El Gobierno de Asturias y la Inspección de Trabajo pondrán en marcha un plan de choque ante el incremento de víctimas mortales en accidentes laborales. Entre las primeras medidas se incluye una campaña de visitas a un centenar de empresas que tienen altos índices de accidentes laborales o que han sido investigadas tras un caso grave o mortal.
También se efectuará un seguimiento de los partes de accidentes, se impulsará el envío de actuaciones al ministerio fiscal y este mismo mes comenzarán a revisarse las acreditaciones de los servicios de prevención ajenos (SPA). Desde principios de año se registraron 13 siniestros mortales, cinco de ellos en el escaso margen de 36 días.
La junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), integrada por el Principado, Inspección, agentes sociales y Federación Asturiana de Empresarios (Fade), se reunió en la tarde de ayer, miércoles, en una sesión extraordinaria para acordar las principales medidas y un calendario aproximado de ejecución.
El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, presidente de la junta, ha explicado las acciones previstas a partir de este mismo mes, que se llevarán a cabo en colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Principado y se centrarán en cuatro puntos: el refuerzo de los recursos humanos, una campaña conjunta de control en las empresas, la actuación sobre los servicios de prevención ajenos y el análisis de patrones.
Una de las primeras medidas será la creación de siete nuevos puestos de técnicos en prevención de riesgos laborales, con cargo a los presupuestos del próximo año, y se cubrirán cuatro plazas vacantes en el IAPRL.
Visitas de inspección
Además, habrá un plan de visitas conjunto a empresas de alta siniestralidad, cuyo índice de incidencia supere en un 50 por ciento al de su sector. Se prevé que entre 40 y 50 empresas cumplan estos criterios. Una vez seleccionadas las compañías, la campaña durará seis semanas.
Asimismo habrá visitas de control de empresas investigadas tras un accidente de trabajo grave o mortal, se evaluará la aplicación de mejoras y la corrección de defectos detectados tras haber sufrido el siniestro.
En este caso se incluyen accidentes producidos e investigados en 2022, teniendo en cuenta que ya ha habido tiempo de subsanar deficiencias. La campaña durará seis semanas y se prevé llegar a entre 50 y 55 empresas.
Otras medidas preventivas
Otra de las medidas que se van a impulsar es la vigilancia y control de las comunicaciones urgentes y de la cumplimentación y envío de los partes de accidentes laborales. El Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado, una herramienta del IAPRL, realizará un seguimiento semanal de las comunicaciones obligatorias para las empresas de los accidentes de trabajo, tanto de las comunicaciones urgentes de los siniestros graves como de los partes de accidentes leves.
En este sentido, se revisarán todos los accidentes producidos desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre de este año y, a partir de ahora, se realizará un seguimiento semanal que se remitirá a la Inspección de Trabajo.
La actuación de la Fiscalía
También está previsto que se impulse el envío de actuaciones al ministerio fiscal. En el caso de que los hechos comprobados pudieran ser constitutivos de delito, la Inspección remitirá sus actuaciones a la Fiscalía en infracciones graves y muy graves en las que haya un incumplimiento reiterado por parte del empresariado a requerimientos de la inspección o se detecte que no se han cumplido las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa.
Otro de los compromisos es el envío de las actas de infracciones en accidentes de trabajo mortales y de aquellos que provoquen secuelas que puedan ser motivo de declaración de incapacidad permanente, total o absoluta. Se remitirán de forma inmediata todos los expedientes actuales y se realizará un seguimiento periódico.
La vigilancia y control de accidentes de trabajo leves también será una prioridad y se seleccionarán y visitarán empresas que hayan sufrido siniestros leves que respondan a determinados criterios: accidentes en los que intervengan menores, empresas de trabajo temporal y compañías en las que el personal afectado tenga menos de tres meses de antigüedad en el puesto.
Asimismo, se enviarán cartas de advertencia a todas las empresas que superen la media del índice de incidencia de su sector, instándolas a que revisen su sistema preventivo. Esta medida comenzará este mes y contará con un seguimiento anual.
Los incumplimientos
Cerca del 90 por ciento de las empresas tiene externalizada la actividad preventiva y, según se puso de manifiesto en la reunión, antes de que finalice este mes, se comunicará a estos servicios de prevención ajenos que se va a emprender una revisión de las condiciones de acreditación.
Esa revisión incluirá la comprobación de las ratios de trabajadores cubiertos, personal técnico contratado, instalaciones y subcontrataciones de servicios.
Los incumplimientos detectados se comunicarán a la autoridad laboral y en el caso de que no haya subsanación, se podrá desacreditar la entidad. También se llevará a cabo una campaña de revisión de la calidad de las actuaciones de estos servicios de prevención ajenos en 2025.
Está previsto igualmente la realización de un estudio específico a partir de los datos que constan en el Observatorio de Condiciones de Trabajo para determinar, de forma ampliada, patrones concretos que motiven accidentes de trabajo. Se tomarán como referencia los años 2021, 2022 y 2023. Está previsto contar con los primeros resultados en el primer trimestre de 2025.
Una movilización en Gijón
Por otro lado, los sindicatos UGT y CCOO han convocado una manifestación el próximo 30 de octubre en Gijón en respuesta al aumento de la siniestralidad laboral durante las últimas semanas en Asturias.
Los sindicatos han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a la manifestación para que la concentración sea “masiva”, puesto que la “lacra” de accidentes laborales en el Principado debe “ser visualizada por la sociedad”.