Vecinos de una urbanización de Estepona piden al juzgado que actúe contra el alcalde por ignorar sus resoluciones

En marzo de 2024 una jueza advirtió al Ayuntamiento de Estepona y a su alcalde: debían cumplir ya una sentencia dictada en 2022 o, de lo contrario, los multaría y llamaría al fiscal para que los investigue por un posible delito de desobediencia. Nueve meses después, los vecinos beneficiados por la sentencia, que declara la nulidad de pleno derecho de la expropiación irregular de una calle y obliga a reponer la situación previa, han vuelto al juzgado para pedir a la magistrada titular que cumpla su advertencia, ya que el Consistorio sigue sin llevarla a término.

En un escrito presentado el pasado lunes al juzgado contencioso-administrativo 5 de Málaga, al que ha tenido acceso este medio, el abogado Luis Sáenz de Tejada, que representa a los vecinos de la comunidad de propietarios de la Urbanización Albayalde, solicita que deduzca testimonio contra el alcalde José María García Urbano (es decir, que informe a Fiscalía para que investigue si está cometiendo un delito), que ordene nuevamente la identificación de los funcionarios que siguen ignorando las resoluciones judiciales y que imponga ya las multas.

El Ayuntamiento no ha respondido a las preguntas de este medio.

El conflicto tiene su origen en una pequeña calle privada, de apenas cien metros, que el Ayuntamiento insiste en expropiar desde hace años. Justifica su empeño en la necesidad de permeabilizar al tráfico una zona encajonada entre la autovía A-7 y la línea de costa. Los vecinos entrevén también un deseo de impulsar el proyecto de un centro comercial hoy abandonado.

El Consistorio empezó ofreciendo a los vecinos un precio ridículo y, pese a la oposición de la comunidad de propietarios, siguió adelante con el procedimiento, hasta que este acabó siendo tumbado por los tribunales porque la calle no está declarada de utilidad pública.

Una larga historia de incumplimientos

Según el abogado, el Ayuntamiento está “tomando el pelo” a los vecinos y al juzgado desde hace años. Aunque se han repuesto las vallas que delimitan la propiedad privada, el Ayuntamiento no ha movido un dedo para que el Registro de la Propiedad y el Catastro recojan que la calle Bauprés no es pública, sino privativa de los vecinos de la comunidad de Albayalde.

El asunto tiene ya un largo recorrido judicial. Sin embargo, nunca ha habido dudas en los tribunales: la expropiación de la calle Bauprés fue declarada nula de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por sentencia de 17 de febrero de 2022, luego confirmada por el Tribunal Supremo.

En vista de que el Ayuntamiento no cumplía voluntariamente, los vecinos solicitaron la ejecución judicial de la sentencia, y se vieron respaldados por el juzgado, que concedió un mes para ejecutar, y por el TSJA, después. Sin embargo, el Ayuntamiento siguió dando largas, y volvieron a instar la ejecución, a lo que el Ayuntamiento se opuso alegando la imposibilidad jurídica y material de cumplir la sentencia, al contravenir supuestamente el PGOU municipal. El Consistorio también deslizaba la presunta inutilidad de devolver la calle a los vecinos porque su intención seguía siendo expropiársela, para lo que confiaba en culminar el nuevo expediente que había iniciado. Pero el juzgado no compró el argumento y en julio de 2023 volvió a ordenar al Ayuntamiento que cumpliera, algo que reiteró el TSJA apenas unos meses después.

El juzgado ya advirtió al Ayuntamiento con multas y Fiscalía

La tozudez del Ayuntamiento acabó por cansar al juzgado en marzo de este año. En un auto del que ya dio cuenta este medio, recordó que el nuevo expediente de expropiación no justifica el “reiterado incumplimiento del Fallo de la sentencia por la Administración” y subrayó el “claro perjuicio” que estaba sufriendo la Comunidad de Propietarios, a la que se le estaba privando del derecho reconocido en la sentencia.

