La lucha de las trabajadoras de las residencias de Bizkaia continúa. Ante el anuncio de los nuevos pliegos de concertación y de la congelación del precio por plaza en 81 euros hasta al menos octubre del año 2018, las trabajadoras decidieron la semana pasada continuar con la huelga hasta el 31 de octubre. Desde ELA se denuncia también que los salarios son entre un 40 y un 60% inferiores en las residencias subcontratadas. Asimismo, el número de trabajadoras que establecen las ratios para las concertadas son mucho menores. “Las ratios son trampa porque incluyen a todo el personal. Queremos que se suban las de atención directa”, exigen las trabajadoras reunidas con este diario. No obstante, denuncian que tanto la Diputaciónde Bizkaia como la patronal ignoran sus reivindicaciones. “Nadie quiere reunirse con nosotras, así que vamos a seguir igual”, aseguran.
La huelga sobrepasa ya los 300 días, pero las trabajadoras no están dispuestas a rendirse. La Diputación mantiene su postura de que se trata de un conflicto laboral entre empresas y trabajadoras, pero estas no lo consideran así. Marina Costa, que se muestra dispuesta a alcanzar la jubilación en huelga, cree que la resolución del conflicto concierne a la Diputación. “Si está subvencionando el 70% de las plazas concertadas algo tendrá que decir. Le compete. Es responsable de las condiciones de las trabajadoras y los residentes”, asegura. “Teniendo en cuenta”, apunta, que nuestras condiciones son directamente proporcionales a la calidad y a la calidez del cuidado, la Diputación es directamente responsable“. Goizalde Barreras también opina que es esta institución la que debe dar los pasos en pos de una solución: ”Tiene la llave y debería cerrar el grifo: decirle a las empresas que hasta que no lo arreglen no se les va a dar más dinero. Se está ofreciendo con dinero público un servicio irreal, que en realidad no existe como tal“.
Y es que las condiciones de las residencias, tal y como señalan las trabajadoras, son “pésimas”. “No puedes atenderles como tú quieres. Te dan un papel con las personas que tienes que atender y el tiempo que tienes para ello. A partir de ahí, te buscas la vida. No importan las dependencias de los ancianos”, denuncia Barreras, quien añade: “Tenemos que empezar a levantarlos a las 6:30 de la mañana porque estamos tres trabajadoras para levantar a 42”. Estos horarios acarrean complicaciones a la hora de, por ejemplo, suministrar los medicamentos. Como consecuencia del desfase, hay ocasiones en las que no se pueden guardar ocho horas entre antibiótico y antibiótico. Inmaculada Prego, quien también secunda la huelga, es tajante: “Nos están obligando a maltratarles. No es de recibo que se nos cronometre a la hora de atender a un residente, y se hace. Vemos cosas que no se pueden contar por secreto profesional”, lamenta.
Costa es tajante: “Yo tengo claro que antes que ir a una residencia me tomaré una pastillita. Una cosa es respirar y otra muy distinta, vivir. Hay residencias en las que se droga y sujeta a los internos para que no den guerra ni deambulen. ¿Qué vida es esa? Yo prefiero morirme. Cualquier persona que tenga algo de corazón desearía morirse”.
Los familiares de los residentes son conscientes de las pésimas condiciones existentes en las residencias desde antes incluso de que las trabajadoras iniciaran la huelga. Por ello, exigen que se retire ese secreto profesional. “Las trabajadoras no pueden contar todo lo que ven. Exigimos que se quite esa cláusula de confidencialidad para que puedan decir lo que sucede y el nombre de la persona. Esos incidentes serían objeto de demanda judicial, pero al no tener quien nos preste su apoyo testificando no podemos demandarlo”, explican varios familiares reunidos con eldiarionorte. Además, relatar todo lo que sucede en las residencias podría suponer la pérdida del puesto de trabajo y tener más repercusiones: “Pierden el puesto y van al juzgado de cabeza. Quizá no vuelvan a trabajar nunca en una residencia. Si una residencia funcionase bien, no tendría que haber esa cerrazón”.
