Enrique Javier Díez-Gutiérrez es ensayista y profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León. Ha impartido la conferencia “La demanda del putero: responsabilidad y socialización de los hombres en la violencia prostitucional contra las mujeres” en la jornada de análisis crítico del demandante de prostitución, organizada por Hombres por la igualdad, Aragón.
En su intervención aseguró que, en la prostitución, no hay libre elección real en la relación por mucho que la mujer asegure que es prostituta por elección ¿por qué?
El análisis neoliberal utiliza el argumento del “derecho” que tiene toda mujer a prostituirse, y para ello invocan el “derecho a la autodeterminación” sobre el propio cuerpo y la sexualidad personal. Pero esta cuestión del consentimiento, de la “política de elección personal”, reposa sobre una visión neoliberal occidental que eleva la voluntad y las elecciones individuales en abstracto y fuera del contexto material que vivimos, así como por encima de los derechos humanos y de la noción de bien común. Por ejemplo; es cuestionable la libre elección real: ¿eres libre para comer si no tienes qué comer? En la prostitución solo existe el poder de imponer los deseos de los hombres a otras personas porque los puedes comprar, por eso no hay igualdad en la relación. Además, es el cuerpo, la voluntad y la personalidad de la mujer lo que se comercia, lo que se consume, la mercancía en sí, no sólo su fuerza de trabajo, o los bienes y servicios que pueda realizar, como sucede en otras actividades. Pero, además, en nombre de una cierta concepción del ser humano y del bien común, la colectividad ha juzgado necesario con frecuencia poner límites a la libertad individual (venta de órganos, esclavitud, ablación de clítoris, saltarse los semáforos en rojo, etc.). Según ese criterio del “libre consentimiento”, se habría podido admitir la esclavitud prestando atención a algunas voces de esclavos que se declaraban contentos de su suerte (como nos recuerda la “Mammy” esclava de Scarlett O'Hara en la película “Lo que el viento se llevó”, cuando los esclavos son liberados y ella reivindica “su derecho” a seguir siendo esclava).
¿Cuál es el límite que debería establecerse para comenzar a tomar decisiones en la estructura social, económica y política actual?
La posición del libre consentimiento manifiesta una clara incapacidad para discernir los desequilibrios estructurales actuales; nunca podrá ser objeto de un contrato de compraventa personas iguales en derechos y libertades. Más aún, trivializa el fenómeno masivo de la trata de mujeres y muchachas adolescentes, y tampoco tiene en cuenta el hecho de que los usuarios masculinos de la prostitución no se preocupan de saber si la “mercancía humana” que ellos adquieren consiente en ser puesta a su disposición sexual, cuestión que no les inquieta lo más mínimo. Los derechos humanos se establecieron para poner límites a determinadas formas de explotación (venta de órganos, esclavitud, …) a pesar de que algunos quieran mostrar que es una libre elección individual. Son derechos colectivos no sujetos a rebajarse ni interrumpirse ni eliminarse por deseos (ficticios o reales) individuales. Son una explotación y un abuso sexual, al margen del consentimiento de la víctima.
Afirma también que España es una anomalía en Europa, por la elevada demanda de prostitución que tiene.
España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo. Nuestro país es una anomalía porque en España casi un tercio de hombres ha recurrido al menos una vez en su vida a la prostitución. Es decir, que casi la mitad de los varones españoles ha sido alguna vez cómplice de este opresivo sistema de violencia machista contra las mujeres y las niñas y niños. ¿Cómo es posible qué en una sociedad más abierta y libre, como la española tras la etapa de la dictadura franquista, sigue habiendo tantos hombres y jóvenes que acuden a relaciones prostitucionales con mujeres o con otros hombres?. Un reciente estudio realizado en la Comunidad Valenciana sobre la prostitución en esta autonomía y el conjunto de España, dirigido por el catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia Antonio Ariño [titulado La prostitución en la Comunidad Valenciana (una perspectiva sociológica)] refleja que casi un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Según datos de la ONU en 1990 cuatro de cada diez españoles consumían prostitución, es decir el 39% y esto no ha variado sustancialmente en más de tres décadas.
¿A qué se debe esta anomalía?