“Por todo lo cual, y visto que el Ayuntamiento de Estepona ha incumplido en reiteradas ocasiones la ejecución de los términos de la sentencia dictada”, la magistrada indicaba expresamente al Consistorio lo que debía hacer: “Reponer la calle Bauprés en la situación anterior al procedimiento expropiatorio declarado nulo de pleno derecho, llevando a cabo las actuaciones pertinentes para ello, así como a la reposición de las vallas y puertas que fueron retiradas”. Es decir, llevar a cabo “las acciones pertinentes” y, además, reponer las vallas.

Si no, informaría al fiscal para que investigase si el “personal responsable” estaba cometiendo un delito de desobediencia. Y en todo caso, pidió al Ayuntamiento que le dijera ya quién eran los funcionarios a cargo del expediente para multar a cada uno de ellos con 1.500 euros, reiterando la multa “hasta la total ejecución de la sentencia”.

El efecto de la advertencia fue inmediato, pero solo sobre la realidad material. De un día para otro, el Consistorio envió a sus operarios a reponer puertas y vallas. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha movido un papel para devolver ese terreno a la Comunidad de Propietarios, para lo que debería instar a la modificación de su situación registral y catastral. Tanto en el Registro de la Propiedad como en el Catastro, el titular de la calle sigue siendo el Ayuntamiento de Estepona, y la parcela comunitaria sigue constando como segregada por efecto de la expropiación declarada nula.

El Ayuntamiento tampoco ha llegado a identificar a los funcionarios responsables para multarlos, tal y como exigía el auto judicial.  

Un juzgado llegó a abrir diligencias de investigación penal por si hubiese prevaricación en la reiteración del Consistorio en expropiar la calle, pero acabó archivando. Ahora, los vecinos vuelven a instar al juzgado de lo contencioso para que cumpla la advertencia que lanzó en su día, lo que implicaría la intervención, al menos, de Fiscalía.

Un alcalde en el ojo del huracán

Este asunto por una calle, aparentemente menor, puede añadir una nueva complicación judicial a un alcalde que ahora está en el ojo del huracán por un escándalo sexual con posible derivada económica.

Un juzgado de instrucción esteponero le investiga a raíz de una denuncia en la que un agente de la policía local relata que él y su mujer fueron forzados por García Urbano a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza explícita de que, si no lo hacían, su puesto de trabajo estaba comprometido. El alcalde dice que la denuncia es falsa y ha pedido su archivo. El Ayuntamiento llegó a contratar a la mujer durante tres meses, al final del pasado mandato, para un cargo de confianza para el que no tenía formación o experiencia. Le pagó unos 15.000 euros, si se atiende a las remuneraciones habituales de los cargos de confianza en el Consistorio esteponero.

El asunto de la calle Bauprés y la resistencia del Consistorio a cumplir las sentencias guarda similitud con otros casos de alcaldes que ignoran de forma palmaria resoluciones judiciales sin que nada pase. Es el caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Marbella, que fue multada con 1.000 euros e investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo por incumplir reiteradamente una sentencia que obliga al Ayuntamiento a demoler una edificación ilegal desde hace 15 años. El fiscal de Marbella, que recibió el caso cuando ella dejó de ser aforada, archivó el asunto pese al profundo malestar de los magistrados del TSJA con la actitud de la alcaldesa y el Ayuntamiento de Marbella, tal y como informó este medio. El edificio, por cierto, sigue en pie.

En otros casos, como el de Carboneras y El Algarrobico, el Consistorio ha usado durante años todas las artimañas judiciales y administrativas para demorar las resoluciones judiciales que obligan a reclasificar su el PGOU un terreno en el que la normativa de costas y de protección ambiental prohibía construir desde 1994. Aquí, los alcaldes se han librado de las multas, a pesar de las advertencias reiteradas del TSJA, a base de dar pequeños pasos hacia la demolición que luego no eran tales.