La primera escuela municipal infantil que abrió sus puertas en Asturias fue la de La Serena, en el barrio gijonés de El Llano, en marzo de 2003. El proyecto de las escuelas de primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) había surgido a principios de aquella legislatura, primera en la Presidencia del Principado para el socialista Vicente Álvarez Areces.
Estas escuelas se crearon como centros de titularidad municipal gestionados por los ayuntamientos, pero financiados por la administración autonómica, a través de convenios de colaboración cuatrienales y con firmas de adendas anuales. Fórmula que ha permanecido inalterable hasta hoy, más de veinte años después, porque ningún gobierno quiso o pudo ponerse manos a la obra para modificarla.
Una promesa realizada en clave electoral por el presidente del Principado y candidato a la reelección por aquel entonces, en Avilés, supuso un cambio de guion en lo que hasta el momento había sido la gestión de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Era el último fin de semana de marzo de 2023, dos meses antes de las elecciones autonómicas, y Adrián Barbón clausuraba el encuentro con el municipalismo organizado por los socialistas asturianos. Allí se comprometió a crear una red autonómica, pública y gratuita de educación infantil de 0 a 3 años a lo largo de la próxima legislatura, 2023/2027.
Un compromiso electoral
Así, con el proyecto de ‘Les Escuelines’, como lo han denominado, cociéndose en el horno, y el anteproyecto de ley que lo regulará ya en información pública desde hace unos días, el gobierno asturiano afronta el nada desdeñable reto de poner en marcha un programa “pionero” que deberá regular y unificar una red extremadamente diversa, integrada por unas 500 o 600 personas, en su gran mayoría mujeres, y con unas condiciones tan diferentes como los ayuntamientos para los que trabajan y que, hasta ahora, han sido los encargados de gestionar un servicio que nació, prioritariamente, para garantizar la conciliación familiar y que se ha ido convirtiendo con el paso de los años en el primer contacto importante de los más pequeños con el aprendizaje y la socialización.
El proceso se abordará en cuatro fases entre los años 2024 y 2027. En la primera fase, que es la que actualmente está en marcha y culminará en septiembre, se construirán 31 escuelas en 30 concejos. Quince nacerán ya de titularidad autonómica y las 16 restantes, que se integrarán, son las que están ejecutando, en estos momentos, algunos ayuntamientos, como Boal, Llanera, Siero, Quirós o Soto del Barco, a través de los fondos europeos MMR (Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia).
En total se crearán 822 plazas y 54 unidades, que se sumarán a las 311 unidades y 4.511 plazas que existen actualmente en los 76 centros susceptibles de ser integrados en la red autonómica, proceso que es voluntario y, por tanto, depende de la decisión de cada ayuntamiento.
De esta forma, cuando se complete esta primera fase y la integración, tal y como explica la propia Consejería de Educación, en Asturias habrá 107 escuelas, 365 unidades y 5.333 plazas.
"La idea es buena y el proyecto puede estar bien, pero ante las preguntas que planteamos la respuesta es un 'ya se verá'
Muchas preguntas en el aire
Como en todos los inicios, hay muchas preguntas y muy pocas respuestas, de momento, tal y como se plantean algunas trabajadoras y, en su nombre, Laura González, responsable de escuelas infantiles del sindicato CSIF, para quien “la idea es buena y el proyecto puede estar bien”, sin embargo, la respuesta a muchas de las dudas que se están planteando está siendo “ya se verá”.
En el aire está lo que sucederá con la gestión de las bolsas de empleo que, en estos momentos, tienen en marcha los ayuntamientos. De estas bolsas proceden las trabajadoras interinas que también cubren las plantillas de educadoras en las escuelas infantiles. En su nombre habla Cristina García, que lleva tres años trabajando en una de las escuelas de Oviedo.
Cristina está interina, al igual que muchas de sus compañeras, que llevan cuatro, cinco y seis años trabajando como educadoras en las escuelas de 0 a 3 y asegura que al gobierno regional se le llena la boca con los puestos de trabajo que va a crear, pero “qué pasa con las trabajadoras que formamos parte de las bolsas de empleo de los ayuntamientos”, se pregunta.
Y es que, tal y como ella misma explica, lo que la consejera de Educación trasladó es que esas bolsas son municipales y tienen fecha de caducidad, así que desaparecerán. Solamente en un hipotético caso, según les aseguran, las trabajadoras que forman parte de estas bolsas podrían integrarse en las que tiene el Principado, pero en ningún caso se trata de algo que esté cerrado. Por ello exigen que se tenga en cuenta su situación como trabajadoras interinas, al igual que se va a tener en cuenta, según asegura la Consejería, la situación del resto de trabajadoras.
Otra pregunta sin respuesta, por ejemplo, la situación en la que quedará recogida la movilidad, en la negociación que el Principado va a mantener con cada consistorio durante el proceso de integración, o si, una vez finalizado este proceso, las escuelas van a seguir compartiendo dirección como han venido haciendo desde 2010, en algunos casos, hasta tratándose de diferentes municipios.
Son muchas casuísticas a aglutinar bajo un mismo paraguas, como piezas en un gran puzle, y garantizando, tal y como repite como un mantra el gobierno regional, las condiciones y derechos que han ido generando todas las trabajadoras que integran la plantilla de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Asturias.