Algunos de los familiares comenzaron a reunirse y fundaron la asociación Babestu, cuyo principal objetivo consiste en mejorar el trato que reciben los ancianos. Han estado del lado de las trabajadoras, apoyando todas sus reivindicaciones, desde el inicio de las huelgas. “La situación está muy mal para los familiares, cada vez estamos más dolidos”, lamenta Juani Céspedes, una de las fundadoras y presidenta de Babestu. Muy implicada en un intento por conseguir una solución al conflicto, se muestra siempre a favor de concederles a las trabajadoras las mejoras que exigen. “Vemos que lo que quieren es hacer daño a las trabajadoras y no se percatan de que los que están pagando las consecuencias son nuestros familiares”, considera Céspedes. “Necesitamos a las chicas en el trabajo —reitera una y otra vez— y queremos que se arregle. Nos gustaría que les diesen lo que piden, porque creemos que es algo asumible. Supondría tranquilidad para nosotros, porque sabemos que si ellas están bien, nuestros familiares van a estarlo también”.
Ibuprofeno y café, la dieta de las trabajadoras
La situación, además, se agrava por las noches. Varias trabajadoras señalan que aguantan el ritmo de trabajo y las exigencias, que las desgastan física y psicológicamente, gracias a los medicamentos. “Vivimos a base de ibuprofeno y café. Ese es nuestro alimento diario para poder aguantar las intensas jornadas”, asegura Costa. El número de trabajadoras es incluso menor que a lo largo del día y estas tienen que ocuparse de supervisar que todo esté correcto en varias plantas. A causa de esto, han ocurrido varias incidencias. “A una compañera que se cayó y no podía levantarse —relata, indignada, Olatz Menchaca— le tuvo que ayudar un usuario que estaba en la cama. Le vino un momento de lucidez y pudo marcar los números y llamar para que vinieran a socorrer a la trabajadora. Está sola, con 42 residentes”. Su compañera Barreras, apunta que el trabajo nocturno es mucho más demandante: “Por las noches trabajamos diez horas y media seguidas sin parar. No puedes sentarte ni diez minutos”. Céspedes cree que es imposible que tan pocas trabajadoras puedan hacerse cargo de tantas plantas: “Hay gente que se cae de la cama al darse la vuelta y si ya han hecho la ronda, puede estar cuatro horas en el suelo, hasta que vayan las siguientes y la vean. Mi padre —relata— se ha marchado en más de una ocasión de la habitación y ha andado pululando por ahí hasta que las trabajadoras lo encontraron un buen rato después”.
Los familiares creen que las residencias están totalmente deshumanizadas. María Paz Garaigordobil, que tiene a su padre en una y también forma parte de la asociación, considera que todo está demasiado protocolizado: “Está todo controlado por el tiempo. Tienen que levantarse a unas horas prefijadas, sin importar los deseos puntuales del paciente. No pueden funcionar humanamente, porque las trabajadoras tienen que hacer muchas cosas con muchas personas. La ducha tiene tanto tiempo, el vestir tanto y el desayuno tanto”. Todo esto, aseguran, está perjudicando el estado de los residentes. “Mi padre tiene demencia senil y las condiciones de la residencia han hecho que su enfermedad avance”, se apena Céspedes, quien añade: “Le tienen todo el día sentado en el sillón y, como no tiene nadie que le atienda, se pasa toda la mañana dormitando. Además, se le está olvidando hablar, casi no le sale la voz, porque ninguna trabajadora puede dedicar unos minutos a darle conversación”. Garaigordobil considera que esto es muy grave: “A los de la planta de mi padre, si no tienen familiares, no les sacan a pasear. ¡Qué tristeza! Pueden pasar un año sin ver el sol”.
Costa está convencida de que el hecho de ser mujeres retrasa la resolución del conflicto. “Esta lucha ha dejado de ser una reivindicación laboral y tiene una connotación total de género. Cuidados, precariedad y mujer significan, en el más amplio sentido de la palabra, lucha de género”, proclama. Cree que tradicionalmente los cuidados se les han asignado a las mujeres y que, ahora que se han externalizado, se sigue pensando que ellas tienen que seguir realizando el trabajo por caridad. “Pero no es así”, considera. Y apostilla: “Nosotras somos profesionales, tenemos una titulación y no somos el segundo sueldo del marido. Tenemos derecho a vivir con nuestros sueldos sin depender de nadie, sin que nadie nos pueda chantajear”. Barreras cree injusto que se diga que su sueldo es complementario al de sus maridos. “Hay muchas compañeras que viven solo de su sueldo y, por tanto, no les llega”, recuerda. “Se burlan de nosotras por ser mujeres”, denuncia Menchaca. “En una manifestación —cuenta—, pude escuchar cómo un ertzaina decía: ‘Tranquilos, que son mujeres, estas no van a causar problemas’. Ya tienen asumido que somos una foto. Nos ningunean. Se valen de que no somos belicosas, de que queremos hacer las cosas por la vía legal, decentemente”. Prego, por su parte, exige unos derechos independientes a su condición de género y su estado civil: “Queremos trabajar 35 horas a la semana y tener una subida salarial de 120 euros y unas mejores ratios.”. Asegura también, no obstante, que el del género es un factor decisivo: “El conflicto se está enquistando porque es un sector plenamente femenino”.
Residentes VIP
Las trabajadoras denuncian también la existencia de lo que ellas denominan “residentes VIP”. Tanto Barreras como Menchaca, quienes trabajan en la misma residencia, aseguran que se dan tratos de favor a los familiares de personalidades relevantes. “Son residentes enchufados de Diputación o de la patronal. A esa persona la tenemos que levantar y darle de comer cuando le apetezca. Tenemos que estar con ella nada más toque al timbre. Debemos dejar de hacer todo lo que estábamos haciendo para centrarnos en ella”, detalla Barreras. Menchaca apuntilla: “Tenemos una lista en la que se nos indica qué residentes están relacionados con Diputación o la patronal, para que lo tengamos en cuenta. No es justo, porque los demás ancianos lo ven y son conscientes”. Además, tanto trabajadoras como familiares resaltan que en ocasiones especiales, cuando se acerca a la residencia algún cargo público o cuando los residentes tienen que acudir al médico, se trata mucho mejor a los ancianos. “Si se presenta algún cargo en las residencias, avisan de que va a ir Inspección y piden que esté todo ordenado y limpio. Ese día, mandan todos los refuerzos a esa planta, vine Inspección, mira y encima felicita a la empresa”, lamenta Barreras. Costa denuncia que Inspección de Trabajo está faltando a su deber.
En plena reunión con las trabajadoras en la sede de ELA en Bilbao, se acerca al edificio del sindicato uno de los representantes de la patronal, lo que suscita las críticas por parte de las trabajadoras. “Ya se habrá hecho la foto, porque hablar le interesa poco”, comentan, claramente desencantadas con la clase política. La última vez que se reunieron fue el 14 de febrero. “Es vergonzoso. Como trabajamos con personas y no con latas, se aprovechan. Seguimos tratando con respeto a los residentes, como si fueran nuestros propios abuelos, y por eso pueden alargar tanto la situación”, cree Menchaca, que añade: “Nosotras nos implicamos y es una vergüenza que el jefe, el que gana dinero a cuenta de los residentes, no se preocupe de nada. Nosotras tenemos que dar el cien por cien mientras ellos nos dan la patada”.
