El pozo de gas de Centenera, que desató la inquietud en La Ribagorza, no llegará a ser reabierto

El pozo Carlota, en Centenera (Graus), no llegará a ser reabierto. El Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) ha emitido un informe desfavorable al plan de restauración de la promotora, Pyrenees Energy Spain, “en tanto no se garantiza la protección ambiental y la gestión adecuada de los residuos de acuerdo a documentación presentada”.

La resolución, fechada hace unos días, acaba con el proyecto de extraer gas de esa supuesta bolsa localizada por Enapsa (Empresa Nacional de Petróleos del Pirineo) a mediados del siglo pasado para acabar desistiendo de su explotación en 1967 al concluir que no iba a alcanzar los objetivos inicialmente previstos y que había levantado una fuerte oposición en el territorio por los paralelismos con el ‘fracking’ que presentaba la técnica que planteaba aplicar la compañía, sucesora de Industrias Mineras de Teruel y con vínculos con el Banc Sabadell.

La aventura, que entonces llegó a durar siete años, ha terminado ahora con una mayor rapidez y, en cualquier caso, sin haber pasado del papel al monte.

Y eso que, según la promotora, se trataba de un emplazamiento en el que “el gas presenta la capacidad de fluir naturalmente y sin estimulación del yacimiento al sondeo” por tratarse de “un yacimiento carbonatado fracturado en el que el gas fluye de manera natural hacia el sondeo a través de las fracturas del macizo rocoso” pese a encontrarse el depósito “confinado por más de 500 metros de roca impermeable” de tipo marga.

Un informe con carencias y sin firma ni autor conocido

La autorización inicial del Gobierno de Aragón daba a Pyrenees Energy Spain cuatro años para realizar los sondeos previos a la extracción y para tomar una serie de medidas ambientales entre las que destacaban la prevención de la contaminación de los acuíferos de la zona y la obligación de “asegurar la inocuidad del proyecto sobre las aguas superficiales y subterráneas”, una de las consecuencias más habituales, junto con el hundimiento de terrenos, del ‘fracking’ o fractura hidráulica un sistema vetado por la vía de los hechos en la comunidad autónoma hace ya cinco años.

La explotación del pozo, que debería suspenderse en caso de detectar daños en los sistemas hídricos, iba a generar, por otro lado, el lanzamiento a la atmósfera de más de mil toneladas de CO2 al cabo del año “por la quema del gas natural en la antorcha siempre y cuando se obtengan esos flujos”. Eso iba a ocurrir en una zona catalogada como de riesgo de incendio forestal medio-alto.

Sin embargo, al final no llegarán a realizarse ni siquiera los sondeos previos. “El informe desfavorable está motivado en la ausencia de firma y la no identificación de los autores y su titulación de manera que se justifique su solvencia técnica”, señala la resolución del Inaga, que también destaca la existencia de “carencias documentales que dificultan su valoración” y “la no incorporación al documento de algunos de los condicionados de la declaración de impacto ambiental”.

No obstante, ese mismo informe abre la puerta a que “el promotor pueda iniciar de nuevo el trámite mediante la presentación de la documentación completa en la que responda de forma detallada a los condicionados establecidos en la declaración de impacto ambiental” y a que justifique e incluya “los objetivos y contenidos” del plan de restauración, especialmente en lo referente a la gestión de los residuos y a la protección y rehabilitación de los espacios afectados.

Tapones a más de dos kilómetros y medio bajo tierra

Los planes de Pyrenees Energy Spain incluían realizar una perforación desde una torre de 34 metros de altura para retirar los tapones cementados situados desde hace 53 años a 2.535, 2.425 y cien metros de profundidad.

“A medida que se realiza la perforación se recirculará fluido por el pozo observando el retorno, controlando pérdidas, ganancias o presencia de gas en el fluido de perforación”, señala el informe, mientras la compañía lleva a cabo “la fase de disparos para determinar el potencial productor de hidrocarburos”.

En caso de no resultar viable la explotación, “se procederá al sellado del pozo con al menos tres barreras de contención física que eliminarán toda posibilidad de fuga de cualquier fluido procedente del sondeo hacia la superficie”, en una operación que incluiría el “corte de la tubería del pozo a unos dos metros de profundidad, soldándole una plancha de acero y recubriendo la zona con capa de cemento de 1 metro de espesor y enrasada con tierra hasta la superficie del terreno”.