Vacunas frente a la COVID-19 (I): lo importante es hacerlo bien

Desde el inicio de la pandemia se ha planteado la prioridad de desarrollar vacunas seguras y eficaces frente a la infección por SARS-Cov-2 y la enfermedad de la COVID-19. Al desafío científico-técnico que ello ha supuesto para lograrlo en tiempo récord se agrega la necesidad de disponer de manera asequible y logísticamente viable de las dosis suficientes para vacunar con equidad en todo el mundo a toda la población susceptible, de manera tal que pueda lograrse una cobertura amplia que otorgue no solo protección individual sino protección colectiva y nos permita alcanzar un nivel confiable de inmunidad de grupo.

Nunca tantos equipos de investigación en el mundo entero se habían volcado a investigar tanto y tan deprisa para obtener un resultado efectivo de salud pública. Nunca, para bien y para mal, se había tenido la cobertura mediática en tiempo real de los empeños para lograrlo. Nunca la especulación financiera bursátil asociada al desarrollo de vacunas había sido tan vertiginosa. Y nunca los responsables políticos habían incorporado a su discurso al grado que lo han hecho el factor de la disponibilidad de las vacunas ni habían cifrado tantas expectativas con relación a su advenimiento.

En estos momentos hay más de un centenar de vacunas candidatas en distintas fases de experimentación. Hasta ahora las más avanzadas son las desarrolladas por el consorcio Pfizer/BioNTech, por la farmacéutica estadounidense Moderna, por el consorcio entre la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, por el Instituto Gamaleya de Moscú (bautizada como Sputnik V), y tres vacunas chinas, desarrolladas por las empresas Sinovac y Sinpharm. En todas ellas, la financiación pública ha jugado, de un modo u otro, un papel esencial. Recientemente incluso se ha producido una colaboración para combinar en un ensayo clínico la vacuna de Oxford/AstraZeneca y la Sputnik V; a lo largo de 2021 probablemente varias vacunas más culminarán sus ensayos y podrían estar disponibles.

En el momento de escribir esta tribuna, tan solo la vacuna de Pfizer/BioNTech ha recibido aprobación y ya se está administrando en el Reino Unido; también se acaba de autorizar en Estados Unidos, Canadá y México, donde es inminente el inicio de la administración en población general. China no ha aprobado todavía ninguna vacuna y el proceso seguido en Rusia con Sputnik V no es totalmente equiparable.

Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tiene previsto decidir sobre la autorización de la vacuna de Pfizer/BioNTech el 29 de diciembre y hacer lo propio sobre la de Moderna el 12 de enero. España, como el resto de los países de la Unión Europea, ha anunciado su voluntad de iniciar campañas masivas de vacunación de la población en cuanto sea aprobada la vacuna, a poder ser durante el próximo mes de enero.

La investigación, desarrollo y comercialización de nuevas vacunas suele tomar plazos de tiempo bastante más dilatados por lo que el rápido desarrollo de las vacunas frente al SARS-CoV-2, además de generar una gran admiración, también ha planteado dudas e interrogantes entre los profesionales y en la opinión pública. A las lógicas dudas frente a la seguridad y efectividad de nuevas vacunas han venido a sumarse dos elementos adicionales.

El primero ha sido la inicialmente escasa transparencia en las comunicaciones públicas de la mayoría de los productores, que han preferido comunicar los resultados a través de notas de prensa y no mediante artículos en revistas científicas reconocidas. Anuncios que, en algún caso, han parecido más guiados por consideraciones financieras y de mercadotecnia que por consideraciones científicas. Un defecto que solo recientemente, tras la publicación de los resultados de los ensayos de la fase III de las vacunas de Oxford-AstraZeneca en The Lancet y Pfizer-BioNTech en el New England Journal of Medicine comienza a ser enmendado.

Es importante subrayar, especialmente de cara a la elevada proporción de personas que se muestran aún reticentes a recibir la vacunación, que una vez que se haya producido la aprobación de cada una de las vacunas, se tendrá la certeza de que se habrán cumplido los estándares de seguridad y eficacia establecidos por las autoridades regulatorias europeas y españolas y que no debe haber temor ni inseguridad con relación a las bondades de su utilización.

En este sentido, nos parece importante el anuncio efectuado el viernes 11 de diciembre por la EMA, según el cual el contenido íntegro del dictamen que elevará el día 29 a la Comisión Europea sobre la vacuna de Pfizer-BioNtech será publicado en su página electrónica tres días después. Esta decisión, inédita hasta la fecha, y que cabe suponer que irá seguida de decisiones similares sobre las demás vacunas, contribuirá sin duda a disipar dudas y a reforzar la transparencia del proceso.

El segundo elemento se refiere a la tendencia a hacer de la investigación, la comercialización y la dispensación de las vacunas un elemento de refuerzo de las políticas nacionalistas y de competencia por la supremacía tecnológica mundial. Este elemento ha sido muy marcado en el caso del presidente Donald Trump, y lo sigue siendo en el caso de los máximos dirigentes de China y Rusia. Pero parece evidente que también ha pesado en la decisión del Gobierno británico sobre cuándo y cómo iniciar la campaña de vacunación en el Reino Unido. Otros gobiernos europeos han sentido también la tentación de ofrecer a sus poblaciones un inicio rápido de dichas campañas, presentando el hecho de adelantarse unos pocos días a los países vecinos como un logro político y de gestión.

Hay que recordar que estas actitudes, que politizan lo que deberían ser decisiones estrictamente basadas en criterios de salud pública y de buena administración y logística del proceso de vacunación, siembran desconfianza en una parte de la ciudadanía y refuerzan indirectamente los argumentos de los grupos negacionistas y antivacunas, empeñados desde hace tiempo en denunciar inexistentes conspiraciones de los gobiernos y las industrias contra los ciudadanos.

