Asturias pone en marcha el Observatorio de Agresiones a Profesionales para evaluar el riesgo en la sanidad pública

El Gobierno de Asturias ha aprobado este viernes, en su reunión semanal, el decreto por el que se crea el Observatorio de Agresiones a Profesionales, un órgano colegiado adscrito al Servicio de Salud (Sespa) que se encargará de evaluar las situaciones de riesgo en centros y servicios de la red sanitaria pública.

La norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) consta de nueve artículos, dos disposiciones adicionales y dos finales.

El observatorio tiene por finalidad analizar la situación de riesgo de agresiones a profesionales del ámbito sanitario. No obstante, también servirá de foro de diálogo entre el Sespa, las organizaciones sindicales y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, propondrá actuaciones de prevención e intervención para mejorar la relación entre el personal sanitario y la ciudadanía.

Además de la puesta en marcha de este órgano, el Sespa impulsará una campaña de sensibilización e información para prevenir actos violentos. Esta iniciativa va dirigida tanto a la plantilla del sistema sanitario como a las personas usuarias y cuenta con la colaboración de los equipos directivos y de los servicios de prevención de las diferentes áreas.

El Sespa registró el año pasado 365 agresiones a profesionales, lo que supone una reducción del 12 por ciento respecto a 2023. En total, se tramitaron 21 denuncias. El 60 por ciento de las agresiones se produjeron en los hospitales y el 84 por ciento de las víctimas fueron mujeres, mayoritariamente personal de enfermería y medicina. Respecto a la edad, en el 59 por ciento de los casos las agresiones afectaron a trabajadores y trabajadoras de 35 a 55 años.

Los lugares en los que se producen ataques con mayor frecuencia son las consultas hospitalarias y las plantas de hospitalización, con 96 cada una, seguidas por la red de salud mental y las unidades de Psiquiatría.

Los registros del Sespa reflejan que el 78% de los agresores eran pacientes –hombres en su mayoría- mientras que el 22% restante fueron familiares o acompañantes. Además, 156 ataques fueron provocados por personas reincidentes en esta conducta, una tendencia que se ha mantenido en los dos últimos años.

Las demandas de las personas usuarias suponen la principal causa de agresión, seguidas por motivos relacionados con los propios actos sanitarios o administrativos realizados.

Formación Profesional en régimen intensivo

El Ejecutivo ha dado luz verde también al modelo de convenio de cooperación entre centros educativos sostenidos con fondos públicos y empresas para que el alumnado de Formación Profesional (FP) pueda cursar estas enseñanzas en régimen intensivo.

La FP dual intensiva combina los procesos de aprendizaje en la empresa y en el centro de estudios. La particularidad de este modelo es que el alumnado percibe una retribución por la estancia en el centro de trabajo. Esa estancia consta de 700 horas entre primero y segundo curso, lo que supone 200 más que en el régimen general. Los estudiantes firmarán un contrato para la formación en alternancia, si bien existe una moratoria hasta 2028 que permite a las empresas acogerse al sistema de becas.

Este nuevo acuerdo completa el convenio aprobado en enero para posibilitar la estancia en empresas del alumnado de ciclos y cursos de especialización de FP.

Nuevas plazas en la Administración regional

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado la primera modificación de los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo de este año. Esta reestructuración tiene por objeto reforzar servicios esenciales, mejorar la eficiencia en la gestión y adaptar la organización a la Ley de Empleo Público.

Entre las principales medidas previstas destaca la creación de doce nuevas plazas en el primer trimestre del año, que se distribuyen en la Dirección General de Vivienda, vinculadas a la gestión de las ayudas; la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, destinadas a fortalecer la contratación y la oficina presupuestaria; una plaza de psicología en el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales para reforzar la atención a las mujeres; y una última plaza de secretaria de despacho para el director de la Oficina Económica de la Presidencia.