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El confinamiento agrava el impacto de las toallitas húmedas: cómo frenar al llamado 'monstruo de las cloacas'

Nueva campaña pide no arrojar toallitas húmedas por el inodoro

Marta Montojo

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Desde Sídney hasta California pasando por Badajoz, Málaga o pequeños municipios como el madrileño Arroyomolinos, o Sueca, en Valencia, parece tratarse de un fenómeno global: el uso de toallitas húmedas para el cuidado corporal se ha disparado durante el confinamiento y, con ello, se ha agravado el impacto ambiental de estos productos, cuando se tiran por el retrete, al provocar atascos en los sistemas de alcantarillado y otras instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

Así lo asegura el presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, quien ha recordado el peligro de desechar estos productos por el inodoro, puesto que no son biodegradables –incluso aunque lleven esta etiqueta– y acarrean importantes costes ambientales y económicos.

Desde AEAS aclaran que en la mayoría de casos estos productos no pueden biodegradarse, porque los fabricantes todavía no se han adaptado a la nueva normativa española, la UNE 149002, publicada en 2019, “una norma pionera casi en el mundo” que actualiza los requerimientos que debe cumplir un producto para poder desecharse por el inodoro.

En la semana previa al inicio de la cuarentena, la del 2 al 8 de marzo, la venta de toallitas corporales aumentó un 49% respecto al año pasado, según reveló un informe de seguimiento de los efectos que ha tenido la crisis del coronavirus sobre el consumo.

En Sídney, los gestores de agua han denunciado un 22% de aumento en los atascos por la entrada de toallitas húmedas y de otros productos que no deberían ser desechables (incluidos los de cuidado facial o higiene femenina). El 75% de los elementos que obstruyen los sistemas de alcantarillado son toallitas, según estos gestores.

En EEUU, California también ha sufrido recientemente estos problemas. Fue el primer estado en declarar una orden de cuarentena a sus ciudadanos. Dos días antes de la orden oficial, el 19 de marzo, el operador de tratamiento de agua de California lanzó un comunicado en el que pedía la colaboración de la población para evitar la congestión de sus instalaciones. “Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de todo el estado ya están informando de problemas con sus sistemas de recogida de la gestión del alcantarillado”, rezaba el escrito, y reiteraba que “los sistemas no fueron diseñados para toallitas individuales de nylon ni pañuelos, que no se descomponen como el papel higiénico, por lo que los sistemas se obturan muy rápidamente”.

En España, varios operadores comentan que se ha producido un repunte del problema, “sobre todo en las ciudades más densamente pobladas”, señala Fernando Morcillo, quien había constatado una “cierta reducción” tras sucesivas campañas de concienciación respecto a lo que desde AEAS llaman el “monstruo de las cloacas”.

Entidades locales como Badajoz o Málaga han alertado del “notable incremento de la presencia de toallitas en las redes de saneamiento debido al confinamiento que obliga a la mayoría de las personas a permanecer en sus hogares”.

Según Morcillo, se trata de un problema triple. Por un lado, está la contaminación ambiental: muchos de los atascos que se producen en los sistemas de alcantarillado se traducen en vertidos a ríos y arroyos. Los plásticos de los que están compuestos la mayoría de estos productos se descomponen en el agua y acaban en forma de microplásticos en entornos marinos. “Allí, las fibras plásticas de estas toallitas pueden tardar más de 100 años en degradarse en fragmentos aún más pequeños”, asevera un comunicado de Greenpeace. La organización conservacionista recuerda los “graves daños” que los microplásticos ocasionan a la fauna marina: “Actualmente, unas 700 especies de organismos marinos se ven afectados por contaminación plástica. Cada año, más de un millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar, entre ellos los cada vez más abundantes restos de toallitas”.

Por último, acarrea un coste económico, puesto que resolver estos atascos en los sistemas de alcantarillado, en las elevaciones de agua con bombeo y en otras instalaciones de gestión de aguas implica actuaciones que de otra manera no habría que llevar a cabo. En concreto, AEAS calcula que atajar estos problemas añadidos cuesta una media de cinco euros por ciudadano y año. El sobrecoste sería de 230 millones de euros anuales, según las estimaciones de este organismo. Esto se debe a que el conjunto de toallitas húmedas “forma madejas, se hace una masa muy compacta de material textil –en general, plástico– que genera paradas de dispositivos de bombas, de rejas o tamices que hay que reparar”.

La solución, para Morcillo, pasa por un cambio cultural, tanto por parte de los comercios como de los consumidores. Desde el punto de vista de los ciudadanos, basta con colocar una papelera en el baño donde se pueden desechar estos productos sin provocar impactos ambientales, económicos ni de seguridad. Para los supermercados, su recomendación es que no sitúen estas toallitas en el mismo lugar que el papel higiénico, a su juicio una “mala práctica” que da a entender que son productos sustituibles.

Para que un producto pueda realmente reemplazar al otro y, por tanto, desecharse por el inodoro, debería, para empezar, estar compuesto de celulosa, y no de plástico. En cualquier caso, sugiere que “preferiblemente no hagamos ese uso”, dada la confusión en el etiquetado “porque a veces se acude a otras normas que no son esta española sino otras menos exigentes, más ligeras y que no cumplen los condicionantes técnicos”, sentencia.

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