Una de ellas es Silvia Sánchez, educadora de la escuela infantil Les Xanes, en Mieres, en la que trabaja desde que abrió sus puertas en 2004. El ayuntamiento que la gestiona es uno de los seis que no ha estabilizado a sus trabajadoras al considerar que las competencias de las escuelas de 0 a 3 no pertenecen a las administraciones locales. Así han hecho los ayuntamientos de Mieres, Siero, Gozón, Noreña, Grao y Avilés.
En esta situación se encuentra Silvia, al igual que el resto de sus compañeras en la escuela, como trabajadora indefinida con un contrato no fijo. A pesar de que el anteproyecto de ley presentado por el Principado, según explica la consejera de Educación, Lydia Espina, “recoge la integración de todas las plantillas, tanto las estabilizadas como las que no, cada trabajadora en las condiciones en que se encuentra ahora”, Silvia asegura que no entran en este proceso en igualdad de condiciones.
Somos las que pagamos las consecuencias de una decisión política que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, la nueva ley debe garantizar que no pueden hacer nada con nuestras plazas, aunque no estemos estabilizadas, gobierne quien gobierne
“Partimos con una desventaja grande”, asegura, y es que al no estar estabilizadas podrían perder su plaza en tres años, cuando se convoquen los concursos oposición que han de celebrarse para estabilizar esas plazas. “Somos las que pagamos las consecuencias de una decisión política que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, la nueva ley debe garantizar que, llegado el momento, no pueden hacer nada con nuestras plazas, aunque no estemos estabilizadas, gobierne quien gobierne”, exige.
Asimismo, señala la necesidad de que en la nueva legislación se les reconozca la categoría B, que es la que les corresponde, afirma, en vez la C1 que es la que tienen ahora, y que todas las trabajadoras pasen a depender de la Consejería de Educación y no de la Dirección General de Función Pública, en la Consejería de Presidencia, que es donde se las va a ubicar.
Alma Martínez tiene 39 años y comenzó a trabajar como educadora hace seis años. Ha pasado ya por tres escuelas, una de las grandes, otra mediana y una pequeña de las que denominan entorno rural. Su experiencia en cada una de ellas ha sido muy distinta, depende del ayuntamiento que la gestione.
En unos meses comenzará a cubrir un contrato relevo en la que será su cuarta escuela, ésta también de las grandes y reconoce que tiene la mosca detrás de la oreja por no saber cómo se va a llevar a cabo la integración de las trabajadoras, teme quedarse fuera. Le preocupa por encima de todo que la nueva ley blinde la figura de la pareja pedagógica, es decir, dos personas por aula, que en algunas escuelas sí es obligatoria y en otras no, y que a su juicio es extremadamente importante porque “trabajamos con niñas y niños muy pequeños, no autónomos, dependientes y con toda la necesidad de atención, para una persona es imposible”.
Reconoce diferencias “abismales” entre todos los ayuntamientos, tanto en salarios como en condiciones laborales tipo permisos, horarios o calendario. Eso sí, tiene claro que “si consiguen hacerlo bien será bueno para las trabajadoras y también para los críos”.
En una de las escuelas infantiles de Oviedo, gestionadas por el ayuntamiento de la capital asturiana, trabaja desde 2013 Jessica Briones, tras verse en la calle junto a algunas de sus compañeras, con el cambio de gobierno local de 2019 y volver a ser reincorporadas por sentencia judicial, teme la premura con la que se está desarrollando este proyecto y compara la situación a la de una coctelera en la que se mete de todo. Valora que por fin el Principado de Asturias vaya a ocuparse de este servicio, pero creo que “están empezando la casa por el tejado”.
Perder la cercanía es otra de las cuestiones que preocupa a las trabajadoras. Los ayuntamientos son las administraciones más pequeñas y a ellos siempre es fácil acudir y ser atendida. Lo cuenta Laura, maestra y educadora de Infantil que lleva más de dos años trabajando en una escuela mediana, en la que ha pasado por las tres unidades. Asegura que hay que centrar la ley y espera que con su paso al Principado dejen de sentirse un lastre para las administraciones, como hasta ahora. Apuesta por la formación anual obligatoria y continuada, por ley, para todas las trabajadoras de las escuelas infantiles porque “es necesario actualizarse”.
La integración de las trabajadoras comenzará a partir de 2025, ya que las escuelas que abrirán en septiembre son nuevas, por lo tanto, su personal procederá de la bolsa de empleo del Principado.
La adhesión progresiva de los ayuntamientos se ordenará en función de cuatro criterios, ruralidad, tamaño de la población, vulnerabilidad de alumnado y familias. Hasta el momento son 30 los ayuntamientos que, voluntariamente, se han sumado
La segunda fase está prevista para 2025, tal y como explica la consejera de Educación, cuando se llegue al resto de concejos con censo de menores de tres años, con demanda y sin escuela. A partir de entonces se centrarán en las intervenciones que permitan la reducción de las listas de espera, localizadas sobre todo en los grandes municipios.
El Gobierno del Principado dispone, con cargo al presupuesto de este año, de una partida de 31’5 millones de euros para comenzar este proyecto, de los que 24’57 millones se destinarán a la gratuidad total de la matrícula y los 6’58 millones restantes a poner en marcha la red autonómica.
La adhesión progresiva de los ayuntamientos se ordenará en función de cuatro criterios, ruralidad, tamaño de la población, vulnerabilidad de alumnado y familias, y existencia de oferta suficiente para atender a la demanda. Hasta el momento son 30 los ayuntamientos que, voluntariamente, se han adherido a esta red autonómica de escuelas infantiles, mediante convenio con el Principado. Es el primer paso formal para que Les Escuelines se haga realidad.