El problema de fondo es que España es uno de los países donde el “consumo” de prostitución está menos desprestigiado. Las encuestas indican que un número creciente de españoles acude de forma habitual a la prostitución, sin que se les reproche socialmente.
¿Qué busca el hombre que paga por sexo?
La mayoría de los estudios e investigaciones en profundidad sobre el tema confirman que un número creciente de hombres busca a las prostitutas más para dominar que para gozar sexualmente. Parece como si una parte importante de la humanidad, los hombres que acuden a la prostitución, tuviera un problema serio con su sexualidad, no siendo capaces de establecer una relación de igualdad con las mujeres, el 50% del género humano, que creen que debe de estar a su servicio. Como si cada vez que las mujeres consiguen mayores cotas de igualdad y de derechos, estos hombres no fueran capaces de encajar una relación de equidad y recurrieran, cada vez con mayor frecuencia, a relaciones comerciales por las que pagando se consigue ser el centro de atención exclusiva, regresando a la etapa infantil de egocentrismo intenso, y una relación que no conlleva necesariamente ninguna “carga” de responsabilidad, cuidado, atención o respeto y equivalencia.
En su intervención en la Jornada lanzó una frase al público asistente “No toda actividad humana es sindicable” ¿qué quiere decir poniéndola en el contexto de la prostitución?
Esta es una frase de Luis Rabell. Como él dice, nunca ha podido haber un sindicato de esclavos. Cuando se han rebelado y autoorganizado, ha sido para abolir su esclavitud, no para negociar el número de latigazos que se les podían administrar. No hay acción sindical por debajo del umbral de los derechos humanos, cuya ausencia es característica fundamental de la prostitución. Por eso es el lobby proxeneta el que financia e impulsa el autodenominado “sindicato de putas”. Esos grupos que se presentan como “sindicatos de trabajadoras sexuales” se caracterizan por la escasa presencia de mujeres y por hacer propaganda de lo maravilloso que es ser puta.
Como dice una compañera: Sois tan machistas que ponéis continuamente el foco en el derecho de la mujer a ser prostituida. La legalización de la prostitución no da derechos a las mujeres. Lo que da es el derecho a los hombres de poder comprar y consumir mujeres. La prostitución es un privilegio masculino porque los “clientes” son siempre hombres. El consumo femenino de sexo de pago es irrelevante. En la prostitución, los únicos mal llamados “derechos” son los privilegios de los proxenetas y puteros.
Lo dice el “Informe sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género” del Parlamento Europeo, de febrero 2014, el cual afirma que la prostitución representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales, constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces y es una forma de violencia contra la mujer. Afirma que tiene un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad, así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género. Y explica que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad.
Si la regulación de la prostitución como profesión se llevara a cabo, como ha sucedido en otros países ¿cómo afectaría a las mujeres que ejercen?
La pregunta es ¿a quién beneficia la regulación como profesión y un sindicato de prostitutas? Solo a los proxenetas que pasarían a ser “empresarios”, dándoles un baño de respetabilidad y promoviendo un nuevo marco jurídico más ventajoso para la expansión de sus negocios; a las redes de trata que ya podrían convertirse en corporaciones empresariales que cotizan en bolsa (como así ha sido en Australia); a los puteros, mal llamados «clientes», puesto que esto les colocaría en una situación de supuesta «normalidad» y, en definitiva, al patriarcado que refuerza y normaliza la prostitución como una opción para las pobres afirmando que así se mejoran las “condiciones en que se viola”. Lo que hay que hacer es abolir la explotación de la prostitución, no negociarla.
En cuanto al uso del lenguaje ¿qué peso tiene y cómo de importante sería empezar a cambiarlo?
Necesitamos cambiar el lenguaje para desinvisibilizar y nombrar a los responsables de esta forma de violencia machista: hablar de prostituidores o puteros, que son quienes con su demanda mantienen y sostienen la industria prostitucional. Necesitamos cambiar el lenguaje para hablar claramente de violencia machista al referirnos a la prostitución en vez de utilizar eufemismos como “servicio sexual” cuando se habla de una forma de violencia extrema sobre las mujeres y niñas. También para hablar de mujeres prostituidas que pone la responsabilidad en quien las prostituye y ejerce esa violencia y no hablar de putas o mujeres prostitutas, término que las sigue estigmatizando y las convierte de víctimas en culpables. El lenguaje construye la realidad y debemos empezar por empezar a nombrar aquello que se pretende ocultar o invisibilizar y que se hace para seguir justificándolo y justificándonos.
