Canarias pide solidaridad interterritorial para atender a los menores migrantes
La Comunidad Autónoma de Canarias tenía en enero la tutela de 540 menores de edad migrantes llegados en patera, que subieron a 664 en marzo y que alcanzan en junio los 718, una cifra ante la que requiere la “solidaridad interterritorial” para que puedan recibir la mejor atención.
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha hecho este planteamiento en una comisión parlamentaria en la que se ha comprometido a que estos niños y niñas tutelados tengan la mejor atención.
Canarias los debe atender “como hijos e hijas propios”, con “acompañamiento educativo”, enseñanza de español y contribuyendo a su integración e inclusión en la sociedad, dijo Santana.
Pero añadió que “un Estado plurianacional y solidario” no debe dejar sola a Canarias en este cometido y por eso este será uno de los asuntos que se planteará en la próxima comisión bilateral con el Estado, en la que se hablará de inmigración.
La Comunidad Autónoma ha dispuesto dispositivos de atención en Moya, Telde, en Sardina del Sur, Arucas y La Aldea, entre otros lugares, siempre con el apoyo de cabildos y ayuntamientos.
La consejera criticó que las pruebas oseas que se hacen a los migrantes cuando llegan a las costas para determinar si son menores de edad se hacen por parte de la Delegación del Gobierno se hacen de forma muy lenta en la provincia de Las Palmas, a diferencia de lo que ocurre en Santa Cruz de Tenerife.
Ese retraso genera problemas a la Comunidad Autónoma, porque se aloja inicialmente como menores a personas que luego resultan ser adultas.
La Comunidad Autónoma de Canarias tenía en enero la tutela de 540 menores de edad migrantes llegados en patera, que subieron a 664 en marzo y que alcanzan en junio los 718, una cifra ante la que requiere la “solidaridad interterritorial” para que puedan recibir la mejor atención.
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha hecho este planteamiento en una comisión parlamentaria en la que se ha comprometido a que estos niños y niñas tutelados tengan la mejor atención.