“Los espacios rurales han venido quedando excluidos de una serie de redes, fundamentalmente en las que se concentran las actividades socioeconómicas y la generación de valor”, apunta Joaquín Farinós, catedrático de Análisis Geográfico Regional por la Universitat de València. Lo hace en el segundo capítulo del Libro Blanco de la Despoblación bajo el título de ‘Ordenación del territorio para la cohesión territorial como equilibrio y manifestación espacial de la justicia social frente a la despoblación’.
Durante una treintena de páginas el autor busca dar respuesta a la cuestión de “cómo la ordenación del territorio puede contribuir a dar soluciones para el problema del despoblamiento de los espacios rurales e interiores”. En un momento que define como de “transición”, pues se está tratando de configurar “un nuevo modelo de desarrollo”, que alcance la sostenibilidad en “lo ambiental y económico” y a su vez en el aspecto “social e institucional”.
Para el geógrafo, la ordenación del territorio es una cuestión esencial para lograr un equilibrio poblacional. “La ordenación responde tanto al objetivo de equilibrio o corrección de los desequilibrios existentes, como de potenciar el progreso de todos y cada uno de los territorios y de su población”, detalla Farinós y añade seguidamente que debería ser un “proceso ciudadano de acuerdo y compromiso” y contar con la “participación de todos los agentes” involucrados en la evolución de un espacio concreto.
No obstante, a lo largo del epígrafe, Farinós insiste en que “las ciudades continúan concentrando actividades, la toma de decisiones y las mayores oportunidades de desarrollo”. A pesar de que, continúa el autor, estas se pueden “deslocalizar” en zonas rurales independientemente de la distancia a la que se encuentren.
Así, uno de los problemas que pone sobre la mesa el geógrafo es que los territorios rurales se utilizan para que los núcleos entendidos como urbanos puedan continuar creciendo. “El peaje que los espacios rurales han debido pagar es la renuncia a su ruralidad para acabar acogiendo actividades, bienes y servicios de y para la ciudad”, manifiesta el geógrafo. Él mismo apunta algunos ejemplos y remite a la “vivienda, infraestructuras de comunicación, transporte, energía o suelo industrial y logístico”.
Las energías renovables
También, apela al caso de las instalaciones de energías renovables. Habla de “descompensaciones y deseconomías externas de un sistema” que asigna a los territorios rurales la función de producir energía para garantizar que las zonas urbanas tengan suministro. Incluso, apunta que esta práctica se realiza, aunque tenga un “escaso beneficio” para los entornos rurales.
Estos últimos, según explica Farinós, terminan por ser lo que denomina como “territorios de sacrificio”. Esto es porque van viendo reducirse la cantidad de “explotaciones familiares y los medios de producción” que gestionaban los habitantes de estos lugares. El geógrafo apunta que muchos se fueron en la década de los 60 por el “rápido e intenso éxodo rural”, mientras en paralelo se vivía el proceso de urbanización. “La ciudad pasó a ser la seña del orden, el progreso y la modernidad”, revela.
Como consecuencia, las áreas rurales se convierten en “territorios de conflicto”. En relación con las energías renovables viene por la “desproporción de algunos megaproyectos”, que no muestran una “adecuada planificación y respuesta institucional adecuada”. “Estas iniciativas suelen carecer de vínculos y raíces con el lugar. Por tanto, tienen escasos efectos positivos sobre el desarrollo local e incluso regional”, reconoce el experto, ya que se centran más en dar respuesta a “grandes fondos internacionales” antes que a los del lugar. Algo que desemboca en un impacto social y ambiental “intenso” e incluso “irreversible”.
Proyectos de renovables en Teruel
Lo mencionado sobre las energías renovables por Farinós se vive en la provincia de Teruel. Aquí, se han proyectado numerosos parques fotovoltaicos y de aerogeneradores para ser ubicados en el entorno natural de zonas rurales. Uno de ellos sería el Clúster del Maestrazgo, que contempla la instalación de 20 parques que comprenden más de 125 aerogeneradores.
Hace ya más de un año se obtuvo la Declaración de Impacto ambiental favorable, pero en marzo de este año la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, Fundación de Conservación del Quebrantahuesos, Movimiento Ciudadano Teruel Existe y la Plataforma No a la MAT de la parte norte de Castellón decidieron presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid.
Este proyecto de aerogeneradores pondría en peligro el Geoparque del Maestrazgo y paralizó el programa LIFE que estaba llevando a término la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Con este plan se trataba de recuperar esta especie de aves y se comenzó con la introducción de dos ejemplares.
Otro de los proyectos de renovables que ha azotado en los últimos meses el territorio turolense ha sido la construcción de 18 parques eólicos en la Sierra de Albarracín. En los primeros días de enero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la Declaración de Impacto Ambiental favorable. Entre los municipios afectados se encontraban: Blancas, Pozuel del Campo, Albarracín, Bronchales, Orihuela del Tremedal o Almohaja.
El movimiento ciudadano de Teruel Existe presentó denuncias por “delito ambiental” ante la Fiscalía de Teruel y la Sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado porque “durante el procedimiento administrativo se cometieron numerosas irregularidades”, según compartieron en una nota de prensa. Sin embargo, el 14 de mayo se ha anunciado que esos parques proyectados para la Sierra de Albarracín han quedado desestimados porque han caducado por “incumplimiento de los plazos en la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental Favorable y la Autorización administrativa previa”.
Farinós concluye en el capítulo correspondiente del Libro Blanco de la Despoblación que “la ordenación del territorio, incluyendo la ordenación ambiental, debe jugar un papel fundamental para asegurar el mantenimiento de la actividad productiva en las zonas rurales”. De igual forma, apela a que la conservación del paisaje y el patrimonio tiene que “apoyar y ser compatible con un nivel de bienestar suficiente para la población rural, que debe tener las mismas oportunidades de poder contar con un proyecto de vida que la población urbana”.