Hacemos una parada en esa idea: cambiar el foco de la mujer al hombre. ¿Darles visibilidad a ellos, demandantes de prostitución, sería el primer paso para hacer justicia, al menos, social?
Cuando se habla de prostitución se oculta, protege y minimiza el papel de los hombres, de los prostituidores. Pero es clave entender el punto de partida de esta situación: “si no existiera demanda, no habría oferta”. Es decir, somos los hombres los que mantenemos, forzamos y perpetuamos el sometimiento a esta violencia de género, con nuestra demanda y socializando a las nuevas generaciones en ella. La prostitución se justifica como una realidad social “inevitable” algo natural e inamovible. Los hombres de derechas prefieren que permanezca en la sombra para mantener su doble moral. Los de izquierdas desean que se legalice, alegando la defensa de los derechos de las trabajadoras y “para liberar al resto de los seres humanos del yugo de la moral retrógrada”. Ambos planteamientos eluden los mecanismos de poder patriarcales que lo fundamentan.
Las investigaciones que se dedican al tema los ignoran y a los prostituidores mismos les cuesta aceptar su condición, representarse como tales. Cómo miraríamos en una reunión de trabajo a algunos de los hombres presentes en ella si supiéramos que son maltratadores. Qué exigiríamos si además han sido denunciados. Sin embargo, aceptamos implícitamente que buena parte de los hombres que están en las reuniones podrían ser prostituidores, clientes y usuarios de esta violencia de género, sin ruborizarnos. En las reuniones familiares y de amigos y amigas. En los talleres que hacemos con los jóvenes, cuando planteamos esto en algún momento, surgen comentarios “cómplices”, risitas, insinuaciones y alusiones, que se convierten en motivo de chascarrillo y que hacen que minimicemos el sistema prostitucional porque lo hemos “normalizado” demasiado. Este rechazo a afrontar un examen crítico sobre los usuarios de la prostitución, que constituyen de lejos el más importante eslabón del sistema prostitucional, no es otra cosa que una defensa tácita de las prácticas y privilegios sexuales masculinos.
Es usted profesor ¿cómo está afectando este escenario a los y las jóvenes?
Los y las jóvenes son también reflejo de la sociedad adulta en la que viven. Somos el mundo adulto quienes construimos un mundo, inculcamos unos valores y generamos una estructura que les ofrecemos y les presentamos como el modelo a seguir. Y actualmente estamos socializando a las jóvenes generaciones en el consumo de la prostitución como si fuera una mercancía más. El consentimiento social, ya no tácito sino explícito, influye en el proceso de socialización de los chicos y jóvenes en el uso de la sexualidad prostitucional. El problema de la socialización que se vive en nuestras sociedades sobre la prostitución sitúa a todo varón homo o heterosexual como un potencial “cliente” una vez que ha dejado de ser niño. Si a esto añadimos la regulación de la prostitución como una profesión estaríamos generando unas expectativas de socialización donde las niñas aprenden que la prostitución podría ser un posible “nicho laboral” para ellas, y los niños aprenden que sus compañeras pueden ser “compradas” para satisfacer sus deseos sexuales.
¿Tiene el profesorado herramientas para educar en este sentido desde las aulas? Y ¿cómo educar desde las familias si uno de cada tres españoles son usuarios de sexo de pago?
¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las chicas en los colegios sabrán que su futuro laboral puede ser prostitutas, y sus compañeros de pupitres, los chicos, sabrán que puede “usarlas” si tienen el suficiente dinero para pagar por ello comprándolas? Pensemos que España es uno de los países donde el “consumo” de prostitución está menos desprestigiado, por eso cualquier intervención en este problema debería tener en cuenta las representaciones que en el imaginario social legitiman la prostitución. Las leyes de Códigos Penales o los tratados internacionales son necesarios, pero se necesita también contrarrestar prácticas convalidadas por las costumbres o que se legitiman regulándolas socialmente: derechos de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, derechos de los poderosos sobre el cuerpo de los débiles. Los hombres debemos resolver nuestros problemas de socialización para aprender a vivir sin servidoras sexuales y domésticas.
