La Guardia Civil certifica que el fiscal general cambió de teléfono una semana después de que el Supremo abriera la causa contra él

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha enviado un informe al Tribunal Supremo en el que explica que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, cambió su terminal de teléfono móvil el pasado 23 de octubre. Pocos días después de que el tribunal abriera una causa contra él por revelación de secretos y una semana antes de que el juez Ángel Hurtado enviara a los investigadores a la Fiscalía a requisar sus teléfonos y correos electrónicos. La Guardia Civil no encontró nada en esos terminales y desde la Fiscalía se alegó que el cambio de teléfono había tenido lugar en base a un procedimiento interno de seguridad y protección de datos.

Los agentes de la UCO acudieron al despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre por orden del juez Hurtado para buscar cualquier mensaje o correo de los últimos siete meses que hiciera referencia a la posible filtración de datos del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo investiga si desde la Fiscalía se filtró un correo en el que su abogado reconocía ante la Fiscalía dos delitos fiscales.

Los agentes intervinieron los teléfonos y cuentas de correo de García Ortiz pero no encontraron nada relevante para la investigación. Cero mensajes de WhatsApp y medio centenar de correos de los que solo uno hacía referencia al caso de Alberto González Amador, sin revelar datos sobre la posible filtración. El juez pidió entonces más detalles a la UCO sobre los teléfonos que usaba el fiscal general.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha alegado que el fiscal general cambió de terminal siguiendo un procedimiento interno habitual de protección de datos y de información confidencial. Ahora ha sido la UCO la que ha entregado un informe al juez en el que explica que cuenta con dos números de teléfono y que “el inicio de actividad” de los “IMSIs aparejados a los IMEIs” es el 23 de octubre de 2024. “Es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas”.

El término IMSI designa las siglas en inglés de Identidad Internacional de Abonado Móvil. Se trata de un número único de 15 dígitos que figura en la tarjeta SIM y sirve para identificar a un abonado de telefonía móvil.

El Tribunal Supremo comunicó públicamente el pasado 16 de octubre, unos días antes, que la Sala de lo Penal había abierto una causa para investigar si el fiscal general o la fiscal superior de Madrid habían participado en la filtración de la confesión de Alberto González Amador. Una semana después del cambio telefónico que apunta la UCO, el juez Hurtado ponía la causa bajo secreto de sumario y enviaba a la Guardia Civil a los despachos de ambos para buscar pruebas de la filtración.

El PP exige el cese del fiscal general

Dirigentes del Partido Popular se han lanzado en tromba en la tarde de este viernes a exigir que el fiscal general sea “cesado fulminantemente” en diversos mensajes hechos públicos en la red social X (antes Twitter), tras acusar a García Ortiz de intentar “ocultar pruebas” por su cambio de terminal móvil.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha ironizado con que, “curiosamente, a García Ortiz le llegó la necesidad de cambiar de teléfono justo cuando le imputó el Supremo”. Acto seguido ha señalado al fiscal general por lo que califica de “intento de ocultar pruebas” en referencia al protocolo de seguridad de la Fiscalía, algo que, en opinión de Gamarra, “le delata como culpable”.

A su vez, la diputada y vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Ester Muñoz, ha insistido en que el fiscal general “tiene que ser cesado fulminantemente” y ha cuestionado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “será capaz de cesar a quien cumplía órdenes”. Muñoz también ha tildado al fiscal general de “presunto delincuente” y ha asegurado que ha sido “pillado intentando borrar pruebas”.

Batería de testificales

La causa por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal superior de Madrid, tiene por delante una batería de diligencias a lo largo del mes de enero. El próximo miércoles ocho de enero será Miguel Ángel Rodríguez quien testifique ante el juez Hurtado a petición de la Fiscalía. Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, fue el primero en difundir a varios medios de comunicación parte de los correos que el abogado de Alberto González había cruzado con el fiscal del caso, aunque manipulados para dar la impresión de que era la Fiscalía la que le ofrecía un pacto y no al revés.

Esa misma semana testificarán también ocho periodistas de medios de comunicación que, entre el 13 y el 14 de marzo de este año, informaron sobre el contenido de estos correos o los publicaron de forma íntegra.

A lo largo del resto del mes de enero también comparecerán como testigo Julián Salto y Almudena Lastra. El primero es el fiscal que investigó y denunció a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, imputado en un primer momento por la supuesta filtración de sus datos aunque posteriormente exonerado. A lo largo del caso ha explicado que entregó los correos a la Fiscalía General cuando, en la noche del 13 de marzo, le fueron requeridos para desmentir una información falsa del caso.

Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, es su superior y también testificó ya ante el Tribunal Superior de Madrid. Posteriormente comparecerán, también como testigos, los responsables de comunicación de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid.