Cómo evitar que el coche eléctrico sea solo para ricos

Sí, el fomento del coche eléctrico puede provocar injusticias sociales, exclusión, elitismo y otras externalidades negativas. Lo dice un estudio llevado a cabo por investigadores de las universidades de Sussex (Reino Unido) y Aarhus (Holanda) sobre el desarrollo de los vehículos eléctricos y el sistema V2G en los países nórdicos en Europa, los más avanzados en la expansión de estas tecnologías. Identificar estos riesgos es importante para poder reducirlos. De hecho, este trabajo publicado en Ecological Economics propone también medidas para mitigar o eliminar estas injusticias, como dar señales políticas contundentes para que la industria pueda prepararse.

Para que no haya dudas: el coche eléctrico tiene grandes beneficios respecto al auto tradicional de gasolina o gasóleo. Aunque también genera emisiones directa o indirectamente, esta tecnología permitiría reducir ya en Europa los gases causantes del cambio climático. Pero, no solo. Esta misma investigación incide en muchas otras ventajas:  el vehículo eléctrico puede mejorar la calidad del aire en las ciudades y ayudar a crear urbes más resilientes. Cuando los coches con batería se conectan a la red, permiten mejorar la eficiencia del sistema eléctrico, contribuyen a su estabilidad a la vez que desplazan a combustibles fósiles como el gas y descentralizan los modos de almacenamiento de energía. Con el sistema de V2G (por el cual se puede vender a la red energía almacenada en las baterías cuando los coches están aparcados), se puede contribuir al aumento de renovables e incluso los conductores pueden conseguir unos ingresos extra…

Como incide el estudio de las universidades de Sussex y Aarhus, el problema es que las investigaciones que se realizan sobre los vehículos eléctricos normalmente no se detienen en cuestiones éticas o de equidad social. La pregunta lanzada por este trabajo es: ¿Qué injusticias provoca el vehículo eléctrico?

Para responder a esta cuestión, los investigadores primero crearon un marco teórico sobre lo que consideran “justicia energética” y luego recabaron datos en 227 entrevistas con 257 expertos de más de 200 instituciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.  

El hecho de que este análisis se haya realizado en los países nórdicos resulta relevante, pues es allí dónde más se está expandiendo el vehículo eléctrico en Europa. En número total, no parece mucho todavía. Según la Agencia Internacional de la Energía, a finales de 2017 Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sumaban 250.000 coches eléctricos, un 8% del total (de un mercado global que lidera China). Sin embargo, estos países nórdicos son lo que tienen un mayor porcentaje de penetración en el mundo con respecto a su población: un 10,6%.

Como se podría esperar, en las 277 entrevistas realizadas el riesgo más veces mencionado es de lejos la falta de equidad en el acceso al vehículo eléctrico.

Ahora bien, los investigadores también recalcan que lo que perciben a veces los entrevistados no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, los coches eléctricos más vendidos en estos países son de la marca Volkswagen (26.750) y Nissan (24.636). Sin embargo, son varios los expertos entrevistados que, equivocadamente, critican que el coche eléctrico más común sea un Tesla (23.302), que consideran solo accesible para gente rica y empresas.

Con todo, el estudio concluye que los vehículos eléctricos y los sistemas V2G pueden violar principios de justicia distributiva al ser accesibles solo para los más adinerados, así como incrementar los riesgos para la privacidad y el hackeo. Las políticas para impulsar esta tecnología pueden también incrementar la exclusión y el elitismo en el transporte y la gestión de la energía. Según este trabajo, estos vehículos no dejan de generar externalidades negativas, como los atascos o como contaminación, que puede desplazarse de las ciudades a otros puntos rurales o más allá de las fronteras (la polución evitada en entornos urbanos con vehículos eléctricos puede acabar siendo respirada en otros países donde se fabriquen las baterías).

Lógicamente, el fomento de esta tecnología puede desplazar también la creación de empleo a otras unidades de negocio (de la reparación de coches de motor de combustión al sector de la electrónica) y generar pérdidas de empleo que afecte de forma especial a grupos de población vulnerables.

Para evitar que esta tecnología sea solo accesible a unos privilegiados, los investigadores proponen fomentar el desarrollo de vehículos eléctricos de menor coste, dar más información a los consumidores sobre los modelos más baratos o evitar los subsidios regresivos (que pueden terminar favoreciendo a las personas con rentas más altas).

Asimismo, para mitigar las otras injusticias detectadas, el estudio incide en la necesidad de integrar al conjunto de la población en las políticas de fomento (con infraestructuras de recarga públicas, por ejemplo), ampliar la electrificación del transporte público, impulsar ayudas progresivas (que busquen incidir en las rentas más bajas), aumentar la generación de energías renovables, poner en marcha programas de entrenamiento para nuevos puestos de trabajo (enfocadas en las baterías...) o dar señales políticas contundentes que permitan a la industria prepararse e invertir en esta transición.

¿Provocan los vehículos eléctricos más injusticias que los convencionales de gasolina? “Muy probablemente, no”, incide Benjamin Sovacool, autor principal del estudio. “Incluso cuando se tienen en cuenta todos los impactos de los vehículos eléctricos, estos siguen siendo mejores que los de combustibles fósiles, aunque esto no se da siempre”.

“La clave es reconocer que todos los coches tienen diferentes tipos de costes, riesgos y beneficios, así que hay que hacerlos transparentes y entonces decidir en qué contextos tiene sentido el coche eléctrico y en cuales no”, concluye el investigador.

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