Para ello es necesaria la educación afectivo-sexual desde la infancia en la escuela y en la familia. Es crucial que los actores protagonistas de la educación afectiva, relacional y sexual de las futuras generaciones sean la familia y la escuela, y no la pornografía que es la pedagogía de la prostitución, como bien explica y desarrolla la profesora Rosa Cobo. Dejar únicamente la educación y la formación de los jóvenes en manos de la oferta y la demanda de internet, de los beneficios de la industria tecnológica y de la pornografía cada vez más violenta, cada vez más misógina y brutal, solo puede suponer una catástrofe en la vida afectiva y amorosa de las futuras generaciones que volverán a repetir nuestros mismos errores porque no hemos querido regular colectiva y socialmente una de las fuentes principales de influencia en su cosmovisión y en sus valores: los medios de comunicación y las redes sociales.
Usted, propone un decálogo con una serie de medidas para acabar con la prostitución en España. Una de ellas es tener en cuenta acciones que ya se han llevado a cabo con éxito en países como Francia o Suecia ¿cuáles son y porqué están surtiendo efecto?
Suecia y Francia han abordado el problema de raíz con leyes abolicionistas de la prostitución. Estas leyes sitúan el foco en los hombres. Centran las medidas en la erradicación de la demanda a través de dos estrategias fundamentales: la denuncia, persecución y penalización del prostituidor o putero: Suecia y Francia penalizan con cárcel de hasta 6 meses o multa de hasta 1.500€ (3.750€ si se reincide); y segunda, deslegitimar social y públicamente a los prostituidores/clientes: mandando una carta a su domicilio familiar en la que se explica por qué se le sanciona. A la vez establecen programas sociales con una alta financiación (que en buena parte viene de lo embargado a la industria prostitucional y de trata que es la segunda industria ilegal que más dinero mueve en el mundo tras el comercio de armas) para dar alternativas a las mujeres prostituidas: dotación económica suficiente y embargo de bienes de la industria del sexo para ofrecer alternativas laborales y sociales dignas y estables a las mujeres. Este es el enfoque y las medidas que se contemplan en la Propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional -LOASP- que han hecho llegar las organizaciones feministas del Estado al Gobierno y que éste tiene encima de su mesa (si no la ha guardado en un cajón) y que solo hace falta que tenga voluntad política para aprobarla en el Parlamento y aplicarla en España.
Lanza el guante a las ciudades aragonesas para que entren a formar parte de la red de municipios libres de trata ¿Quiénes forman parte y cuál es su finalidad?
La Red de Municipios libres de Trata y Prostitución son municipios, diputaciones, organismos públicos, organizaciones y personas individuales que luchamos por abolir la demanda de prostitución que provoca el tráfico y la prostitución de mujeres, niñas y niños. Nuestra propuesta se basa en el modelo sueco y francés de persecución de quienes ejercen este tipo de violencia machista contra las mujeres y las niñas y denuncia de una sociedad que es cómplice cuando mira para otro lado o lo quiere integrar en la economía neoliberal del mercado como un «servicio» de las mujeres pobres a disposición de los hombres que pueden comprarlas. Porque si la integramos en la economía de mercado, estamos diciendo que es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no sería necesario remover las causas ni las condiciones sociales que la posibilitan. Así se refuerza la normalización de la prostitución como «opción para las pobres».
¿Cuántos municipios hay adscritos hasta la fecha en España?
La Red de Municipios Libres de Trata y Prostitución se inició en 2015 en el Ayuntamiento de Zamora y agrupa actualmente a 214 Ayuntamientos e Instituciones Públicas que han aprobado mociones y ordenanzas, con enfoque abolicionista, con compromisos claros y medidas concretas para regular el espacio comunitario de los municipios para erradicar esta forma extrema de violencia machista. Cualquier grupo municipal o colectivo social puede presentar al pleno municipal la moción de la Red que está en su web y una vez que es aprobada por el Pleno municipal y se articulan las medidas propuestas en la moción puede unirse y ser parte de esta Red.