Koldo y la corrupción

Las cifras hablan con claridad. Una empresa desconocida, sin experiencia y sin apenas actividad fue capaz de pasar, en un año, de 0 euros a 53 millones de facturación. ¿Su único cliente? El sector público, a través de distintas formas y entidades: 20 millones en Puertos del Estado, 12,5 millones en ADIF, 5 millones en Renfe, 3,7 millones en la Sanidad de Baleares, 3,5 millones en el Ministerio del Interior, 5 millones más en el Servicio Canario de Salud… 

Son en total ocho adjudicaciones para comprar mascarillas en el peor momento de la pandemia, en la primavera de 2020. Todas ellas tienen al menos dos elementos en común. El primero, el procedimiento: estos contratos se decidieron por la vía de emergencia, prácticamente a dedo, sin concurso y sin competencia. El segundo nexo es Koldo García: un oscuro asesor del Ministerio de Transportes que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue quien medió para lograr estas adjudicaciones públicas y a cambio se llevó varias mordidas. La investigación judicial le ha encontrado un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros tras la pandemia. También ingresos en efectivo en sus cuentas: más de un cuarto de millón de euros de origen sospechoso.

El protagonista de esta historia no es un personaje fácil de olvidar. Koldo García era la sombra del exministro José Luis Ábalos: quien le acompañaba a todas partes, el gigante que salía siempre detrás de él, casi en cada foto. Koldo tenía un pequeño cubículo a la entrada del despacho del ministro, como su principal asistente personal. Y un turbio pasado que incluía dos condenas penales por agresiones e incluso un indulto del Gobierno de Aznar.

En las últimas tres décadas, Koldo tuvo varias vidas, todas ellas dignas de una novela: portero de un prostíbulo, escolta en la época en la que ETA mataba, activista antidesahucios, aizkolari, vigilante de obra… Sindicalista y militante socialista, su suerte sin duda cambió cuando empezó a trabajar para el exministro Ábalos. Primero como chófer. Después como asesor. Más tarde también como consejero de una empresa pública tan importante como Renfe o como vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado. Unas instituciones de las que Koldo se benefició por dos vías: por su sueldo –más de cien mil euros anuales– y por las presuntas comisiones que cobró, al colocar también allí las mascarillas de sus amigos empresarios.

El favor de Ábalos no solo hizo prosperar a Koldo. También a su familia: su hermano y su mujer también fueron contratados por el Ministerio de Transportes y otras empresas públicas. Entre los tres, sumaban seis nóminas. Sin contar las supuestas comisiones por las que todos ellos fueron detenidos esta semana. 

El caso Koldo se ha convertido en el principal escándalo de corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez. Una bomba que ha detonado en un punto muy sensible: al lado de José Luis Ábalos, que entonces no solo era uno de los ministros de más peso, sino también secretario de organización del PSOE. 

La investigación judicial lleva en marcha varios meses. La de la Fiscalía Anticorrupción, casi dos años. Y por ahora no hay indicios que incriminen penalmente al exministro Ábalos. Ni siquiera le han llamado a declarar como testigo. 

Otra cosa muy distinta es la responsabilidad política, que ya parece probada: todo esto pasó debajo de las barbas del ministro y debería tener consecuencias. Ábalos tiene que dejar el escaño. Y si no lo hace él, por iniciativa propia, tendría que ser su partido quien públicamente se lo pida. 

“Son cargos de confianza, personal eventual de confianza, y como dice la palabra, fundamentados en la confianza”, decía el propio Ábalos en el Congreso, cuando la oposición le pidió explicaciones sobre este mismo asesor, Koldo García, a cuenta de la polémica reunión del exministro en el Aeropuerto de Barajas con la líder venezolana Delcy Rodríguez –un encuentro donde también estuvo Koldo, como en tantos otros–.

Era una persona de la confianza de Ábalos. De eso no hay duda. Y por tanto el exministro es políticamente responsable del poder que le entregó y del que derivaron estos abusos y presuntas corruptelas. Que ocurrieron en el despachito de al lado.

El caso Koldo no es el primero. Tampoco creo que sea el último. La pandemia fue el caldo más propicio para la corrupción. La urgencia sanitaria y el Estado de Alarma permitieron el uso casi indiscriminado de una modalidad de contratos públicos que permite adjudicar a dedo, y sin concurso, cantidades sin límite económico. 

Hay que recordar también cómo fueron esas semanas, las primeras del confinamiento. El mercado persa de los fletes aéreos desde China, los cientos de muertos cada día, la escasez de los productos sanitarios más básicos, la presión para conseguir mascarillas o respiradores… Una emergencia que, como toda catástrofe, fue aprovechada por las personas con menos escrúpulos. Igual que el estraperlo en las guerras.

Se movió tanto dinero, con tan pocos controles, que no sorprenden estos escándalos. En el caso Koldo –a diferencia de otros – los precios pagados por cada mascarilla no fueron de los más altos. Da un poco lo mismo. Las cifras son tan astronómicas que incluso con el mero margen comercial había dinero más que de sobra para repartir.

Probablemente ningún partido puede prometer que no aparecerá alguna manzana podrida. Otra cuestión es cuáles serán las consecuencias. Es ahí donde se debe marcar la diferencia. 

Nadie dimitió en el Ayuntamiento de Madrid por el caso de las mascarillas que permitió mordidas millonarias a cambio de un material sanitario defectuoso y a precios desorbitados. Pronto habrá un juicio y se sentarán en el banquillo los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. Dos caraduras que llegaron al Ayuntamiento a través del primo del alcalde –al que no se ha imputado ningún delito penal– ¿Y la responsabilidad política? Ni está ni se la espera.

Mención aparte merece la comisión que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por un contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid, que ella preside, adjudicada a un empresario de su pueblo sin experiencia alguna en el negocio sanitario. La Fiscalía archivó la investigación al no encontrar ningún delito. Ninguna responsabilidad penal. ¿Y la política?

“La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Yo creo que no es ejemplar”, decía Pablo Casado. Y tenía toda la razón.

Justo ayer se cumplieron dos años de aquella historia. De la denuncia pública del entonces líder del PP contra Isabel Díaz Ayuso. Del acoso que llegó después por parte de su propio partido. De su dimisión forzada por el resto de barones del partido, en la madrugada del 23 de febrero de 2022. 

Ante un escándalo que habría acabado con la carrera política de cualquier otro –imagínate, es un suponer, qué pasaría en España si el hermano de Pedro Sánchez hubiera cobrado una comisión así–, la respuesta del PP fue echar a la calle al que pedía responsabilidades. 

La propia investigación penal del caso Koldo es una consecuencia indirecta de ese episodio. El PP se enfadó mucho con el PSOE por sus críticas contra las comisiones del hermano de Ayuso. Y como respuesta, pocas semanas después, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, presentó una extensa denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre otros contratos sospechosos de compra de mascarillas. Incluyendo los que esta semana han provocado la detención de Koldo García.

Una pregunta retórica. ¿Habría denunciado este caso el PP de no ser por la denuncia previa contra Ayuso? ¿Qué clase de compromiso contra la corrupción es aquel donde solo se señalan las presuntas corruptelas del contrario cuando este te critica las tuyas?

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tengas una buena semana y gracias por tu apoyo a elDiario.es

Un abrazo, 

Ignacio Escolar

Las cifras hablan con claridad. Una empresa desconocida, sin experiencia y sin apenas actividad fue capaz de pasar, en un año, de 0 euros a 53 millones de facturación. ¿Su único cliente? El sector público, a través de distintas formas y entidades: 20 millones en Puertos del Estado, 12,5 millones en ADIF, 5 millones en Renfe, 3,7 millones en la Sanidad de Baleares, 3,5 millones en el Ministerio del Interior, 5 millones más en el Servicio Canario de Salud… 

Son en total ocho adjudicaciones para comprar mascarillas en el peor momento de la pandemia, en la primavera de 2020. Todas ellas tienen al menos dos elementos en común. El primero, el procedimiento: estos contratos se decidieron por la vía de emergencia, prácticamente a dedo, sin concurso y sin competencia. El segundo nexo es Koldo García: un oscuro asesor del Ministerio de Transportes que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue quien medió para lograr estas adjudicaciones públicas y a cambio se llevó varias mordidas. La investigación judicial le ha encontrado un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros tras la pandemia. También ingresos en efectivo en sus cuentas: más de un cuarto de millón de euros de origen sospechoso.