Asimismo, en más de una ocasión mencionan que se incumplen los servicios mínimos, que se están fijando muy por encima de lo que deberían. “Estamos todo el año con la cantidad de trabajadoras que fijan estos servicios mínimos”, revela Costa. “A cuenta de nuestros servicios mínimos, nuestros jefes podrían haberse dado cualquier capricho. El trabajo sale adelante igual, pero el dinero va a parar a sus bolsillos. Es un negocio redondo para ellos”, sostiene Barreras.
“Beneficios millonarios” para las empresas
Las trabajadoras consideran que las empresas cuentan con el beneplácito de la Diputación y que se están lucrando a cuenta de dinero público. En una octavilla, se detallan los “beneficios millonarios” obtenidos por las residencias en los últimos años, “con dinero público y a costa de las trabajadoras y de la calidad asistencial”. Así, los de la Residencia Caser, que cuenta con 100 trabajadoras en el territorio histórico, ascendieron en el periodo 2013-2015 a 5 500 000. En 2014 y 2015, el Grupo Igurco, con 319 trabajadoras, obtuvo unos beneficios de más de tres millones de euros. Del mismo modo, entre 2012 y 2014, Sar Quavitae y Sanitas superaron los dos millones. “Para las empresas y la Diputación, esto es mercantilismo puro y duro, los ancianos son mercancía. Han cambiado el negocio del ladrillo, que ya no funcionaba, por el de las residencias”, considera Costa.
Pese a todo esto, las trabajadoras lamentan no haber conseguido un mayor apoyo a sus reivindicaciones. Desearían que los partidos políticos, los sindicatos y cualquier agente social se implicaran. Costa apela en última instancia al egoísmo para apoyar la causa: “Todos vamos a acabar en una residencia tarde o temprano, porque llega un momento en que es imposible cuidar de un anciano en casa. ¿Qué nos va a esperar a nosotros el día de mañana? Aunque sea por egoísmo, se ha de hacer algo”. Sin embargo, en lo que concierne a la lucha sindical, este grupo de trabajadoras, representadas por ELA, apunta a que solo este sindicato, que tiene la mayor parte de la representación, les apoya. “En una mesa de negociación, un representante de otro sindicato dijo lo siguiente delante de las trabajadoras y la patronal: ‘Vamos a ser sinceros: unos agitan el árbol y los demás recogen el fruto’”, comenta Costa.
Los familiares, por su parte, también se muestran muy desencantados con los políticos, ya que consideran que los han dejado solos en la lucha. “Nos gustaría haber navegado con los partidos políticos, pero no nos han dejado”, explica Céspedes. “Intentamos sacar una declaración institucional —recuerda— suscrita por todos los partidos políticos en Juntas Generales, en la que se recogieran todas nuestras demandas. Tras cuatro reuniones con PNV y PSE-EE, por ejemplo, nos entregaron ellos un papel con sus condiciones y nos dijeron que lo firmáramos si queríamos. Nos negamos”. Asimismo, en alguna otra ocasión han llegado incluso a burlarse de ellos. “Un día fuimos a contar lo que sucede en las residencias, las situaciones más duras. Dijeron que les daba risa lo que estábamos contando”, recuerda, indignada, Céspedes. Consideran que los políticos tienen una gran responsabilidad en el asunto y que están ninguneando a los familiares. “La diputada —por Isabel Sánchez Robles, diputada foral de Acción Social— va diciendo en los plenos que tiene contacto directo con nosotros y que nos atiende siempre. Miente. Los políticos nos bailan, le dan la vuelta a todo y acaba pareciendo que tienen razón”, asegura Garaigordobil.
