“Los recursos para víctimas de violencia machista no son accesibles para las mujeres con discapacidad”

Marta Valencia (Zaragoza, 1973) es un auténtico referente en Zaragoza en la lucha por defender los derechos de las personas con discapacidad. Desde su silla de ruedas, lleva años implicada en las entidades de discapacitados, pero su voz deja adivinar que cada nuevo proyecto, como la Fundación CERMI Mujeres, vuelve a ilusionarle.

¿Por qué habéis creído necesario crear CERMI Mujeres, una fundación específica dedicada a mujeres y niñas con discapacidad?

Las mujeres con discapacidad nos encontramos en situación de desigualdad con respecto a los hombres con discapacidad. Sufrimos una doble discriminación, a la que pueden acumularse incluso más factores, como el medio rural, la orientación sexual o el origen étnico. CERMI es una plataforma representativa y política de las personas con discapacidad, pero no es una plataforma de ejecución, no podíamos poner en marcha proyectos. Por eso, aunque desde el año 2000 funciona una comisión de la mujer de CERMI estatal, decidimos crear la Fundación: las entidades de defensa de los derechos de la mujer no recogían las reivindicaciones de las mujeres discapacitadas y algunas entidades de la discapacidad acogían algunas de nuestras peticiones, pero no todas. La Fundación CERMI Mujeres nace con el objetivo de abordar un trabajo técnico: redactar estudios, interpretarlos, dar formación a la mujer, a profesionales, proyectos de intermediación en casos de violencia contra la mujer... O también campañas de sensibilización, como la que vamos a hacer ahora en contra de la esterilización forzosa, que se da sobre todo en mujeres con discapacidad intelectual o con trastornos de salud mental. Sea por ligadura de trompas, por parches o por el método que sea, lo que suele ocurrir es que, sin informar a la mujer, se pide al juez que autorice una incapacitación civil. Y, por desgracia, muchos jueces autorizan una incapacitación total, con lo que quedan abolidos los derechos civiles de la discapacitada. La Convención de derechos de las personas con discapacidad recomienda apoyar a estas personas, no sustituir sus voluntades ni eliminarlas.

¿Esta esterilización forzosa es relativamente frecuente?

Por desgracia, sí. Sin información, las mujeres con discapacidad no pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Muchas veces, por sobreprotección, que es muy negativa sobre todo en el caso de las mujeres, se hace la esterilización directamente, sin informar a la mujer con discapacidad de las alternativas que existen en el caso de que ella decida que quiere evitar un embarazo. El primer concurso de fotografía de la Fundación CERMI Mujeres lo dedicaremos a denunciar y sensibilizar sobre la esterilización forzosa. Es fundamental visibilizar que no se está actuando y que hay que corregir esta forma de actuar. Ahora, las mujeres con discapacidad no disfrutan de todos sus derechos.

¿Hay también esterilizaciones forzosas masculinas?

No, normalmente suele hacerse siempre en mujeres. A quienes se nos ve como niñas asexuadas es siempre a las mujeres con discapacidad. El sexo es un tabú que no se trabaja con las familias, en las entidades, en las instituciones... ¿Por qué? Como quien se queda embarazada es la mujer, es en ella donde suele situarse la responsabilidad.

¿Qué otros datos demuestran la doble discriminación de las mujeres con discapacidad que comentaba?

Hay muchos. Por ejemplo, en cuanto a la violencia contra la mujer -no hablamos de violencia de género porque no siempre se produce en el ámbito de la pareja, sino en el entorno familiar o institucional-. El caso es que hay muchas mujeres discapacitadas que ni siquiera saben que son víctimas de violencia, y, cuando lo saben, todavía tenemos pendiente conseguir que los recursos sean accesibles. Desde el teléfono de atención a víctimas, para que haya una unidad de acceso a la denuncia en las mujeres sordas, hasta las comisarías o casas de acogida, que no siempre son accesibles para mujeres con discapacidad física o sensorial; tenemos que conseguir que estos recursos sean accesibles. Ese déficit se repite especialmente en todo lo que tiene que ver con la salud sexual: hay muy pocas consultas ginecológicas, ninguna de ellas en Aragón, con la camilla exploratoria adaptada para una persona que va en silla de ruedas. Los mamógrafos sí van siendo accesibles, se pueden bajar a la altura de la usuaria. Otros datos que demuestran la doble discriminación son sobre empleo: de cada 4 trabajos que se cubren por personas con discapacidad, solo uno es para una mujer y suele ser siempre el menos remunerado. Por eso, hay muchas menos mujeres discapacitadas activas que hombres; de hecho, prácticamente todas están desempleadas.

Esta doble discriminación, ¿es similar a la que sufren todas las mujeres o la diferencia entre hombres y mujeres con discapacidad es más acusada?

Es mayor la diferencia entre hombres y mujeres con discapacidad. Lo más habitual es que la mujer con discapacidad quede relegada a las tareas domésticas, sobre todo, cuando tienen una prestación, aunque sea pequeña. Es una forma de relegarles a tareas no remuneradas, no reconocidas, lo que supone una contradicción: se les considera capaces de llevar una casa, pero no se les reconoce el derecho a ser madre, a tener una vida autónoma, a tomar decisiones propias...

¿Creéis que las mujeres discapacitadas sufren también de invisibilización?

Así es; en las imágenes, casi siempre aparece el hombre con discapacidad. En el caso de que aparezcan mujeres, su imagen va vinculada, por ejemplo, al concepto de la caridad, nunca como una mujer activa, participativa... que es lo que hay que potenciar: tenemos que empoderar a las mujeres y formarles para que sepan los recursos y derechos que tienen y también que puedan decidir sobre su propia vida, buscando un trabajo... pueden elegir y equivocarse como cualquier otra persona. Además de en empresas o en instituciones, la presencia de mujeres en las juntas directivas de las entidades de discapacitados es escasa.

¿También siguen ocultos los abusos a mujeres discapacitadas?

Sí, claro. Por un lado, es un colectivo más vulnerable; y después, otro problema frecuente es la dependencia de su cuidador. Además, ya hemos comentado que los recursos para víctimas no son accesibles, con lo que ¿cómo van a denunciar las mujeres discapacitadas? ¿Qué van a hacer después? En caso de divorcios, ha habido sentencias en las que se retiraba la custodia de los hijos a una mujer por tener discapacidad, algo que no suele suceder en el caso de hombres discapacitados. Hay que ir eliminando todavía barreras mentales a los profesionales: los de salud, de servicios sociales, de policía, de guardia civil,... para que puedan detectar casos de violencia porque a veces la mujer ni siquiera sabe que es una víctima. Y hay que formar a otros colectivos profesionales para que sepan realmente las necesidades con las que nos encontramos las mujeres con discapacidad.

¿Cuáles son las primeras iniciativas que os planteáis dentro de CERMI?

Hemos organizado el primer concurso de fotografía sobre la esterilización forzosa que hemos comentado, ya estamos ofreciendo formación a profesionales y a mujeres, tenemos en marcha un recurso de intermediación en casos de violencia contra las mujeres para informar de los recursos disponibles y detectar si hay problemas de accesibilidad... También queremos trabajar para fomentar estudios; esto es fundamental. Por ejemplo, sabemos que en 2012, de las víctimas de violencia machista fallecidas en España, un 12 % eran mujeres con discapacidad. Eso hay que detectarlo cada año. Otra cuestión que no sabemos es cuántas mujeres tienen discapacidad a resultas de la violencia que han sufrido.