Sindicatos de EMULSA exigen explicaciones a Moriyón tras el “despido improcedente” del director técnico

Son la Unión General de Trabajadores (UGT), la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) y el Colectivo de Trabajadores (CT), tres de las secciones sindicales de EMULSA, la Empresa pública de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, y le exigen explicaciones a la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, por los “gravísimos” hechos que constata la sentencia fallada hace unos días por el Juzgado de lo Social nº3 de Gijón, a favor del exdirector técnico de la empresa y también exgerente, Esteban Álvarez, y que condena a la empresa por “despido improcedente”.

Las explicaciones que exigen estos sindicatos van más allá del fallo de la sentencia, por tanto, del despido improcedente, y se refieren a los hechos calificados como “probados” en la propia sentencia, que hablan de “ocultación de información”, “boicot al funcionamiento de la empresa” o hasta un “posible delito contra la administración pública”.

Así, a través de una nota de prensa, los sindicatos exigen saber si la alcaldesa está de acuerdo con el despido de trabajadores “a capricho” de su gobierno o si Carmen Moriyón sigue respaldando la actuación del director económico financiero de la empresa, y anterior gerente, Alfonso Baragaño, quien se negó a facilitar información o la retrasó, según consta en la sentencia, entorpeciendo una investigación sobre presuntas irregularidades en la empresa.

Tanto UGT, como CSI y CT interpelan a la alcaldesa sobre su connivencia con hechos probados en la sentencia como que EMULSA realizaba trabajos “sin facturar, a requerimiento de diferentes concejales”, es decir, que se utilizasen medios públicos para fines particulares, concretan las secciones sindicales.

Se preguntan también si Carmen Moriyón si respalda la actuación del departamento de recursos humanos de la empresa, que no dio cumplimiento a los requerimientos de la Inspección de Trabajo, departamento que tampoco actuó, según denunció Esteban Álvarez, ante situaciones de acoso laboral y sexual, que se dieron en esta empresa pública y que la sentencia recoge también como “hechos probados”.