Asturias modifica la Ley de Turismo para endurecer los requisitos de las viviendas turísticas

El Gobierno de Asturias ha aprobado esta viernes, en un consejo extraordinario, la modificación de la Ley de Turismo con la que pretende endurecer los requisitos que permiten poner en marcha viviendas de uso turístico (VUT) en la región, así como reforzar los mecanismos de control sobre este tipo de alojamientos.

El cambio persigue adaptar la actual Ley de Turismo a las exigencias del mercado, así como incrementar la calidad y competitividad de un sector clave para la economía, tal y como explica el Principado a través de una nota de prensa. El propósito final es garantizar una mejor ordenación de los negocios turísticos y para ello, aseguran, han tenido en cuenta las propuestas planteadas tanto por el empresariado como por los agentes sociales y los ayuntamientos.

Se trata de la cuarta reforma de esta ley, aprobada hace más de 20 años, cuyo objetivo es “consolidar la calidad, impedir la masificación y mejorar la convivencia entre visitantes y vecinos, según explica  el ejecutivo autonómico.

El proyecto de ley, que hoy se remitirá a la Junta General del Principado para iniciar “cuanto antes” su tramitación parlamentaria, pretende también sentar las bases para delimitar futuras zonas turísticas protegidas y “evitar que en Asturias se reproduzcan los problemas de acceso a la vivienda que se están produciendo en otras zonas de España”.

Algunos aspectos de esta reforma legislativa

La regulación que se ha aprobado hoy recoge requisitos, sanciones, aumento de las inspecciones, zonas protegidas y también condiciones para las empresas del sector turístico.

El proyecto normativo recoge varias limitaciones, por ejemplo, establece que las viviendas de uso turístico deberán alquilarse íntegramente, no por habitaciones y tendrá que cumplir requisitos de accesibilidad y sostenibilidad. Además, ningún piso sometido a régimen de protección pública o protección oficial podrá comercializarse como vivienda de uso turístico.

Esta actividad económica tendrá que contar con autorización expresa de las comunidades de vecinos, que podrán impedir el establecimiento de este tipo de negocios en sus edificios si así se establece en los estatutos de la comunidad o por acuerdo de la mayoría. El plazo para cumplir este requisito es de seis meses.

 Las viviendas turísticas deberán exhibir en un lugar destacado y visible una placa identificativa de su condición, así como su número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado. También deberán mostrar estas identificaciones en todas las páginas web y en cualquier soporte físico en el que se promocionen.

El abanico que multas va en función de la gravedad de la infracción y podrá suponer hasta la clausura del establecimiento. Así habrá sanciones para faltas leves, de 150 a 1.500 euros (actualmente van de 60 a 600 euros); faltas graves, de 1.501 a 15.000 euros (ahora esta horquilla va de los 601 a los 6.000 euros); y faltas muy graves con sanciones desde los 15.001 a los 100.000 euros (de 6.001 a 60.000 euros en la actualidad).

La reforma incluye también el concepto de zona turística protegida para aquellas áreas en las que se superen los niveles máximos de oferta y demanda, tanto de actividades como de establecimientos, o donde se pongan en riesgo el medioambiente o los recursos turísticos básicos. Estas zonas podrán circunscribirse a un concejo, limitarse a algunas partes del mismo e incluso incluir más de un municipio.

La declaración de estas zonas será competencia del Consejo de Gobierno y deberá de ir acompañada de un programa de medidas protectoras. Por su parte, las entidades locales podrán establecer ciertas limitaciones en estas zonas de especial concurrencia por razones de interés general.

La modificación obligará a todas las empresas del sector a contratar un seguro profesional de responsabilidad civil. La declaración responsable de conocimiento y cumplimiento de los requisitos exigibles que debían presentar los propietarios de pisos turísticos con antelación al inicio de la actividad únicamente se podrá tramitar a partir de ahora por vía electrónica, para mejorar su control y seguimiento.

Las compañías turísticas que ya funcionan tendrán seis meses para adaptarse a todos estos cambios, una vez entre en vigor la ley. El incumplimiento de los requisitos establecidos conllevará la salida del registro y la imposibilidad de ejercer la actividad en un periodo de seis meses a cuatro años.

Por último, se incrementan las medidas de inspección, para lo que se ha creado un servicio específico que prestará especial atención al intrusismo, la clandestinidad y la oferta ilegal. El Gobierno asturiano trabaja además en el diseño de una herramienta digital para la detección de negocios irregulares.

A finales de 2023, en Asturias había registradas 5.696 viviendas para turistas (2.016 vacacionales y 3.680 de uso turístico), según figura en el estudio que está elaborando la Fundación Universidad de Oviedo.

En el período de 2010 a 2019 se incorporaron una media de 250 nuevas viviendas turísticas al año, cifra que se ha disparado hasta las 605 desde 2020 hasta ahora.