejemplo, que en un turno estén tres educadores sin experiencia.
A los que más protestan, dice el coordinador, se les pone en noche o fin de semana, “es una represalia y un intento de estratificar a los trabajadores”. Para más inri, actualmente atienden a 26 menores, cuando el número máximo de plazas es de 24. Han interpuesto tres demandas por despido nulo, tras echar a tres educadores que llevaban tres y cuatro años empalmando contratos de sustitución; alegan que esos contratos “eran fraudulentos e indefinidos de hecho”. Y también cuatro denuncias ante la Inspección de Trabajo.
Todo esto está provocando un significativo aumento del absentismo laboral, con bajas por estrés y excedencias voluntarias y, sobre todo, afecta muy negativamente al funcionamiento.
En este centro, señala el coordinador, hay menores con problemas de salud mental, de agresividad, maltratados, discapacitados; que precisan de una atención casi personalizada. Sin remilgos, habla de “maltrato institucional”, porque “no puedes coger a un niño para darle protección y meterlo en un centro en el que va a sufrir abusos. No puede ser que aquí sufran cosas peores que las que viven en sus casas”. Sin ambages, afirma que ahora mismo no pueden “garantizar la seguridad de los menores”.
Son muchos los capítulos que han pasado para llegar a este postrero episodio. Para entenderlo, merece la pena echar la vista atrás.
La historia
Aunque la huelga comenzó en noviembre de 2014, las protestas vienen de atrás. En 2003 existían el COA 1 (menores de 6 a 14 años) y el COA 2 (de 15 a 18). El Gobierno de Aragón, entonces socialista, decidió externalizar el segundo y se lo adjudicó a la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM). En junio de 2008 también se privatizó el COA 1 y, del mismo modo, FAIM fue la adjudicataria. Desde septiembre de ese mismo año, ambos centros comparten ubicación y gestión a efectos legales, aunque manteniendo la separación para la atención a los menores.
Ya por esa época los educadores mostraban con asiduidad sus discrepancias alegando que no eran personal suficiente. No denunciaban (ni denuncian) solo el funcionamiento del COA, sino “todo el sistema de protección de menores en la Comunidad, que es deficitario”.
Como dice Murphy, “todo es susceptible de empeorar”. Y así fue. El 3 de octubre de 2014, el Gobierno de Aragón (PP) sacó los pliegos de las condiciones del concurso “con una notable precarización”. Solo FAIM se presentó, reduciendo en su oferta un 7 % el presupuesto, pero finalmente renunció, quedando oficialmente desierto el 22 de enero de 2015, cuando los trabajadores ya llevaban casi tres meses de huelga.
Parón que vino impelido por las condiciones del concurso. En concreto, sus peticiones principales eran dos: que se estableciera un ratio mínimo de educadores por turno y que los gastos de los menores fueran atendidos por la Administración. Este segundo no es un aspecto fútil a tenor de las cifras.
Hasta ese momento, el Gobierno de Aragón financiaba los gastos de los niños y niñas derivados de la compra de ropa, farmacia, desplazamientos, material escolar, óptica, dentista, peluquería… Que ascendían, según el entonces consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, a 28.000 euros anuales. Según los educadores, a 61.684. Pero con el nuevo pliego de condiciones, era la empresa adjudicataria la que debía hacerse cargo de los mismos.
Durante el mes de febrero, y hasta la cita electoral del 24 de mayo, apuntan los educadores, el PP negocio “a escondidas” con distintas empresas. Pasaron los comicios y todo parecía quedar en manos del partido que se hiciera con el poder en la Comunidad. Pero cinco días antes de que Javier Lambán (PSOE) tomara posesión de su cargo como presidente de Aragón, los populares (en funciones) adjudicaron el contrato a Intress.
Tras el relevo de poder, la nueva consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto (PSOE), se encontró con un trámite administrativo casi finalizado, a falta de una firma que, finalmente, puso el nuevo director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos.
Los educadores recuerdan que Broto fue muy beligerante por este asunto contra el PP cuando estaba en la oposición, pero cuando accedió al cargo alegó que el proceso estaba tan sumamente avanzado, que echarlo para atrás habría supuesto “incurrir en prevaricación”. Por tanto, lo rubricó, pero eso sí, so promesa de “inspeccionarlo al milímetro”.
Cambió el interlocutor, pero no las quejas. Tampoco varió, según los educadores, el nulo nivel de atención: “Nos reunimos un par de veces, pero no llegamos a ningún acuerdo. En los periodos electorales tenemos algún contacto y muestran cierto interés, después dejamos de tener noticias”.
Aducen estos que existen fórmulas legales para revertir la situación. Por ejemplo, realizar una declaración de lesividad del interés público, derivada de la “peligrosidad para los chavales del contrato firmado”. Otra opción, afirma Itxaso, es una adenda al contrato.
La relación con el Ejecutivo autonómico es, cuando menos, distante. Pero… ¿y con la empresa?
Itxaso lo resume rápidamente: “Se sentaron en la mesa con nosotros una vez, nos dijeron que si no desconvocábamos la huelga no iban a negociar, y se levantaron”.
Y así, tras esta larga sucesión de hechos, se llega a una situación actual en la que, como aseguran los educadores, los perjudicados son los chavales. Lo son ahora, y lo eran antes: “Este conflicto siempre ha sido más político y social que laboral, pero lo enfocamos por el tema labora porque era la única manera de mostrarlo”, afirma.