Los forenses descartan que Fernández Villa pueda declarar en el juzgado por su patología “crónica e irreversible”

José Ángel Fernández Villa, de 81 años, sufre una patología “crónica e irreversible” que le inhabilita para declarar en el caso por el presunto enriquecimiento ilícito de su patrimonio. Así lo han determinado los forenses en el informe que han presentado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que trata de determinar si el dinero que ocultó a Hacienda e intentó regularizar en la amnistía fiscal de 2012, cuantificado en 1,2 millones de euros, tenía su origen en las obras de construcción de la residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, que fue financiado con cargo a los fondos mineros.

En su informe, los forenses advierten que el que fuera secretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT) entre 1979 y 2013 no está en condiciones de prestar declaración en el procedimiento ya que aprecian que sufre un deterioro cognitivo que le impide declarar.

En su exploración, han podido apreciar que Fernández Villa tiene “dificultad para recordar hechos concretos y fechas con exactitud”, según han confirmado a eldiario.es asturias fuentes jurídicas.

Las conclusiones del informe

Durante los 35 años que permaneció al frente de la Secretaría General del SOMA-UGT, Fernández Villa estaba considerado como “el hombre fuerte e intocable” del sindicalismo asturiano. Pero su gran liderazgo se vino abajo a raíz de que se destapara el denominado caso Hulla.

Villa se había acogido a la amnistía fiscal de 2012, puesta en marcha por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy y el juzgado abrió diligencias de investigación.

El caso recayó en la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, María Begoña Fernández, quien se hizo cargo de la causa en 2017 para analizar el origen de ese patrimonio. Fernández Villa rechazó cualquier origen ilícito de ese dinero que atribuyó a una herencia familiar.

Su abogada, Ana García Boto, reclamó en varias ocasiones el sobreseimiento de la causa debido a su enfermedad y desde el juzgado se solicitaron informes médicos que lo avalaran o lo descartaran.

Los forenses emitieron un informe donde ya hacían constar que Fernández Villa presentaba un deterioro en su estado y han vuelto a ratificarlo. Consideran que el ex líder sindical presenta en la actualidad pocos cambios con respecto a las exploraciones que realizaron hace cuatro años.

Este nuevo informe, que se incorpora a la causa, mantiene las mismas conclusiones, es decir, que Fernández Villa sufre “un deterioro cognitivo” que le imposibilita para declarar porque tiene “dificultad para recordar hechos concretos y fechas con exactitud”.

Bajo su criterio, continúa la “dependencia grave” que sufre Villa, quien precisa disponer de la ayuda de terceras personas para realizar las funciones básicas. Los forenses describen las distintas enfermedades que tiene a día de hoy y concluyen que en su estado no puede abordar un procedimiento judicial ya que su patología tiene un carácter “crónico e irreversible”.

El sobreseimiento provisional

La propia magistrada-jueza ya había sobreseído provisionalmente la causa relativa a Fernández Villa por el progresivo deterioro que presentaba en su estado mental. El pasado mes de abril, dictó un auto donde recogía expresamente las dificultades que presentaba y reconocía que, a la vista del informe emitido por el médico forense, era “meridianamente claro” que debido al deterioro de su estado mental “carecería de capacidad para ser justiciable”.

La titular del juzgado indicaba que esa situación hacía “inviable” su comprensión sobre el desarrollo del proceso con las garantías descritas“, según hacía constar en el auto.

No obstante, la magistrada-jueza puntualizaba que el sobreseimiento sería provisional. Esta circunstancia facilita que pudiera en un futuro reabrirse la investigación sobre su persona en el caso de que el exsecretario general del SOMA-UGT pudiera recuperar la capacidad necesaria de comprensión de cara al juicio.

No obstante, en el supuesto de que esto no fuera factible, como parece que será lo más probable, a la vista de este nuevo informe, porque su situación fuera irreversible el sobreseimiento sería definitivo.

Este nuevo informe ha ratificado el anterior. El Montepío de la Minería, que ejerce la acusación particular, ya anunció en ese momento su respeto a la decisión del juzgado de sobreseer provisionalmente la causa e indicó que no iba a recurrir la resolución judicial.

La investigación judicial

La investigación del caso Hulla afecta a una veintena de personas entre las que se encuentra el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo que, al igual que Fernández Villa, se acogió a la amnistía fiscal de 2012. En su caso, la cantidad que trató de regularizar ascendía a 436.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación en 2017 a raíz de que Fernández Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal ante sus sospechas de que el patrimonio de ambos pudiera proceder de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros después de que modificase el decreto que regulaba su concesión.

Con el sobreseimiento provisional, el juzgado atendió a la petición de la defensa de Fernández Villa, que aportó informes forenses que constataban el deterioro de su estado mental; unos informes que han vuelto a ser confirmados.

En 2021, la Audiencia Provincial de Asturias ya determinó la suspensión del ingreso en prisión de Fernández Villa ante el deterioro generalizado de su estado de salud tras haber sido condenado a tres años de prisión por apropiarse de 234.462 euros del sindicato que dirigió durante 35 años.

La sentencia determinó que, entre 1989 y 2001, Fernández Villa se quedó con las dietas que Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por asistir al comité intercentros y que, a partir de esa fecha y cuando la empresa pasó a abonar estas cantidades mediante transferencia bancaria, abrió una cuenta a nombre del SOMA-UGT desde la que transfería ese dinero a otra, también del sindicato minero.

Además, hasta 2012 se le abonaron diversos gastos, aparte del kilometraje y de las dietas que le correspondían como secretario general del sindicato como la adquisición, mantenimiento y reparación de dos coches Mitsubishi a su nombre; consumo de su teléfono móvil, comidas, puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos o maletas por importe de 173.932 euros.