El juez ultima la causa para juzgar por fraude fiscal al Real Zaragoza
El Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza y la Unidad Antifraude de la Fiscalía provincial han logrado, dos años después, la colaboración de la justicia estadounidense para cerrar la causa en la que investigan por fraude fiscal al Real Zaragoza SAD: podrán interrogar por videoconferencia al exfutbolista Peter Luccin, residente en EEUU e imputado en la causa, para concluir las diligencias.
Esta será una de las últimas diligencias de la causa abierta en la primavera de 2014, cuando la Fiscalía, tras una investigación preliminar, denunció ante el juzgado el presunto fraude que había puesto en su conocimiento la Agencia Tributaria, y que supuso la imputación de la propia compañía deportiva como persona jurídica, además de sus exejecutivos Agapito Iglesias, Javier Porquera y Francisco Checa como presuntos autores y del exfutbolista como supuesto cooperador necesario.
El fisco les señala como responsables de haber escamoteado a la Hacienda pública alrededor de 450.000 euros. Las defensas sostienen que la Agencia Tributaria reclama esa cantidad por una indemnización laboral, que no devenga IRPF, mientras el ministerio público y la Abogacía del Estado mantienen que lo que cobró el exjugador eran, en realidad, conceptos salariales de los que sí deberían haberse derivado esos impuestos.
El exfutbolista está encartado por, presuntamente, haber aceptado a sabiendas el pago en esas condiciones presuntamente fraudulentas. La tramitación de la causa está prácticamente cerrada, explicaron fuentes judiciales, a falta de su interrogatorio, previsto para dentro de unas semanas.
El Real Zaragoza realizó hace un año una provisión a largo plazo de 835.000 euros para atender las eventuales consecuencias económicas de ese proceso penal.
La juez prorroga la investigación del presunto amaño con el Levante
No se trata del único frente que tiene en los tribunales de la jurisdicción criminal el Real Zaragoza, que el próximo otoño iniciará su cuarta campaña en Segunda Dvisión tras cerrar con un estrepitoso fracaso otra temporada sin brillo.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha declarado “causa compleja” la investigación sobre el presunto amaño del último partido de la temporada 2010-2011, que el Real Zaragoza ganó al Levante en su estadio por 1-2, resultado que garantizó la permanencia de los aragoneses en Primera.
La juez, que ha tomado esa decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción y tras rechazar la oposición de varias defensas, entre ellas la de Iglesias, dispondrá así de un año más, por lo pronto, para cerrar las pesquisas, centradas actualmente en el rastreo de documentación bancaria y en la que quedan por practicar numerosos interrogatorios.
La magistrada abrió la investigación tras presentar Anticorrupción una querella en la que señalaba a 42 personas físicas, entre jugadores y técnicos de ambos equipos y directivos del Zaragoza en aquella época –además de a la propia empresa deportiva como persona jurídica-, como presuntos responsables de una trama que habría derivado en la compra del partido a los jugadores del Levante por 965.000 euros.
Once jugadores, técnicos y directivos sacaron en metálico de sus cuentas, en vísperas del partido, una serie de cantidades que poco antes les habían sido transferidas por la sociedad anónima deportiva. La SAD las anotó como “primas”, aunque alguno de los receptores declaró que habían entregado ese dinero en efectivo a un responsable de la entidad sin preguntar qué finalidad tenía la operación. Anticorrupción mantiene que actuaron como pitufos y que mediante esa operativa ennegrecieron el dinero que después sería presuntamente utilizado en el supuesto soborno.
La hora de la verdad del millonario concurso
Ambas causas tienen que ver con hechos ocurridos, presuntamente, en la época en la que el Real Zaragoza estaba gestionado por Agapito Iglesias y sus colaboradores. Las eventuales consecuencias en forma de multas, indemnizaciones y prohibiciones para contratar con la Administración recaerían sobre la misma entidad, con independencia de que a su frente pueda haber ahora otro grupo de gestores.
Los actuales, un grupo de empresarios locales liderados por el expresidente de Telefónica César Alierta, tendrán que capear, de manera simultánea, la agónica situación financiera de la entidad, que arrastra una deuda de en torno a 80 millones de euros y que el 2 de julio debe hacer frente a los primeros pagos del concurso de acreedores derivado de su declaración de insolvencia de junio de 2011.
“Resulta imposible cumplir los compromisos de pago que establece el convenio, si estos vienen exigibles estando la concursada militando en dicha Segunda División, salvo que aparecieran nuevas fuentes de financiación”, repiten los administradores concursales en sus informes de seguimiento.
La compañía deportiva llega a ese momento clave en una peculiar situación. La llegada de los nuevos gestores, agrupados en torno a la Fundación Zaragoza 2032, que se hizo con el control del Real Zaragoza al cederle Iglesias “los derechos políticos inherentes” a su 90,23 % de las acciones, permitió inyectarle una liquidez que salvo al Real Zaragoza de la desaparición hace dos años. Y, poco después, se hicieron con la mayoría de la sociedad mediante una ampliación de capital en la suscribieron los 2,4 millones en acciones que se sumaban a los dos iniciales, el grueso de cuyos derechos políticos gestionan.
La salvadora que derivó en gran acreedora
Dos años después de haber servido para tomar el control de la empresa deportiva, esa fundación es, al mismo tiempo, una de los principales acreedores de la misma. De hecho, es el principal fuera del concurso, en el que ocupan los primeros puestos el club ucranio Shaktar Donetsk, con 14,2 millones en créditos ordinarios; una empresa de Iglesias, Zaragoza Plaza Center Campus Empresarial, con ocho en subordinados, y Hacienda, esta en el apartado de los privilegiados.
El grueso del débito procede, según narra una sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), de una operación formalizada dos días después de hacerse con los derechos de las acciones de Iglesias, cuando la fundación “concedió al Real Zaragoza SAD un crédito participativo por importe de 7.000.000 de euros con una duración hasta el 31 de diciembre de 2019 con un interés anual del 2 %”. Se trata de un préstamo convertible en acciones en caso de que la fundación no recupere el dinero. Los administradores concursales elevan los préstamos de la fundación a la SAD a 10,76 millones.
Fuentes jurídicas apuntan que, ante ese panorama concursal, y al carecer la entidad de cash suficiente para cubrir esos pagos, lo normal sería que el Real Zaragoza tratara de renegociar un nuevo calendario de liquidación de la deuda con los acreedores ordinarios del concurso. Sin ese acuerdo, cualquier incumplimiento en las cantidades o los plazos que aceptó el Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza habilitaría a cualquiera de ellos para solicitar la liquidación de la compañía deportiva.
Un eventual impago también deja en condiciones de instar esa medida a la Agencia Tributaria y al Gobierno de Aragón, instituciones con las que el Real Zaragoza, y también su filial inmobiliaria, acumulan deudas millonarias. En ambos casos, no obstante, se trataría de decisiones políticas, más que técnicas.
