Llegarán las cámaras a los mataderos, pero el sufrimiento no se irá

Mucho antes de que los Simpson vendieran su alma a Disney, nos dejaron una escena de visionado obligatorio para cualquier crítico de la industria cárnica. Se trata de La Carne y tú, compañeros en Libertad, un documental satírico sobre esos edificios grises llamados mataderos. “Que no te engañe el nombre, Jimmy, no es un edificio, es más bien una cadena de despiece para que la materia cárnica pueda ser seleccionada y exportada”. Las vacas, listas para “graduarse en la Universidad Bovina” —un eufemismo a la altura de ‘La Vaca que ríe’— entran al matadero junto al pequeño Jimmy, que sale horrorizado. Este, que ha visto lo que ocurre ahí dentro, se pregunta si comer carne está mal, pero la industria que encarna perfectamente el mítico Troy McClure lo confunde con una batería de argumentos tan ridículos como frecuentes. “Que tonto soy”, concluye Jimmy. “He demostrado que soy un pardillo de primera”. 

La España de hoy tiene muchas similitudes con esta icónica parodia de 1995. El nuevo decreto ley de Consumo obligará a los mataderos a instalar cámaras de videovigilancia en uno o dos años, sí, pero que la norma sea aplaudida hasta por la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas, la Asociación Interprofesional de Carne Avícola y otros tantos ‘meat lobbies’, nos da una pista de que algo raro ha ocurrido.

Vaya por delante que no es mi intención torpedear ningún avance en lo que se entiende por ‘bienestar animal’. Al contrario. El decreto va en una dirección respetable pero, por un lado se queda corto y, por otro, el bienestarismo nunca va a solucionar el problema de fondo: no existe ni puede existir el bienestar en los herméticos campos de exterminio donde se da muerte a miles y miles de animales cada día. Se debe decir más veces y más alto porque, sin duda, la patronal que representa Troy McClure se ha salido con la suya.

Pero, antes de discutir sobre por qué instalar cámaras de vigilancia en los mataderos tendrá un efecto muy limitado sobre el bienestar real de los animales, es importante destacar que, del mismo modo que un gobierno donde esté el PSOE jamás se hubiera atrevido a sacar adelante una Ley de Derechos Animales si esta protegiera a toros, cerdos o gallinas, por decir algo, me temo que el decreto que hoy nos ocupa ha sufrido la misma presión. No sin motivo tengo sobre la mesa de la redacción el proyecto del mismo real decreto sobre videovigilancia en los mataderos impreso un marzo de 2021. En efecto, la norma ha estado bloqueada un año y medio —se entiende que el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas no lo veía claro— y el texto definitivo y consensuado entre Sanidad, Consumo, Agricultura y Derechos Sociales ha sido aprobado esta semana, finalmente, con sus luces y sus sombras. Veamos.

Empezaré por decirles a aquellos que defienden el concepto de “bienestar animal” acuñado por la industria —eso es, que la “mercancía” no se rompa antes de rebanarle el cuello—, que el decreto de Consumo acierta en la intención, pero, probablemente, fallará en su ejecución. Para empezar, cae en un error muy habitual cuando hablamos del ‘bienestar animal’ al que se refiere la cárnica: que el mismo matadero sea quien se encargue de grabar y custodiar las imágenes de posibles delitos cometidos por su propio personal es una idea tontísima. O, mejor dicho, una idea brillante para la industria. El conflicto de intereses es tan evidente como la connivencia de los mataderos con quienes, en última instancia, deberán revisar esas imágenes. A los datos me remito: cada año se hacen inspecciones de bienestar animal en apenas el 2% de las explotaciones ganaderas. Para examinarlas, todas se tardarían 50 años.

Pero tampoco podemos pedir la luna. No pretendo que las cámaras de las salas de despiece tengan que transmitir en abierto por un canal de Twitch pero, si se quería mejorar de verdad la transparencia de lo que ocurre tras los muros de un matadero, había opciones más que realistas para hacerlo, incluso dentro del marco comercial que impone el bienestarismo industrial.

La primera es, como decía, ampliar los derechos de acceso a los vídeos que grabe el matadero y a sus instalaciones. La ley de protección de datos y el estatuto del trabajador imponen restricciones, claro, pero no podemos vender como “transparencia” el hecho de que a esas imágenes solo tenga acceso la autoridad, los mismos funcionarios que hasta ahora no han sabido o no han querido ponerse firmes contra los abusos en granjas y mataderos.

No se puede negar el valor periodístico de la grabación de un presunto delito de maltrato animal, cuando se dé, ni el interés general para que nos hagamos eco de una injusticia que tiene en vilo a la opinión pública: los derechos de los animales son, con diferencia, la lucha con mayor respaldo entre la ciudadanía (92,7% a favor) según la última encuesta de valores sociales de Barcelona.

Es, en este aspecto, una victoria sin paliativos de la cárnica que el decreto reserve a la administración la posibilidad de visionar las imágenes de los mataderos. Si realmente no hubiera nada que esconder, y ahí tenemos otro problema, no se debería dejar un asunto tan serio únicamente en manos de los de siempre.

Parte de la solución a tanto hermetismo e inoperancia pasa por una reivindicación histórica de los que defendemos la libertad de prensa, máxime cuando el interés público está más que justificado: si la administración —pongamos un veterinario— efectúa una inspección en un matadero, con sospechas o sin ellas de que no se está respetando la normativa de bienestar animal, el funcionario debe poder ir acompañado por la prensa y, en el mejor de los casos, por entidades animalistas. Coordinación y cooperación: nadie hará más por la transparencia que los que creen en ella de verdad.

Este modelo, por ejemplo, se ha normalizado en Italia, que acaba de prohibir la trituración de pollitos macho y donde las imágenes de esta aberración jugaron un papel clave para indignar a la ciudadanía y unir a diputados de izquierdas y de derechas en su compromiso de ponerle fin al tema. El Estado español, como tantas otras veces, espera a que la UE le obligue a actuar, aunque en este caso sí hay que reconocer al Ministerio que dirige Alberto Garzón que España será el segundo país del mundo en instalar cámaras en los mataderos. Y, ni que sea por el discutible efecto disuasorio de malas prácticas para con los animales por parte de unos trabajadores al límite —pero ese es otro tema—, no sería de extrañar que otros países adopten leyes parecidas en los próximos años.

Aunque claro, luego están casos difíciles de comprender, como el de Catalunya. El ‘Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca’ ultima la que los animalistas llaman ‘ley mordaza’ para proteger a la ganadería, una norma represiva sin precedentes en Europa —ni siquiera en Francia— que persigue explícitamente las entradas sin autorización a explotaciones ganaderas y mataderos. Ante los “crecientes asaltos”, la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) presentó una alegación en la que pedía a la Generalitat que permitiera el modelo italiano en las inspecciones. La respuesta: “No está prevista esta posibilidad de manera generalizada”. En breve, pues, el Govern instaurará un régimen sancionador que castigará con multas de hasta 60.000 euros a aquellos periodistas o activistas que graben con sus móviles lo mismo que graban en los mataderos las cámaras obligatorias por ley.

La industria celebra el decreto porque mantiene el statu quo y los animalistas se mueven entre la indiferencia, el escepticismo y el sabor agridulce que les deja una normativa cargada de buenas intenciones que se da de bruces con la realidad: en un matadero no existe ni puede existir el bienestar. Que se lo pregunten al pequeño Jimmy.