Activistas climáticos hablan desde prisión: “Asumí el riesgo de ir a la cárcel, pero no tenía ni idea de que sería tan largo”

Al otro lado del teléfono suena un ruido de fondo. “Espera, le digo a mi compañero que baje el volumen de la tele”. “¿Me estás llamando desde tu celda? Sí”.

Mike Lynch-White es un activista climático encarcelado en Gran Bretaña desde el pasado mes de febrero. En este tiempo ha pasado por tres prisiones distintas, y ahora está en el centro penitenciario HMP Lewes, situado en el condado de Sussex del Este, en Inglaterra. No puede recibir llamadas, pero sí hacerlas. Explica que la conversación puede ser grabada y tiene 60 minutos, después la línea se cortará. Habla muy bajito y de forma pausada, hace silencios antes de responder a cada pregunta. Debe ser cuidadoso con sus palabras, dice, pues teme poner en peligro su liberación inminente: “Estoy dentro del programa de liberación anticipada, me pondrán una pulsera electrónica, la policía tiene que comprobar la dirección donde debo estar localizable y rápidamente se desharán de mí, las cárceles en Reino Unido están increíblemente llenas”, ironiza.

Mike había sido arrestado 16 veces por acciones climáticas antes de ser condenado a una pena de 27 meses de prisión –que después fue rebajada a 23 meses– por daños causados al Ayuntamiento de Brighton al echar pintura de color rosa sobre la fachada del edificio y por entrar en una fábrica del puerto de carga de Runcorn para protestar por la fabricación de armamento en Inglaterra para Israel.

Durante su llamada desde la cárcel, que dura unos 40 minutos, Mike intenta ser muy conciso sobre los hechos y puntualiza: “Mi pena es más severa que la de mi compañero, un año más de cárcel, por mi historial de acciones climáticas”. Cuando salga de prisión aún le quedará otro juicio pendiente por su papel en la acción Heathrow Pause, en la que varios activistas volaron drones en la zona exclusiva del aeropuerto de Londres en 2019 para interrumpir vuelos comerciales y llamar la atención sobre “la locura peligrosa” de ampliar el aeropuerto.

Este licenciado en Física teórica es cofundador de Scientist Rebellion, una organización de protesta formada sobre el principio de que quienes tienen el privilegio de saber tienen un mayor deber de actuar: “Si los científicos no actúan como si esto fuera una lucha por sus vidas, ¿por qué debería hacerlo cualquier otra persona?”

La motivación de Mike coincide con la que muestran otros jóvenes entrevistados para este reportaje: se sienten en una obligación moral con la humanidad que él explica así: “No lo volveré a hacer, pero no me siento avergonzado, no se consiguen cambios radicales volviendo a casa cada noche, hay que hacer pequeños sacrificios. Martin Luther King fue a la cárcel muchas veces”.

A la cárcel por colgarse de un puente

Una madrugada de mediados de octubre de 2022, Marcus Decker, músico de 34 años, y Morgan Trowland, ingeniero de 40, escalaron el puente Dartford de 76 metros de altura levantado sobre el río Támesis y que conecta el condado de Kent en el sur y el de Essex en el norte. Una vez arriba, colgaron una enorme pancarta de color naranja sobre la autopista de cuatro carriles que habían dejado bajo ellos con el mensaje: Just Stop Oil (Parad el petróleo). Para que su acción llamara aún más la atención, montaron dos hamacas y se tumbaron sobre el vacío 37 horas seguidas, provocando que la policía cerrara el puente al tráfico.

En abril de este año Morgan fue condenado a tres años de prisión y Marcus a dos años y siete meses de encarcelamiento, después de haber pasado medio año de prisión preventiva. El abogado de ambos calificó la pena como “la más larga en la historia moderna de este país para un caso de protesta no violenta” y alertó de que podría tener un 'efecto de terror' en todas las acciones de este tipo. En octubre, el Tribunal Supremo les denegó la revisión de sus penas, con el argumento de que “no son excesivas” y que suponen una forma “legítima” de disuadir a otros de realizar este tipo de acciones.

Desde la cárcel de Chelmsford, Marcus lo tiene claro: “Asumí el riesgo de ir a la cárcel por un tiempo, pero no tenía ni idea de que sería tan largo”. Sus respuestas son escuetas debido a lo complicado del proceso para comunicarse con él. Primero hubo que contactar con su persona de confianza que hace de enlace con el centro penitenciario y que gestiona una cuenta de correo electrónico. Una vez enviadas las preguntas a esa dirección de e-mail, el personal de la cárcel las imprimió y se las dio. Él entonces tuvo derecho a escribir una respuesta manuscrita, la cual fue escaneada de nuevo por el personal de la prisión, que envió a la persona de enlace. Sobre el hecho de haber sido encarcelado por su protesta, Marcus se muestra igual de contundente que Mike: “Parece haber dado esperanza a mucha gente y haber servido de inspiración. Es una respuesta apropiada a la terrible crisis en la que estamos inmersos”.

Parece haber dado esperanza a mucha gente y haber servido de inspiración. Es una respuesta apropiada a la terrible crisis en la que estamos inmersos

La pregunta que se hace Amnistía Internacional a propósito del derecho a protestar es si se están dando pasos atrás. La organización de defensa de los derechos humanos lanzó el año pasado una ambiciosa campaña, Protect the protest, que analiza esta cuestión en 21 países, como España, sobre diversos movimientos sociales, entre ellos el activismo climático.

“Estamos viendo acusaciones de sabotaje, que es muy grave, o sacar cañones de agua, o el uso de leyes antimafia”, explica Catrinel Motoc especialista de AI que está haciendo el mapeo del derecho a la protesta en Europa. En lo que lleva analizado asegura que los países están tomando respuestas desproporcionadas sobre acciones de protesta que son pacíficas.

“Estamos muy preocupados –añade– ”a medida que las protestas climáticas se han hecho más visibles, la respuesta de los estados es cada vez más severa“.

A medida que las protestas climáticas se han hecho más visibles, la respuesta de los estados es cada vez más severa

La especialista de Amnistía Internacional menciona la lucha de las mujeres sufragistas en Reino Unido para ganar el derecho al voto o el fin del apartheid en Sudáfrica. “A menudo escuchamos a los estados argumentar que este activismo es nuevo, pero no lo es, siempre se ha utilizado”, menciona Catrinel. E incide en que los países deben tener un cierto margen de tolerancia con acciones que son cada vez más disruptivas –“la gente tiene cada vez más imaginación”–, y siempre tomar en cuenta las motivaciones que llevan a las personas a protestar: “¿Es porque se levantan una mañana y deciden hacerlo, o porque quieren llamar la atención sobre una emergencia, como es el clima?”.

El ecologista y político Juan López de Uralde observa que la retórica y la respuesta legal a las protestas climáticas se están endureciendo, como él pudo comprobar en primera persona. Pasó 21 días en prisión preventiva en una cárcel de Copenhague en 2009 por hacerse pasar como invitado junto a una compañera de la organización Greenpeace en el Palacio de Amalienborg, la residencia de invierno de la familia real danesa. Fue durante la Cumbre Mundial del Clima de ese año. En la noche del 17 de diciembre, la reina Margarita de Dinamarca ofreció una cena a más de un centenar de líderes mundiales presentes en la cumbre. Los dos activistas, vestidos de gala, sacaron dos pancartas con el mensaje: “Los políticos hablan, los líderes actúan”.

“Cuando nos detuvieron nos aplicaron la ley antiterrorista, estuvimos en condiciones de aislamiento y nos pedían seis años de cárcel”, comenta por teléfono el exdirigente de Greenpeace. Para el veterano activista, si se comete una ilegalidad hay que responder por ella, pero de forma proporcional a los hechos y a las motivaciones.

“Y eso siempre ha ido en contra del activismo ambiental, pero se está endureciendo, lo hemos visto aquí con la fiscalía, y eso es una guerra cultural, decir que el activismo ambiental es peligroso, que va en contra del interés general, que es terrorismo; así que luego cuando llegan este tipo de penas, en vez de generar una mayor protesta social, produce indiferencia”. Uralde se refiere al informe anual de 2023 de la Fiscalía General del Estado, en el que se incluyó el término 'ecologismo radical' en el apartado de 'terrorismo'. Tras las protestas de todas las organizaciones ecologistas, este órgano retiró el término y aseguró que no volverá a emplearlo.

En su celda de dos metros de ancho por cinco metros de largo, Mike lleva leídos 44 libros. Dice que la biblioteca de la cárcel HMP Lewes es muy buena, conoce bien a los bibliotecarios. Por cada libro de ficción lee uno de no ficción. “El tiempo pasa muy despacio, tengo pilas de libros”, cuenta. Ahora está con el ensayo de David Graeber y David Wengrow The Dawn of Everything: A New History of Humanity. “Trata sobre la historia de la humanidad, las tribus y la agricultura”. 

Le pregunto qué es lo que más le preocupa del cambio climático y responde: “La comida”. No los fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones ni las olas de calor. “Lo malo es cuando no tengamos comida, ahí se pondrá muy feo. Estamos viendo claramente el inicio de eso. La gente piensa que esto va a pasar de forma gradual, pero no funciona así. Cuanto peor se ponga la situación, empeorará más rápidamente”.

Las 16 veces que le arrestaron no salió a protestar porque pensara que haciéndolo resolvería algo –“para mí el colapso es inevitable, va a pasar y no hay casi nada que podamos hacer”–, sino para que se sepa la verdad sobre lo que estamos dejando que suceda como humanidad. “La gente debería saber las personas que hicieron esto, el presidente de Shell o las empresas de combustibles fósiles en general, tendría que haber consecuencias en vez de que reciban dinero”.

En octubre de 2022, Víctor de Santos, ambientólogo español de 31 años especializado en gestión de agua, fue detenido por la policía en Alemania junto a otros 15 activistas climáticos de varios países, todos ellos miembros del colectivo Scientist Rebellion. Entraron en un edificio del fabricante de coches BMW, se pegaron con melaza a un vehículo de lujo, tiraron más melaza por el recinto y repartieron papers científicos sobre la necesidad de descarbonizar el transporte. “Nos desalojaron del edificio y nos despegaron las manos con cuidado, allí por lo menos hay un protocolo que es despegar activistas, aquí en España te las arrancan, directamente”, comenta mientras conversamos en una plaza de su barrio, al sur de Madrid.

Desde que regresó a España, en noviembre de 2022, está pendiente de la citación del juez, momento en el que tendrá que viajar a Múnich. El primer juicio tuvo lugar a finales de octubre de 2023, y el Tribunal Regional de esta ciudad condenó a un activista estadounidense y a tres italianos por daños criminales y allanamiento de morada a 210 días de cárcel o el pago de 1.680 euros cada uno. El juez finalmente retiró el cargo de coacción al tener en cuenta que el objetivo principal de las acciones no era dañar la propiedad sino llamar la atención sobre la crisis climática, que el propio magistrado calificó como “el mayor desafío para la humanidad”.

Mi padre ha cosechado el 40% de lo que suele cosechar en un año normal, los cultivos se están yendo a la mierda, eso es lo verdaderamente disruptivo, no que yo tenga antecedentes penales

Víctor dejó su trabajo como consultor ambiental, por el que ganaba un “sueldo decente” para dedicarse de lleno al activismo. Vive de sus ahorros, que ya se le están acabando, pero no piensa retomar una vida laboral. “Habrá que buscar otra forma de sobrevivir, una vez que has comprendido la magnitud del problema y también que es posible generar un cambio social, no puedes no hacerlo, como sociedad humana podemos transformarlo si está la voluntad de una mayoría”.

Marcus abandonó su carrera de músico, Mike su carrera como físico teórico; su pareja, Elena Egea, miembro de Rebelión Científica en España, dejó la astrofísica tras su doctorado, y Víctor, que es uno de los fundadores de Rebelión Científica en España, cuenta que otro compañero, Mauricio Misquero, abandonó su investigación del espacio con una beca Marie Curie. “Decía que no tenía sentido investigar el espacio cuando estamos destruyendo la Tierra”.

En una carta abierta difundida tras su encarcelamiento, Marcus, el activista que escaló el puente en Inglaterra, explicaba que los colectivos Extinction Rebellion y Just Sop Oil habían sido “explícitamente mencionados por los políticos al justificar las nuevas leyes”; el exmúsico se refería a la ley aprobada por el Parlamento en 2022 Police Crime, Sentencing and Courts Act que ha suscitado gran polémica al restringir el derecho de asamblea o dejar abierto el concepto de 'disturbio público' al criterio de la policía. En su escrito, concluía: “Esto significa que nuestras acciones están funcionando”.