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Los funcionarios de la Junta de Andalucía son los peor pagados de las administraciones autonómicas

Archivo - Imagen de archivo de funcionarios de la Junta de Andalucía en el edificio Torre Triana.

Néstor Cenizo

Málaga —

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Los funcionarios de la administración general de la Junta de Andalucía son los peor pagados de todas las administraciones autonómicas españolas, según un informe del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). La diferencia retributiva se debe a que cuentan con los complementos específicos más bajos que en otras comunidades autónomas. Esta es la parte del salario público que fijan las comunidades autónomas. En Andalucía está congelada desde el año 2002, mientras que el resto de la retribución (sueldo base, trienios y complemento de destino) está fijada a nivel estatal y es igual para todas las comunidades autónomas.

Las retribuciones de un funcionario autonómico constan de tres conceptos básicos: el sueldo (asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional); los trienios; y las retribuciones complementarias (de destino y específico). Las comunidades autónomas tan solo regulan y abonan el complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo según su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. El resto de conceptos se abonan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

De esta forma, un titulado superior o equivalente en un puesto base (A1 nivel 22) en Andalucía está a la cola y cobra 8.499,14 euros menos que la media de puestos similares en el total de las comunidades autónomas. Mientras que en esta comunidad la retribución complementaria para ese puesto estándar sería de 6.146,28 euros, en el País Vasco alcanza los 21.962,10 euros y en la media nacional supone 14.645,42 euros, según el Informe sobre las diferencias retributivas entre el funcionariado de la Administración General de la Junta de Andalucía y el resto de CC.AA.

Para los jefes de sección o equivalente (A1 nivel 25), la diferencia respecto a la media autonómica es de 10.619,38 euros (15.044,76 euros en Andalucía frente a 25.664,14 euros de media); de 4.140,64 euros (5.194,32 frente a 9.334,94) en un puesto base administrativo o equivalente (C1 nivel 15); y de 3.694,72 euros (9.669,48 frente a 13.364,20) para el puesto de estructura o equivalente (C1 nivel 18).

Los cuatro puestos tipo han sido escogidos porque los subgrupos A1 y C1 concentran el 75% del personal funcionario de la administración general de la Junta de Andalucía. En los cuatro, Andalucía es la comunidad autónoma que cuenta con las retribuciones más bajas.

Una negociación estancada

Los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial (SAF, CSIF, UGT, CCOO y ISA, de mayor a menor representación) exigen a la Consejería de Justicia y Función Pública una mejora del complemento de destino desde el pasado verano, para lo que han mantenido ya algún encuentro con el secretario general de administración pública. Sin embargo, hasta ahora se han encontrado la puerta cerrada, por lo que en paralelo mantienen abierta la vía de la movilización, y han celebrado dos concentraciones (en octubre y noviembre) ante las ocho sedes provinciales de la consejería.

La única reunión, celebrada el pasado 20 de noviembre (dos meses después de que la solicitaran), generó en los representantes sindicales cierta sensación de incredulidad. Allí, el secretario general les acusó de usar datos sesgados o inventados, les requirió estudios técnicos que soporten la pretensión de una subida salarial y les transmitió que les queda “mucho trabajo por hacer” para iniciar una “negociación sólida”, según los sindicatos, que interpretaron el gesto como un intento indisimulado de ganar tiempo por parte de la Junta de Andalucía.

Con su informe, el SAF busca desactivar el argumento (excusa, según ellos) de la administración, y servirá al sindicato de soporte para exigir la mejora de los salarios de estos trabajadores públicos, unos 20.000 en toda la administración andaluza.

Según los sindicatos, la pérdida de poder adquisitivo del salario de los funcionarios de la administración general de la Junta de Andalucía alcanza el 15,92% desde el año 2010, y supera el 20% si se le suma el recorte aún vigente de las pagas extraordinarias, suprimidas desde 2013. A esta cifra se llega teniendo en cuenta que en 2010 el Gobierno de España (por entonces en manos de José Luis Rodríguez Zapatero -PSOE-) recortara el 5%, y que en los siguientes años de la crisis (2011-2015) la subida fuera del 0%.

En los últimos años las subidas han oscilado entre el 1 y el 3,5%, generando un 11,15 de subida acumulada desde 2010, insuficiente para compensar un IPC acumulado del 27,07%. El sindicato subraya que el efecto es aún mayor que en otras comunidades, pues el coste de la vida en Andalucía es superior a otras como Extremadura, Castilla La Mancha o Murcia, particularmente en provincias como Sevilla o Málaga.

Subidas de los altos cargos y del Presidente

Frente a este estancamiento, el informe hace hincapié en las subidas retributivas de otros grupos de funcionarios que la Junta de Andalucía sí ha afrontado, como el del personal sanitario (el SAS cuenta con más de 40.000 trabajadores públicos), con el acuerdo para destinar 46 millones de euros a todas las categorías (una mejora media de 60 euros más al mes) desde abril de 2022, los 300 millones de euros destinados a equiparar las retribuciones del personal docente (123.000 trabajadores) con la media nacional en mayo de 2022, o las mejoras para el personal docente investigador o los letrados del SAS.

El Decreto Ley 11/2023 mejoró también las retribuciones de todos los altos cargos un 15% y del Presidente, Juan Manuel Moreno, un 18,8%.

SAF y el resto de sindicatos acusan a la Junta de Andalucía de no adoptar ninguna medida para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios andaluces, “a diferencia de lo que han hecho otros gobiernos autonómicos”.

“La Junta de Andalucía padece un claro retraso en la implantación de complementos retributivos que corrijan la grave pérdida de poder adquisitivo de su personal, sin que ninguno de los Gobiernos de los últimos 15 años haya tomado medidas para atajarla”, señala el SAF. “De no hacerlo de forma urgente la Administración andaluza se verá avocada a la degradación de la calidad del servicio público que presta, debido a una escasa capacidad de atracción y retención de talento así como de desmotivación generalizada de su personal”.

Mientras que en Andalucía rige el complemento de destino, nueve comunidades autónomas reconocen también complementos de carrera horizontal o análogos, creados y regulados entre 2008 y 2022 de forma que se produce un reconocimiento automático de tramos en función de la antigüedad. Además, varias comunidades ofrecen también una retribución complementaria por productividad.  

La Junta de Andalucía ha establecido un nuevo sistema retributivo en la Ley de Función Pública, aprobada en 2023. Sin embargo, este está aún pendiente de desarrollo reglamentario. 

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