“Nuestro espíritu de lucha es inquebrantable”
Con el conflicto enquistado, la huelga se está prolongando en el tiempo y las trabajadoras no dejan de señalar los sacrificios que implica mantener la lucha. “Supone ganar menos dinero, no cotizar, no poder coger la baja, no cobrar la paga, no ganar antigüedad… No estamos de vacaciones. Nadie que tenga dos dedos de frente puede pensar que esto es un capricho”, aclara Costa. Aun así, y pese a que algunas trabajadoras han tenido que desistir por diversas causas, el apoyo a la huelga sigue siendo muy generalizado. “Los ánimos están bien. Hace poco se celebró una asamblea y se decidió seguir prácticamente por unanimidad”, apunta Prego, a lo que Costa añade: “Es un pulso, se trata de resistir. Están intentando ver hasta dónde somos capaces de llegar. Piensan que nos vamos a rendir, pero estamos dando una lección de humildad. Hay días en que crees que no puedes más, pero nuestro espíritu de lucha es inquebrantable. Y siempre con buena cara”.
Aun así, todas las trabajadoras demuestran una total devoción por un trabajo que consideran muy vocacional. “El trabajo es precioso y nos dedicamos a él porque queremos”, asegura Costa. Barreras, que estuvo cinco años trabajando como eventual, cree que las trabajadoras son esenciales para las residencias: “Si las cosas salen bien y los familiares están satisfechos es porque nosotras estamos implicadas. Nos implicamos como personas —explica— porque no queremos que, por ejemplo, nuestro abuelo esté así. Por eso lo hacemos con todo el cariño del mundo. Intentamos buscar en todo momento la mejor forma de hacer las cosas para que salga todo bien y ellos estén bien”. Y lo consiguen, puesto que las familias se lo agradecen. “Los familiares hablan maravillas de nosotras, porque estamos implicadas. Cuando fallece el usuario, las familias vienen a darnos las gracias y nos escriben cartas de agradecimiento”, aseguran las trabajadoras.
La solución pasa, de acuerdo con las trabajadoras y los familiares, por un incremento de las ratios y un aumento por precio por persona y día, que actualmente está fijado en 81 euros. “Ese precio lleva estancado cinco años”, explica Garaigordobil. “Si ha subido el precio de todo —prosigue—, de algún lado tienen que recortar, y no es de sus beneficios, porque está probado que cada año se incrementan. Lo que disminuye es la calidad. Si hay que ofrecer el mismo servicio con el mismo precio durante cinco años, con lo que ha subido el precio de la vida, hay que reducir la calidad. Diputación no hace nada, porque el coste para ella sigue siendo el mismo”. Asimismo, los familiares creen que el servicio debería ser completamente público y no concertado. “Dejar el cuidado de nuestras personas mayores en manos privadas es para echarse a temblar. No se van a preocupar de que tu abuelito esté bien, tan solo de obtener beneficios. Aunque sabemos que es muy difícil, luchamos por una acción social pública”, explica Garaigordobil.
“Hay que arreglar las cosas para el futuro”
Ante esta situación, los familiares anuncian algo apesadumbrados que, tras decidirlo en una de sus muchas reuniones, han roto relaciones con los políticos y van a llevar a cabo un cambio en su estrategia. “Hemos intentado estar con las instituciones, pero nos quieren calladitos y formales. Por tanto, tendremos que luchar más en las calles: estar en las residencias, darnos a conocer repartiendo papeles… Estamos quitando tiempo de estar con nuestros familiares para luchar, pero tenemos que hacerlo por los que se han ido, por los que están y por los que llegarán”, anuncia Céspedes. Tiene claro que su objetivo ha de ser a largo plazo: “Queremos mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Hay que arreglar las cosas para el futuro”.
Mientras tanto, las trabajadoras seguirán en pie de guerra, con un calendario repleto de actividades reivindicativas. Creen, además, que la huelga está ayudando a que se conozcan las condiciones de los centros. “Nadie sabía lo que sucedía en ellas hasta ahora. A nadie le importaba. La huelga ha cambiado eso”, cree Barreras. Por el momento, la huelga se mantendrá hasta finales de octubre, cuando se celebrará una nueva asamblea de delegadas para decidir, a la vista de los avances que se hayan producido en la negociación, qué camino tomar. “Una vez hemos llegado hasta aquí ya no podemos volver atrás”, zanja Barreras.