Por eso nos parece muy adecuada la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en el Consejo Europeo del viernes 10 solicitó que la distribución de las vacunas comprometidas a través del procedimiento conjunto de compra se realizase simultáneamente en todos los Estados Miembros. A partir de ahí cada Gobierno decidirá cuándo y cómo iniciar sus respectivas campañas.

También sería importante que los criterios generales y los grupos prioritarios para iniciar las campañas (personas mayores, personal sanitario, grandes dependientes y otros), así como una serie de mensajes básicos, fueran comunes en el conjunto de la Unión Europea pues las primeras semanas del proceso serán decisivas tanto para reforzar la confianza de la población en la seguridad de la vacuna como para comprobar el adecuado funcionamiento de la cadena de suministro y distribución de las dosis, así como de los dispositivos concretos de vacunación. En este aspecto, tal como se ha comprobado con el impacto de los dos incidentes adversos detectados en el Reino Unido, Europa funciona en la práctica como una sola “unidad informativa”.

Por otra parte, las características y requerimientos de las dos vacunas que en principio estarán disponibles (dos dosis separadas por un intervalo de cuatro semanas que ha de ser respetado de forma estricta para garantizar la efectividad, así como de una cadena de frío parcialmente diferenciada para una y otra vacuna), además de la posible aprobación durante la campaña de alguna(s) vacuna(s) de características diferentes a las dos que muy probablemente estarán aprobadas a mediados de enero, exigirán poner en marcha una campaña bien diseñada de comunicación sobre la seguridad y la efectividad de las vacunas, sobre el modo y el orden en que serán administradas a los distintos colectivos y sobre cómo se responderá a las dudas que puedan ir surgiendo desde antes del inicio y durante el desarrollo de la campaña de vacunación.

Sin perjuicio de que la campaña se pueda segmentar por grupos de edad o de riesgo, y de que deba revisarse a medida que el proceso avance, los mensajes centrales deberían ser pactados en el Consejo Interterritorial y resultar, en lo fundamental, duraderos y homogéneos en todo el territorio para evitar confusiones.

Además, a medida que el proceso de vacunación se vaya desarrollando habrá que ir reduciendo las zonas de duda que aún persisten sobre las dos vacunas que estarán disponibles en enero, particularmente en cuanto a su eficacia. Es decir, habrá que ir determinando si protegen únicamente contra el desarrollo de la enfermedad una vez que se produce la infección o si también eliminan o al menos reducen sustancialmente el riesgo de infección y con ello la capacidad de contagiar (algo plausible pero aún no suficientemente demostrado).

De igual manera será importante determinar si son suficientemente seguras y eficaces en todos los tramos de edad y en personas con determinadas patologías o sometidas a distintos tratamientos, algo, por otra parte, inevitable y lógico con una vacuna nueva aún no administrada de forma masiva.

Por ello, un tema de vital importancia será el desarrollo de un registro unificado del proceso vacunal, de la efectividad de cada vacuna tanto a nivel de población general como en grupos específicos y de los eventos y las reacciones secundarias que puedan producirse, naturalmente sometido a los imperativos legales de confidencialidad. Es importante que este registro sea coherente con los registros aplicados en otros países de la Unión Europea. Y hay que insistir en que se trata de un registro con propósitos estrictos de farmacovigilancia y no para ser usado como “pasaporte vacunal”, ya que aún ignoramos la duración de la protección conferida por las vacunas y también si estar vacunado significa no contagiar.

Por tanto, estamos en una fase muy compleja de la gestión de la pandemia y los gobiernos y las autoridades sanitarias deben ser muy cuidadosas en la gestión de esta nueva etapa, ya que no se trata de cerrar un capítulo (el de contención de la transmisión de virus) para abrir otro (el de la vacunación), sino que habrá que mantener abiertos los dos frentes de forma simultánea y el éxito final dependerá de hacerlo bien en ambos al mismo tiempo.

Es decir, el proceso de vacunación demandará grandes esfuerzos organizativos, logísticos y de información continua y transparente para asegurar la mayor concienciación de la población cara a lograr las coberturas deseadas en el menor plazo posible, aunque sabemos que esto tomará entre seis y doce meses para lograrlo. (En la segunda parte de esta tribuna, que publicaremos en unos días, nos centraremos en el plan de vacunación y los desafíos que presenta para poder acometerlo de manera efectiva en el menor tiempo posible).

Por otra parte, resultará imperativo no bajar la guardia y proseguir en el difícil y a veces casi irremontable esfuerzo de contener la transmisión, mitigar la presión asistencial y prevenir muertes. Mientras no se haya alcanzado la cobertura vacunal necesaria para evitar contagios, aliviar la severidad de la enfermedad y reducir los fallecimientos por COVID-19 habrá que mantener la acción sanitaria de diagnóstico precoz, seguimiento y rastreo exhaustivo de contactos, realización de pruebas diagnósticas y aislamiento de asintomáticos positivos, y habrá que seguir aplicando las medidas de protección como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel hidro-alcohólico y llevar hasta sus últimas consecuencias la distancia física y las restricciones a las interacciones gregarias.

Todos tenemos que entender esto y brindar apoyo al enorme esfuerzo que habrá que realizar. La conciencia ciudadana será crucial, pero la responsabilidad de las autoridades sanitarias también lo será. Por ello convendría cerrar filas y evitar que se siga politizando estérilmente un quehacer que no permitirá ni distracciones ni protagonismos mediáticos tan efímeros como contraproducentes.